Pasaron 48 horas entre el anuncio de la salida del Secretario de Transparencia Andrés Idárraga y la larga reunión en el despacho presidencial de la Casa de Nariño en la que Petro decidió reconsiderar su decisión. Idárraga, quien había trabajado con el mandatario en su paso por la alcaldía de Bogotá, apareció en unos chats con Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) envuelto en uno de los escándalos de corrupción más graves de este Gobierno.
“Solo no está. No tiene que darme ningún tipo de explicación, yo estoy, como le dije al inicio, a su servicio, como un soldado más para ayudarle para que su gestión salga lo mejor posible. En este Gobierno tenemos que rodearnos entre nosotros mismos. Cae el primero y los organismos de control van a seguir haciéndolo (sic) buscando cualquier caída tan solo por debilitarnos”, le dice Idárraga a López en uno de los chats conocidos a principios del pasado mes de mayo.
En entrevista con EL COLOMBIANO, el funcionario se refiere por primera vez en detalle al encuentro con el presidente Petro y los detalles de los chats supuestamente manipulados. También habla del escándalo de las chuzadas denunciadas por un magistrado de la Corte Constitucional, de las referencias estigmatizantes de Petro hacia los periodistas y aclara por qué no le dio traslado a unas denuncias de presuntas irregularidades en la Superintendencia de Sociedades.
¿Cómo fue su conversación con el presidente Petro que hizo que se reversara su salida del Gobierno?
“Llegué a la oficina del presidente Petro y le dije que en mi consideración esos chats eran falsos. Ese mismo viernes radiqué una denuncia penal por fraude procesal porque con Olmedo López nunca tuve interacción, no tuve respuesta. Lo que envuelve esos chats es que supuestamente sí hubo interacción, dicen que ‘soy un soldado’ y no sé qué cosas y esas no son mis palabras. Parto del hecho de que son falsos, fueron adulterados o modificados. Así lo denuncié en la Fiscalía. Al margen de eso, la conversación con el presidente fue hablar de varios temas que hemos avanzado en la Secretaría. Le dije que quizás lo que venía haciendo a alguien le está incomodando. ¿A quién? Eso solamente lo puede saber él. Hay que recordar que la Secretaría de la Transparencia no es un organismo de control, nosotros lo que hacemos es analizar información pública, como lo hace la prensa, trabajamos con fuentes humanas que nos entregan información muy valiosa y con base en ella entramos a articular con los organismos de control y la justicia para que sean ellos quienes determinen si estamos a un caso de corrupción. Todos los casos los documentamos y eso fue parte de la información que le entregamos al presidente. Le dije ‘estoy haciendo todo esto, usted decida si saco mis corotos o continúo trabajando’”.
¿Usted no le dijo a Olmedo López “la intención es que por favor escuches al alcalde electo de Barrancabermeja” (Jonathan Stivel Vásquez)?
“Esos chats son una falsedad. Si fuera el caso de que hubiera sido cierto, allí no aparece ningún tipo de situación irregular. Es preciso recordar que la prensa hizo el boom al mismo tiempo de la salida de Sandra Ortiz. Pero nos metieron en un mismo costal cuando Sandra tenía acusaciones de unas presuntas coimas por $3.000 millones de pesos y yo simplemente en esos chats que, reitero para mí son falsos, aparezco diciéndole al señor Olmedo que recibiera a unos alcaldes. ¿Y sabe que eso en la práctica sucede a cada rato? Yo no puedo hacer de oídos sordos si un alcalde o un periodista se me acerca y me dice ‘mire que tengo este problema’ y yo decirle ‘no, si no son problemas anticorrupción a mí ni me pregunte y mire a ver cómo le llega al ministro’. No, eso no funciona así. Lo irregular es si yo hubiera pedido recursos por un tipo de gestiones que son propias del Gobierno. Entonces, no hay delito si fuera cierto. Como no es cierto, ya está en Fiscalía. Y los temas que toqué con el presidente son los suficientemente delicados de investigaciones que estamos adelantando y él, después de casi tres horas de conversación, consideró mantenerme en el cargo”.
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¿Pero qué interés tendría Olmedo López en involucrarlo? ¿Quería que usted fuera una especie de chivo expiatorio?
“Sí, pero además de eso no creo que esté muy contento porque una cosa es decir ‘los escándalos de corrupción del Gobierno Petro’ y otra ‘Los escándalos de corrupción que el Gobierno ha venido denunciando’. Porque este caso de la UNGRD, que empezó con los carrotanques, reconociendo la labor de la prensa, quien denunció penalmente a Olmedo, quien colocó la ficha que faltaba al rompecabezas para llevarlo a la Fiscalía, fue la Secretaría de Transparencia. Y yo no encuentro antecedentes recientes donde los secretarios de transparencia hayan denunciado a sus propios compañeros de Gobierno y no encuentro un presidente que haya ordenado al secretario de transparencia investigar presuntos actos de corrupción en su propio Gobierno. El presidente ha venido asumiendo la responsabilidad política por haber nombrado a Olmedo, pero eso no quiere decir que seamos cómplices de los corruptos”.
Precisamente, sobre ese escándalo, ¿qué información llevó a la Corte Suprema de Justicia?
“En una reunión en la embajada de Estados Unidos me encontré con el presidente de la Sala de Instrucción de la Corte, el magistrado Misael Rodríguez, y le dije ‘permítame tener una conversación con ustedes para darle elementos de contexto de lo que en nuestra consideración ha venido sucediendo en la UNGRD’. Él me dice que sí, pero fue una reunión interinstitucional, no que yo hubiera sido citado a la Corte como se dijo, por Dios, fue una reunión entre la Secretaría de la Transparencia y la Sala de Instrucción de la Corte para conversar temas sobre investigaciones que ellos vienen tratando. Hablamos en la UNGRD en su contexto, no sólo carrotanques. Hablamos de otros temas que podrían estar involucrando a aforados en el manejo de recursos públicos. Es con base en esos elementos de contexto que los magistrados determinarán si orientan o profundizan sus investigaciones”.
A propósito de magistrados, le pregunto por las supuestas chuzadas a magistrados, opositores y periodistas, de lo cual no hay todavía pruebas, salvo lo dicho por el magistrado Jorge Enrique Ibañez. ¿Qué papel cumple su Secretaría en aclarar lo que sucede?
“Se nos escapa de nuestra competencia. Ya el presidente y el director de la DNI dijeron que ni está en las capacidades ni mucho menos es una opción para el Gobierno perseguir a magistrados, opositores o periodistas. Igual creo que no hay que subestimar la alerta que pone el magistrado Ibañez y esperamos que sea la Fiscalía la que actúe. Pero confiamos en la palabra de Carlos Ramón González. La inteligencia nacional se ha volcado a luchar contra la corrupción y a perseguir a los grupos armados”.
¿En qué consiste el decreto impulsado en su Secretaría para luchar contra la corrupción y contribuir al acceso a la información?
“El decreto es producto de la reglamentación del artículo 200 del Plan de Desarrollo que estableció la obligación de crear una estrategia de lucha contra la corrupción. Entonces en desarrollo de este artículo se expide un decreto reglamentario que tiene varios elementos. Una parte tiene que ver con la prevención de la corrupción de las entidades. Otra línea tiene que ver con reiterar la importancia de la categoría del derecho de acceso a la información en tanto derecho fundamental. Se lo digo: rechazo profundamente que a la prensa o a cualquier ciudadano o ciudadana que soliciten información pública, las entidades del Estado desde el orden nacional o municipal no le entreguen la información. Me parece desafortunado que en este Gobierno algunas situaciones al respecto se hayan presentado donde incluso haya tenido que colocar tutelas para que funcionarios de este Gobierno entreguen información como tiene que ser a las peticiones. Me parece importante contarle que no se nos hundió el proyecto de ley de protección a denunciantes de corrupción. Ya pasó primer debate y en la próxima legislatura pasará a plenaria y tiene un elemento importante: un artículo de protección reforzada a la prensa como denunciante de corrupción y un mecanismo transitorio de protección a la vida del denunciante y su núcleo familiar que incluso podrían ser trasladados de ciudad mientras la UNP determina el nivel de riesgo, entre otras medidas”.
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Lo voy a poner en aprietos. ¿No es contradictorio que mientras el Gobierno avance en esa iniciativa el propio presidente Petro califique al periodismo que no le gusta como “prensa del Mossad” y haga señalamientos hostiles y estigmatizantes contra colegas?
“Sí que me mete en problemas usted con esa pregunta. Mire, yo soy un convencido de la libertad de expresión. También creo que nunca se debería abusar de ese derecho rayando en la calumnia y en la desinformación. Hay que encontrar un punto donde volvamos a tomar un aire y a poner las cosas en su justa proporción. Creo que ha habido calumnias de las que he sido víctima y ni hablar del presidente Petro o la directora Laura Sarabia y su familia. Me parece desafortunado que vengan ataques que rayan en lo personal, sin embargo los funcionarios tenemos el deber de responderle a la prensa de manera respetuosa lo que de manera respetuosa se pregunta. Pero rechazo las calumnias e infamias”.
Hace unos días se conoció una denuncia revelada por Daniel Coronell en la que el abogado Santiago Morales hizo públicas algunas presuntas irregularidades en la Superintendencia de Sociedades en procesos de liquidación. Molano dice que dejó constancia en la Secretaría de Transparencia desde hace nueve meses, pero que usted no le ha dado traslado a la denuncia. ¿Es cierto?
“Eso es parcialmente cierto. Con el abogado de este caso hemos venido trabajando desde hace por lo menos un año en este y otros temas. Nosotros hemos venido avanzando y cometí el error de no darle traslado de inmediato tan pronto tuve la información porque lo que he venido haciendo es avanzar por mi cuenta. Tiene razón el abogado Santiago (Morales) en poner una acción de tutela diciendo que nosotros no estábamos llevando a cabo el deber de debida diligencia. De inmediato mi deber fue trasladarlo así no más. Por lo general la Secretaría de Transparencia se había dedicado a eso: le llegaban denuncias y las trasladaba entonces eso parecía una oficina de correspondencia, entonces ‘señor Idárraga, mire que se están robando una plata acá. ¿Dónde? en x entidad, entonces señores x entidad me dicen que allá se están robando la plata’, pues eso es un trámite muy chimbo. Entonces la Secretaría de Transparencia lo que hace hoy es que toma los casos y avanza en los mismos para que no le entregue la información como le llegó a los organismos de control. Yo trabajo la información, la busco, ahondo en ella y ahí sí, más elaborada, se la entrego. Mi pecado en ese caso fue que sigo investigando ese tema y no le di traslado tal cual él me entregó la denuncia, entonces eso lo asumo, pero mi actuar ha sido, por el contrario, que no he podido avanzar como quisiera porque tengo limitaciones de recursos humanos para hacerlo pero ya se les trasladó a los organismos de control y él hubiera podido hacer eso directamente, pero de nuevo, asumo mi responsabilidad al respecto, pero ya se reparó y seguimos avanzando en esa denuncia que nos parece de mucha gravedad y esperamos poder tener resultados de la manera más pronta”.
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