Armando Benedetti, el polémico jefe de despacho del presidente, Gustavo Petro, cuya sola presencia desató lágrimas, rechazos y hasta renuncias en un televisado y tenso Consejo de Ministros, enfrenta ahora un complejo panorama judicial que podría poner en riesgo su permanencia en el cargo, luego de que la Corte Suprema de Justicia lo acusara formalmente por presunto tráfico de influencias.
En la acusación se le señala por su presunta intervención en la asignación de contratos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), un proceso que se remonta a su período como miembro del Partido de la U, entre 2016 y 2017.
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Este caso se suma a los siete procesos que Benedetti tiene abiertos en el alto tribunal, de los cuales cuatro ya han avanzado a la fase de investigación formal y tres siguen en indagación.
La acusación formal fue emitida por la Sala de Instrucción de la Corte, en un contexto de presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato millonario de más de $1.000 millones a la empresa Certicámara S.A.
La denuncia, presentada por el abogado Jaime Lombana, señala que Benedetti habría utilizado su influencia para favorecer a esta empresa en el proceso de adjudicación.
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Aunque la defensa del también excongresista insiste en que su presunción de inocencia debe prevalecer, las implicaciones legales de este caso, sumadas a los otros procesos abiertos, generan un debate sobre su viabilidad como jefe de despacho en el gobierno de Petro.
Un panorama judicial complejo para Benedetti
Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), explicó a Colprensa que la acusación por tráfico de influencias presenta una grave implicación legal para Benedetti, especialmente considerando que proviene de la Corte Suprema de Justicia, uno de los principales órganos jurisdiccionales del país.
“La implicación evidente que surge de esto es que existe, bajo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, una gran certeza de que el ex embajador Armando Benedetti habría cometido el delito por el cual se le investigaba”, indicó Herrera, quien subrayó la importancia y seriedad de la decisión emitida por la Corte.
“El escenario fundamental, y el que debería ser, es —agregó— comparecer sin ningún privilegio ante la Corte Suprema de Justicia y enfrentar su juicio en la Sala de Primera Instancia”.
Además, Herrera subrayó que es crucial resaltar la seriedad con la que el alto tribunal maneja este tipo de casos. “La Corte es un órgano muy estricto cuando se trata de actos que involucran a políticos, y afortunadamente para el país, ha analizado estos casos con detenimiento, imponiendo sanciones que ayudan a recuperar la credibilidad institucional”.
Asimismo, el jurista destacó que la situación judicial de Benedetti plantea un dilema para Petro, quien en su campaña electoral había prometido un gobierno libre de personas involucradas en grandes delitos.
“Para que el presidente de la República no incurra en el incumplimiento de esa promesa electoral, tendría que prescindir de los servicios de una persona que no le genera ningún beneficio institucional y que, por cierto, como lo vimos recientemente en el Consejo de Ministros, lo que genera es pugnas y polarización de su mismo equipo de trabajo”, afirmó Herrera.
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, destacó que las implicaciones jurídicas de la acusación por tráfico de influencias abren la puerta a un juicio en el que Benedetti deberá ejercer su defensa.
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“Es decir, con esta acusación se abre la etapa del juicio donde se presentarán todas las pruebas y él tendrá que ejercer su defensa y se decidirá en uno o dos años si es inocente o culpable”, señaló Bernate a esta agencia de noticias.
En su opinión, el hecho de tener múltiples procesos judiciales no inhabilita a Benedetti para continuar en su cargo, ya que en Colombia la sola apertura de un proceso judicial no lo descalifica de manera automática.
Sin embargo, de ser condenado, las consecuencias serían graves: “Si eventualmente él resulta condenado, al ser un delito doloso contra la administración pública, está excluido de cualquier beneficio, por lo que terminaría pagando en prisión”, agregó Bernate.
“No hay lugar a la domiciliaria ni a la libertad”, señaló el abogado penalista, quien explicó que el tráfico de influencias ha sido un delito de creciente severidad en Colombia.
“Este delito no es hoy de bajo impacto, es un delito grave. La pena puede ser ejemplar entre cuatro y ocho años de prisión”, detalló el presidente del Colegio de Abogados Penalistas.
El poder de Benedetti
Para Germán González, consultor y analista político, Benedetti sigue teniendo un margen de maniobra para mantenerse en el poder, en gran parte gracias a su capacidad de maniobrar dentro del sistema judicial y a las presiones políticas que podría ejercer sobre los magistrados.
“El hecho que Petro lo haya nombrado jefe de gabinete es señal de que Benedetti está lejos de ser un ‘muerto político’ por sus procesos en la Corte Suprema”, señaló González.
Sin embargo, reconoció que si bien Benedetti tiene una fuerte influencia política debido a su rol en la campaña presidencial de 2022 y su conexión con distintos sectores del poder, su situación judicial y los escándalos a su alrededor generan una resistencia creciente dentro del Gobierno y la sociedad.
“Genera preocupaciones por el compromiso del gobierno con la transparencia y la resistencia contra las viejas prácticas políticas, discursos con los que se eligió en 2022, pero que ahora desilusionan las expectativas de parte de sus electores”, concluyó González.
Las tensiones políticas dentro del gobierno
La situación de Benedetti no solo generó reacciones en el ámbito judicial, sino también dentro del Gobierno de Petro. Su designación como jefe de despacho provocó tensiones internas, especialmente en el Consejo de Ministros, donde varios altos funcionarios expresaron su descontento por la decisión.
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Dicho encuentro de los jefes de las carteras, que se convirtió en un “cara a cara” similar a los de un reality de televisión, terminó con la renuncia del ministro de Cultura, Juan David Correa; el director del DAPRE, Jorge Rojas; Paula Robledo, secretaria jurídica de la Presidencia; y Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Además, la revelación hecha en el mismo Consejo de Ministros por el director de la UNP, Augusto Rodríguez, sobre una supuesta reunión en la que el zar del contrabando, Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, habría intentado infiltrar la campaña Petro, y en la que habría participado Benedetti, intensificó la presión sobre el jefe de despacho, que ya demandó penalmente a Rodríguez.
El futuro de Armando Benedetti como jefe de despacho de Gustavo Petro dependerá no solo de la decisión del mandatario, que por ahora ha optado claramente por respaldarlo, sino de cómo evolucione su situación judicial.
