Uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc detenido en la polémica caravana de camionetas de la UNP en Antioquia, y el cual fue dejado posteriormente en libertad por petición del Gobierno y de la Fiscalía, tiene azotados a los comerciantes de Caquetá, adonde regresó después de aquel incidente a cobrar extorsiones a granel.
Se trata de Juan Carlos Agudelo Salazar, alias “Urías Perdomo”, cabecilla del frente Rodrigo Cadete del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc, de acuerdo con fuentes militares consultadas.
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Como se recordará, el pasado 23 de julio el Ejército interceptó un grupo de siete camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que transitaban por una vía del corregimiento Porce, en jurisdicción del municipio de Santo Domingo.
En los vehículos viajaban 13 representantes de la facción del EMC que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), la cual continúa en diálogos de paz con el Gobierno.
Los insurgentes venían de Norte de Santander y al parecer se dirigían al sur del país, cuando se encontraron con el puesto de control. Aunque les dijeron a los militares que tenían permiso especial para movilizarse, resultó que varios de los pasajeros tenían órdenes de captura activas. De hecho, EL COLOMBIANO habló con exclusiva con varios de los escoltas quienes manifestaron que desconocían que las personas que tenían asignadas para proteger tenían órdenes de captura.
Por ese motivo tanto los disidentes como los escoltas fueron conducidos al batallón Pedro Nel Ospina, en Bello, para aclarar la situación. La Dirección Central de la Fiscalía expidió resoluciones suspendiendo algunas de las órdenes de captura, beneficiando a seis de los disidentes, entre ellos Agudelo. Los demás quedaron a disposición de la autoridad judicial.
El cabecilla pasó la noche en la guarnición militar y al día siguiente salió rumbo a su zona de operaciones, en el norte de Caquetá. La Resolución N°0282 de 2024, firmada por la fiscal General Luz Adriana Camargo Garzón, consideró que la suspensión de las órdenes de arresto obedecía, además del deber legal de contribuir a la búsqueda de la paz, “al principio constitucional de buena fe” con el Gobierno, que suministró los nombres de los delegados del EMC que no se debían capturar.
Esta ventaja, al parecer, fue aprovechada por “Urías Perdomo” para continuar explotando a las comunidades caqueteñas, a juzgar por los recibos y notificaciones impresas que le empezaron a llegar a los líderes sociales y comerciantes apenas este hombre fue dejado en libertad.
Las Fuerzas Militares recopilaron varios de estos recibos, con logotipos del EMC, fechados entre la última semana de julio y la primera de agosto.
Tales notificaciones, conocidas por este diario, tienen un espacio de autorización firmado por “Urías Perdomo”, además del responsable de finanzas del frente (a veces aparece “Marlon Díaz”, “Albeiro Ramírez” o “Raúl”).
El recibo trae unos renglones para un mensaje, que por lo general son citaciones a reuniones, en las cuales el frente Rodrigo Cadete instruye a los ciudadanos sobre las cuotas de extorsión que deben pagar.
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En los documentos reunidos por las autoridades, están citados los representantes de Asojuntas, los “cargaleches” (distribuidores) del municipio de Puerto Rico, los habitantes de la vereda Gallineta (San José del Fragua) y los comerciante del centro comercial Oro Centro (en Florencia), además de algunos particulares requeridos con nombre propio.
El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, denunció esta situación en sus redes sociales. “Hemos visto cómo a lo largo de todo el proceso de paz la guerrilla se fortalece militar, económica y políticamente. Hay un tipo que se hace llamar ‘Urías Perdomo’, supuesto jefe de finanzas de las Farc, pero es más bien un jefe de extorsiones”, aseveró.
Según el mandatario regional, “este personaje tiene extorsionada a Florencia y toda la zona norte del departamento de Caquetá (...). Hace unos días este tipo fue capturado en un retén del Ejército en Antioquia, muchos habitantes de Caquetá nos pusimos contentos, pero dos días después fue puesto en libertad, traído en un avión a San Vicente del Caguán y hoy nuevamente están repartiendo panfletos, citando a la población para extorsionarla”.
Lo más delicado de este asunto es que, a pesar de delinquir abiertamente, la Fuerza Pública no lo puede capturar con las manos en la masa.
Así quedó estipulado en una carta que la fiscal Camargo le envió a la Dirección contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía el día del retén en Santo Domingo: “La suspensión de órdenes de captura, como se dispone en la Resolución N°0282, se hace extensiva a las situaciones de flagrancia”.
Esto ha generado múltiples críticas en sectores de la oposición política y defensores de DD.HH., que lo interpretan como una carta blanca del Estado para que los jefes disidentes delincan a sus anchas.
El gobernador Ruiz recalcó que estos niveles de extorsión ni siquiera se veían en los tiempos de las antiguas Farc y le pidió al Gobierno que convierta a “Urías Perdomo” en objetivo de alto valor, “y que lo saquen de circulación para que no siga extorsionando”.
Posición del MinDefensa
Además, en un comunicado difundido en la red social X, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, afirmó que “si Urías Perdomo sigue delinquiendo, la fuerza pública lo capturará en flagrancia y lo pondrá a disposición de la Fiscalía”. Velásquez insistió en la necesidad de que las autoridades trabajen coordinadamente para proteger la vida de la población civil.
También se refirió a las mesas de negociación. “Precisamente, lo que se pretende con la negociación es lograr acuerdos que detengan el delito”, agregó el ministro.
La situación de seguridad en el Caquetá, como en otras zonas del país, es compleja para la población que queda en medio de disputas territoriales de los grupos armados que hacen presencia.
Radiografía: El prontuario de “Urías Perdomo”
Según el dosier de las Fuerzas Militares, Juan Carlos Agudelo Salazar (“Urías Perdomo”) tiene expedientes en contra por concierto para delinquir, extorsión, homicidio y terrorismo. En cuanto a la extorsión, está vinculado a por lo menos 450 casos.
Le atribuyen la participación en un atentado que mató a dos soldados en la vereda El Rubí, del municipio de La Macarena, en Meta (2018); también es sospechoso del secuestro y asesinato de cuatro miembros de una comisión de reclamantes de tierra en Mesetas, Meta (2021); y “la destrucción de la antena de telecomunicaciones de la empresa Claro en el sector de La Chipa, en Puerto Rico, Caquetá, por el no pago de cuotas extorsivas (2023)”, según el reporte militar.
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