El proceso penal contra el jefe de seguridad de la Presidencia, Carlos Feria, seguirá en la justicia ordinaria. La juez 79 de garantías decidió que es competente para escuchar la imputación de la Fiscalía por la prueba presuntamente irregular de polígrafo aplicada a Marelbys Meza, exempleada de Laura Sarabia.
La semana pasada, el abogado del coronel Feria, Marlon Díaz, presentó un conflicto de jurisdicciones, alegando que la investigación debía adelantarse en la Justicia Penal Militar y Policial, pues el líder de seguridad del presidente estaba cumpliendo sus funciones al aplicar el polígrafo a la entonces niñera de quien fuera en su momento la jefa de gabinete de Presidencia.
Sin embargo, la juez aseguró que no se cumplen los requisitos para elevar la solicitud a la Corte constitucional, que resuelve ese tipo de conflictos jurídicos. Según la togada, una de las partes del proceso penal no puede interponer ese tipo de recurso legal, sino que debe hacerlo un juez que represente a cualquiera de las jurisdicciones que choquen.
Es decir, el abogado Díaz no estaba autorizado para proponer que el caso pase a la Justicia Militar, sino que debía hacerlo la jueza si lo encontraba pertinente, algo que no ocurrió. Según explicó, los delitos por los que se investiga a Feria y a otros dos uniformados no están relacionados con su servicio como policías.
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Los otros dos procesados –el jefe de la Oficina del Polígrafo, capitán Elkin Gómez, y quien aplicó la prueba, intendente Jhon Sacristán– presentaron la misma solicitud a través de su abogada, Wendy López. La jueza de garantías, a su turno, rechazó el recurso, por lo que su proceso también continuará en la justicia ordinaria.
“No se evidencia que dentro de sus funciones esté precisamente, al parecer, coger a una persona particular y someterla a una prueba de polígrafo, ni muchísimo menos la de tomar su teléfono celular y, sin agotar los procedimientos, extraer presuntamente información”, apuntó la directora de la audiencia de este martes.
La Fiscalía, a través del delegado Islen Baquero, investiga a Feria, Gómez y Sacristán por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. En el caso del intendente Sacristán se suma el cargo de acceso abusivo a sistema informático agravado.
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Para el ente investigador, Feria presuntamente ordenó ubicar el dinero robado de la residencia de Laura Sarabia. Además, “habría dispuesto de un vehículo oficial para trasladar a Marelbys Meza desde su residencia en Soacha (Cundinamarca), hasta el edificio Galán, donde funciona la Sala de Polígrafo de la Casa de Nariño”.
“El capitán Gómez Gutiérrez y el intendente Sacristán Bohórquez, presuntamente, recibieron a la mujer, la despojaron del celular y le realizaron la prueba, en la que hicieron preguntas que sugerían la responsabilidad de la exniñera en la pérdida del dinero”, añadió el ente acusador cuando comunicó que tenía previsto imputar a los uniformados.
Una vez terminó la prueba del polígrafo, asegura la Fiscalía, el intendente Sacristán le arrebató de nuevo el teléfono a Marelbys Meza y lo retuvo mientras extraía información.
Por todo lo anterior, “el coronel Feria Bohórquez y los otros dos funcionarios, presuntamente, abusaron de su cargo y autoridad al vulnerar la autonomía de Meza, y someterla a un trato injusto”. Además, presuntamente desviaron recursos del Estado a aplicar la prueba a una particular.
