Álvaro Leyva Durán buscará hacerle el quite a la suspensión que le impuso la Procuraduría de tres meses. Lo hará a través de una acción de tutela. El abogado del suspendido canciller interpuso la acción legal ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque considera que a su cliente se le están vulnerando derechos fundamentales.
“(A Leyva se) le impuso una arbitraria medida de suspensión provisional por el término de tres (3) meses, acto este que no se adecua a las exigencias legales ni a los estándares definidos por la jurisprudencia constitucional”, fue el alegato que presentó el defensor del suspendido funcionario, Mauricio Dueñas.
De acuerdo con el defensor, a Leyva Durán se le violó su derecho fundamental al debido proceso y, por tanto, solicitó una medida provisional que garantice el reintegro del funcionario a sus labores como ministro de Relaciones Exteriores.
El equipo de abogados de Leyva aseguró que la medida provisional, además, es garantía para evitar que se cometan perjuicios en “inminentes temas de interés público”.
“Suspender al Canciller –a menos que existieran imperiosas y necesarias razones, las cuales no se vislumbran– entorpece la dirección y el normal desarrollo de las relaciones exteriores y con ello el interés público”, alegó Dueñas.
El abogado insistió en que uno de los prejuicios de la suspensión ocurrió el pasado 7 de febrero, cuando a Colombia arribaron 15 delegaciones oficiales del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Según él, la ausencia del canciller dificultó la coordinación de varias labores.
En todo caso, el vacío de Leyva fue llenado por Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Washington, quien asumió las riendas de la Cancillería mientras regresa el suspendido funcionario.
Ahora, la pelota quedó en terreno del Tribunal Administrativo, que tendrán 10 días para estudiar la acción de tutela y definir si acceden o no a los argumentos presentados por el canciller suspendido y su bufete de abogados.
La suspensión del canciller estaba cantada desde el pasado 24 de enero. Ese día, el Ministerio Público decidió apartar a Leyva del cargo y llamarlo a juicio disciplinario en medio del proceso que se lleva en su contra por las posibles irregularidades que habría cometido al declarar desierta la licitación de los pasaportes en Colombia.
Pese a la suspensión, Leyva se mantuvo aferrado al cargo hasta el 7 de febrero pasado. Ese día envió una carta a la Procuraduría en la que explicaba que se había mantenido en el cargo porque el presidente Gustavo Petro no había sido notificado de manera formal.
Leyva Durán, antes de retirarse, firmó decretos, participó en la apertura de nueve embajadas y creó 116 nuevos puestos en la Cancillería.
De acuerdo con la investigación –iniciada en septiembre de 2023– el canciller Leyva habría cometido una falta grave al declarar desierta la licitación 001 de 2023 (fabricación de los pasaportes) porque tomó la decisión sin tener fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos. De ese modo, habría vulnerado los principios que rigen la contratación estatal.
