La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este martes la ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria, una iniciativa que había quedado consignada en el Acuerdo de Paz y que estaba siendo impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Al articulado solo le resta la conciliación con lo aprobado por el Senado.
“Tenemos esta ley para que por fin, después de tantos años, los litigios de la ruralidad se puedan resolver con justicia, en derecho y con la aplicación de la norma pacífica. El Estado ayudará a los ciudadanos a resolver sus conflictos”, celebró el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
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La votación del articulado tuvo 96 votos positivos contra 30 representantes que votaron negativamente. Ahora el texto será conciliado con lo aprobado por el Senado, este proceso tendrá que hacerse antes del 20 de junio o se hundiría por falta de trámite.
En el Acuerdo de Paz que el Gobierno firmó con la extinta guerrilla de las Farc había quedado consignado el compromiso del Estado para crear una jurisdicción agraria.
El compromiso de la jurisdicción agraria busca crear un mecanismo que permita a la población rural acceder de manera ágil y expedita a la justicia para resolver sus conflictos.
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“El proyecto pretende proteger la propiedad rural. No tiene ningún contenido ni explícito ni nada parecido que tenga que ver con expropiación. Se hace es crear unos jueces que resuelven pleitos que van a poder aplicar el derecho vigente, el derecho que establece la propiedad cuando haya litigiosidad, pleitos”, explicó Osuna.
La jurisdicción agraria resolverá, por ejemplo, conflictos en contratos agrarios, ocupamientos de hecho sobre las tierras, uso de recursos comunales en predios agrarios, servidumbres agrarias y actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras.
Una vez la ley quede en firme, el Consejo Superior de la Judicatura será el encargado de establecer los primeros tribunales y juzgados rurales en un plazo de seis meses. La jurisdicción tendrá un costo aproximado de entre 128 y 137 mil millones de pesos anuales.
