Este viernes se conoció que esta célula legislativa, encargada, entre otras cosas, de investigar al jefe de Estado, pidió una prórroga para sesionar en medio del receso parlamentario.
Este viernes, a poco menos de una semana para que concluya el periodo legislativo del Congreso, se conoció que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes –encargada de investigar, entre otras, al presidente, al fiscal y a los magistrados–, solicitó a la plenaria sesionar en medio del receso para que algunos procesos no prescriban.
Ante ello, el representante de oposición Jose Jaime Uscátegui (Centro Democrático) pidió que públicamente el organismo legislativo se pronuncie y precise cuáles son los procesos que hoy podrían terminar archivados.
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“Voy a completar siete años en el Congreso y jamás había escuchado eso, a pesar de que mis colegas me dicen que se ha hecho año tras año. Lo voy a revisar y le voy a solicitar a la Comisión de Acusaciones un informe detallado de los expedientes en la Comisión porque ahora dejan preescribir los casos y es culpa de la plenaria si no se les autoriza una prórroga. Eso no me parece del todo responsable y leal con la plenaria”, reclamó Uscátegui.
Esa célula legislativa, por mandato constitucional, es la encargada de conocer sobre las denuncias penales o quejas disciplinarias contra altos dignatarios del Estado, entre ellos, el presidente de la República, el fiscal General y magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.
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Justamente, se trata de la Comisión en la que reposan varias denuncias contra el presidente Gustavo Petro, entre ellas, algunas por el supuesto ingreso de recursos ilícitos a la campaña –como dejó entrever Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente–, así como por violación de los topes de financiación, como habría quedado al descubierto tras los escandalosos audios del embajador Armando Benedetti en los que habló del aparente ingreso de $15.000 millones no reportados a la campaña en la Costa Atlántica.
Sin embargo, de los cinco casos, en agosto pasado se conoció que solo uno estaba en indagación preliminar por parte de la Comisión: el proceso relacionado con los $1.000 millones que habría recibido Petro Burgos a manos del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra –mejor conocido como el Hombre Marlboro–, y del cuestionado empresario Alfonso “el Turco” Hilsaca.
De hecho, en mayo pasado el tridente de congresistas que investiga al jefe de Estado en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes anunció que pedirá al Consejo Nacional Electoral (CNE) que, por competencia, envíe a ese organismo los procesos que actualmente adelanta contra el mandatario y su campaña por supuesta violación de topes electorales.
La determinación se conoce justo en momentos en los que esa autoridad electoral se dispone a reunirse en sala plena para decidir si acoge una ponencia en la que se pide investigar formalmente a Petro y a su entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, por presunta violación de topes.
Según el triunvirato investigador, aunque el CNE es competente para investigar a los partidos, a los gerentes y candidatos, la competencia exclusiva para investigar al presidente de la República la tiene el Congreso de la República “por ser su juez natural al amparo del fuero constitucional contemplado en el artículo 178 de nuestra Carta Política”.
