El canciller Álvaro Leyva Durán está aferrado a su cargo e intentará esquivar la suspensión de tres meses que le impuso la Procuraduría. El abogado del funcionario le envió una carta al Ministerio Público en la que se alega que en el proceso disciplinario se han vulnerado derechos y que la suspensión que le aplicaron debe ser revocada.
“La suspensión provisional que fue impuesta al canciller Álvaro Leyva Durán tiene origen en postulados carentes de objetividad y la convierten en una medida arbitraria e irrazonable”, fue uno de los argumentos que expuso el abogado de Leyva, Mauricio Dueñas.
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La carta es de 22 páginas y fue radicada ante la oficina de la procuradora Margarita Cabello. El documento argumenta que se violaron varios derechos procesales y pide que se revoque la suspensión porque la decisión de la Procuraduría no estaba bien fundamentada.
“El disciplinado solo ha declarado desierta una única licitación de los numerosos procesos contractuales que ha adelantado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ello obedeció a la necesidad de hacer prevalecer la legalidad y evitar la adjudicación en un proceso estructurado con un pliego de condiciones que comprometía en forma grave principios de la contratación estatal”, argumentó el abogado de Leyva.
El 24 de enero pasado la Procuraduría decidió formular pliego de cargos y suspender por tres meses al canciller. La decisión ocurrió en medio del proceso que se lleva en su contra por las posibles irregularidades que habría cometido al declarar desierta la licitación de los pasaportes en Colombia.
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De acuerdo con la investigación –iniciada el 20 de septiembre de 2023– el canciller Leyva habría cometido una falta grave al declarar desierta la licitación 001 de 2023 (fabricación de los pasaportes) porque tomó la decisión sin tener fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos. De ese modo, habría vulnerado los principios que rigen la contratación estatal.
Sin embargo, la defensa de Leyva consideró que la decisión de la Procuraduría ocurrió sin que el canciller pudiera ejercer su derecho a la defensa. Según el abogado, si se hubiese brindado esa garantía, el funcionario habría podido explicar por qué su accionar no constituyó una falta disciplinaria.
En todo caso, el abogado del canciller solicitó que se revoque la suspensión de tres meses que cursa contra su cliente y pidió que la procuradora Cabello se declare impedida para tomar una decisión en este caso.
“Me permito solicitar a la señora Procuradora General de la Nación, doctora Margarita Cabello Blanco, que evalúe la posibilidad de declararse impedida para pronunciarse en el grado de consulta. Lo anterior, debido a las manifestaciones realizadas públicamente sobre la decisión proferida por la Sala Disciplinaria de Instrucción”, puntualizó la defensa del canciller.
