La comunicadora y activista Lorena Beltrán es, quizás, la cara más visible del daño que podría causar una persona que hace una mala práctica de su profesión o ejerza una profesión sin tener un título académico. En su caso, Francisco Sales Puccini, el médico que le operó los senos, le dejó cicatrices permanentes y, tras una pelea legal, un juez lo absolvió de los delitos de lesiones culposas, falsedad en documento, fraude procesal, amenazas y constreñimiento ilegal, mientras que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a pagar $50 millones por los daños morales y materiales que le causó.
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Pero hay más casos. En agosto de 2022 la Fiscalía capturó a los integrantes de una red que falsificaba documentos como diplomas de bachiller y universitarios y libretas militares, por las que cobraban a precios entre $8 millones y $26 millones.
Estas historias fueron las que motivaron un proyecto de ley que está a dos debates en el Senado de ser ley. Se trata de la creación de un sistema de consulta pública de títulos académicos de educación superior, cuya autora es la representante Mafe Carrascal.
Actualmente, en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), disponible en la página del Ministerio de Educación, hay dos tipos de consulta pública: la de universidades y la de carreras.
Así que la idea del proyecto de ley es crear en ese sistema una herramienta de verificación de títulos académicos en educación superior, así como convalidaciones de títulos obtenidos en el exterior, que ayude a salvaguardar la moralidad pública, prevenir la corrupción pública y privada y combatir el ejercicio ilegal o fraudulento de una profesión, según señala el proyecto de ley.
Así funcionaría el sistema
Así como actualmente se pueden consultar con el número de documento los antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios de una persona, con este futuro sistema de consulta pública se busca que, de la misma manera, se pueda verificar de qué universidad y de qué carrera se graduó alguien. Y así modernizar el sector de educación con los avances digitales, así como eliminar el requisito de presentar títulos para la contratación.
La operación sería: un estudiante se gradúa de un programa universitario, la institución emite el diploma y sería “la responsable de registrar con un código ante el Ministerio (de Educación) el título otorgado y eso será una base de datos que manejan la universidad y la entidad”, según explicaron a este diario desde la unidad de trabajo legislativo de Carrascal.
Además, será de carácter retroactivo, es decir, que todos los graduandos de antes de que entre en vigencia este sistema también tendrán que estar registrados con nombres y apellidos, documento de identidad, título obtenido, universidad que lo expide y fecha de obtención del título.
En Colombia los delitos por falsedad en documento –uno de los delitos que configura la falsificación de títulos universitarios– son altos (ver gráfico). En lo que va corrido de 2023 la Fiscalía ha abierto 8.901 procesos por delitos como falsedad en documento privado, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público y obtención de documento público falso. De ese total, solo siete terminaron en una condena y 41 están en juicio, mientras que 8.822 están en etapa de indagación.
La falsedad en documento privado es el delito con peores números, puesto que de 4.975 procesos, 4.969 están en etapa de indagación, mientras que dos están en investigación, tres en juicio y uno llegó a una sentencia condenatoria.
Le sigue la falsedad material en documento público con 2.430 procesos en infagación de un total de 2.469. El resto, 19 están en investigación, 18 en fase de juzgamiento y dos terminaron en condena.
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