La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá informó que la juez que legalizó el escrito de acusación en contra del coronel y jefe de protección del presidente Gustavo Petro, Carlos Feria, erró al no esperar que se destrabara el conflicto por competencias planteado por la defensa del uniformado. En consecuencia, devolvió el proceso al juzgado para que proceda una vez se haya pronunciado la Corte Constitucional.
En este caso, el coronel es investigado por el presunto uso irregular del polígrafo al que fue sometida Marelbys Meza, exniñera de la hoy directora del Dapre, Laura Sarabia. Según la Fiscalía, en el proceso hubo serias irregularidades y se procedió de manera grave durante el interrogatorio por la pérdida de una maleta con dinero que Sarabia había dejado en su casa.
Para el Tribunal, el juez que legalizó la acusación “erró al continuar con el desarrollo de la audiencia de formulación de acusación sin encontrarse saneado el aspecto del juez natural en el proceso que se estudia, pues es innegable que existe un conflicto de jurisdicciones lo que pone en entredicho, por ahora, la competencia de la justicia ordinaria, lo que inhabilita a las autoridades que de ella hacemos parte para continuar con la actuación”, se lee en la decisión.
Se advierte en el fallo que el juez extralimitó sus funciones por lo cual el proceso queda suspendido en tanto la Corte Constitucional dirime el conflicto.
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“Es deber del juez asegurarse que, antes de la realización de la audiencia de acusación se zanje de manera clara y definitiva la definición sobre competencia para conocer del asunto; advirtiendo la sala que continuar con el trámite, ignorando la posible incompetencia, sobrepasa los límites de la dirección del proceso y se convierte en una transgresión del debido proceso”, añade el Tribunal.
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Agrega además que la legalización de la acusación, pese a la existencia del conflicto de competencia, puede considerarse incluso una violación al derecho a la defensa. “En este caso, no puede considerarse ilegítimo ni dilatorio el proceder de los defensores de los imputados cuando acudieron a la justicia penal militar, ni menos es procedente poner en entredicho el trámite adelantado por aquella jurisdicción”.
Una vez el coronel fue llamado por la justicia para responder por el uso indebido del polígrafo, su defensa solicitó que el caso pasara a la justicia penal militar y que en consecuencia no siguiera adelante en la justicia ordinaria.
Pese a lo anterior, la Fiscalía procedió e imputó al coronel los delitos de peculado por uso, abuso de función pública, constreñimiento ilegal y acceso abusivo a medios informáticos.
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Por los mismos hechos fueron acusados el capitán Elkin Augusto Gómez –jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad–, y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez, quienes además deberán responder por el delito de acceso abusivo a sistema informático agravado.
Según la tesis del ente investigador, Feria “habría dispuesto de un vehículo oficial para trasladar a Marelbys Meza desde su residencia en Soacha (Cundinamarca), hasta el edificio Galán, donde funciona la Sala de Polígrafo de la Casa de Nariño”. Y que a su vez, el capitán Gómez Gutiérrez y el intendente Sacristán Bohórquez, recibieron a la entonces niñera, la despojaron del celular y le realizaron la prueba, en la que hicieron preguntas “que sugerían su responsabilidad en la pérdida del dinero”.
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Cuando hubo finalizado la prueba del polígrafo, aseguró en su momento la Fiscalía, el intendente Sacristán le arrebató de nuevo el teléfono a Marelbys Meza y lo retuvo mientras extraía información.
