La colectividad radicó una acción popular advirtiendo que los señalamientos contra varios funcionarios y congresistas “deslegitiman y vician” el trámite de los proyectos. Gobierno respondió y pidió dar el debate.
Advirtiendo que las denuncias sobre presunta corrupción y coimas en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) “deslegitiman y vician” la participación de funcionarios y congresistas implicados, este jueves el Centro Democrático instauró una acción popular ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para suspender el trámite de las reformas del Gobierno de Gustavo Petro.
Según la colectividad, los proyectos deben suspenderse de forma inmediata “hasta que haya un pronunciamiento judicial” que aclare las graves denuncias de corrupción alrededor de la UNGRD. Lo anterior, luego de que el exdirector Olmedo López ratificó que hubo supuestas coimas de hasta $4.000 millones para que los presidentes de Senado y Cámara dieran trámite a las reformas, y que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ‘tiene mucho que explicar’.
Por ello, el Centro Democrático insistió en suspender la reforma pensional (que hoy se discute en último debate en Cámara), la reforma laboral, la reforma a la educación y el proyecto de ley que crea la Empresa Colombiana de Minerales (Ecominerales).
Se trata de una situación “que deslegitima y vicia la votación de quienes resulten involucrados en los hechos denunciados y conocidos por la opinión pública. Adicionalmente, las reformas presentan serios reparos como la falta de aval fiscal, no han tenido en cuenta las observaciones técnicas realizadas por los diversos actores de los sistemas afectados, ni las expresadas por la Procuraduría”, dijo el partido.
Según la colectividad, con la acción popular se busca evitar un daño patrimonial a las finanzas públicas por decisiones “sin planificación, transparencia y eficiencia”.
“Se quiere proteger el ahorro que millones de colombianos han hecho para poder tener una vejez digna; que se brinden garantías a servicios de salud sin interrupción alguna; que los jóvenes tengan acceso a instituciones educativas públicas y privadas en igualdad de condiciones; que a los trabajadores se les garantice la posibilidad de un trabajo formal y en condiciones dignas”, precisaron.
En respuesta, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se declaró respetuoso de este tipo de mecanismos, pero advirtió que lo que buscan es frenar la agenda legislativa. “Yo preferiría que den el debate y yo los invito a que den el debate”, indicó.
Previamente, fueron radicadas al menos tres mociones de censura contra varios ministros. Si bien lo que se busca es que desde el Gobierno haya explicaciones y respuestas a asuntos como la crisis de orden público, baja ejecución y hasta la seguridad energética del país, de fondo habría una estrategia para lograr agendar esos debates la próxima semana y retrasar los cálculos del Ejecutivo.
“La mesa directiva de la Cámara de Representante tiene la obligación de citar, de acuerdo a los tiempos de ley, en los próximos 10 días. Es decir, la otra semana”, manifestó a este diario el representante uribista Hernán Cadavid (Centro Democrático), quien aseguró que más allá de ‘jugaditas’ por entorpecer los debates, lo que se pretende es atender una situación de crisis nacional desde el Congreso.
Por ello, con respaldo de otros congresistas del Centro Democrático y Cambio Radical, fueron radicadas tres mociones de censura en la Cámara contra los ministros de Defensa, Iván Velásquez; Igualdad, Francia Márquez, y Minas y Energía, Ómar Andrés Camacho. Incluso, también suscribieron una moción contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ante las dificultades en la implementación del nuevo modelo de salud para los maestros.
