Si bien no es de su competencia ni tiene la atribución para investigar o acusar al presidente, la Fiscalía –que hasta febrero de 2024 estará en cabeza de Francisco Barbosa– será determinante en el proceso contra Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de la campaña y la aparente violación de topes. ¿Por qué?
Actualmente, en la Comisión de Acusación de la Cámara –el órgano legislativo que sí se encarga de investigar las denuncias contra el Jefe de Estado–, reposan al menos cinco denuncias contra el mandatario. La última recién se presentó este lunes tras las revelaciones por supuestos apoyos y vínculos del narcotraficante Juan Carlos López Macías (conocido como el “Sobrino”) y su esposa, Sandra Navarro, a la candidatura presidencial del Pacto Histórico en Yopal, Casanare.
A esta denuncia –radicada por el representante de oposición Christian Garcés (Centro Democrático)– se suman otras presentadas por los también congresistas Miguel Uribe Turbay y Jota Pe Hernández (Alianza Verde), e inclusive una del candidato a la Alcaldía de Medellín Federico Gutiérrez.
Los procesos están relacionados con el supuesto ingreso de recursos ilícitos a la campaña –como dejó entrever Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente–, así como por violación de los topes de financiación, como habría quedado al descubierto tras los escandalosos audios del exembajador Armando Benedetti en los que habló del aparente ingreso de $15.000 millones no reportados a la campaña en la Costa Atlántica.
Sin embargo, de los cinco casos, apenas 1 uno está en indagación preliminar por parte de la Comisión: el relacionado con los $1.000 millones que habría recibido Petro Burgos a manos del exnarcotraficante y ahora candidato Samuel Santander Lopesierra –mejor conocido como el Hombre Marlboro–, y del cuestionado empresario Alfonso “el Turco” Hilsaca.
Por estos hechos, desde su competencia, ya la Fiscalía imputó al hijo del presidente y a su expareja, señalados de recibir dineros para beneficio propio, pero que habrían salpicado las cuentas de la campaña. Acorralados por la contundencia de las pruebas, a principios de mes ambos accedieron a colaborar con la justicia para no terminar tras las rejas.
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE) puso lupa a las cuentas del Pacto Histórico y hoy tiene tiene entre ojos al entonces gerente de la campaña presidencial y ahora presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
En la Comisión de Acusación, donde pocos se atreven a hablar para no terminar recusados –es decir, apartados de los casos ante dudas por su imparcialidad–, aseguran que las pruebas y la veracidad de los hallazgos en el caso Petro Burgos marcarán la hoja de ruta para lo que se viene para el presidente.
Por ello, la atención y el interés están puestos más en el trabajo de la Fiscalía o del propio CNE, que lo que puedan hacer los 3 investigadores nombrados por la Comisión para determinar si archivan o siguen adelante con el proceso para someter a un juicio político al presidente. Se trata de los representantes Alirio Uribe (Pacto Histórico), Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde) y Wilmer Carrillo (Partido de la U).
“Se supone que son designados para investigar y acusar, pero como nunca pasa nada –y Francisco Barbosa lo sabe–, la Fiscalía está haciendo casi que su labor para que en su momento sean tan contundentes las pruebas que no se puedan lavar las manos y decir que no hay nada”, explicó a EL COLOMBIANO un congresista de la Comisión que pidió no ser nombrado. “Quien está asumiendo indirectamente todas las denuncias, que terminarían cohesionadas en 1 o 2 casos, es la Fiscalía”, aseguró otro de los representantes.
No es gratuito además que la mayoría de quienes han denunciado a Petro estén pidiendo que la Fiscalía contribuya con las investigaciones y aporte sus hallazgos.
Las cuentas
En medio de la avalancha de denuncias, el Gobierno analiza y trata de anticipar las cargas al interior de la Comisión de Acusación. De sus 18 integrantes, apenas 3 son del Pacto Histórico, es decir, incondicionales al presidente. A ellos se suman 2 de la Alianza Verde, entre ellos, la representante Katerine Miranda, quien ha tomado distancia del Ejecutivo, aun cuando su partido está declarado de gobierno.
En los partidos independientes, que suman 8 curules, hay mayor resistencia a Petro, aunque hay representantes que podrían respaldarlo. Eso sí, si es que sus colectividades no imponen el voto en bancada –como ya se murmura, según admitió un representante a este diario–. Entre quienes apoyarían al Jefe de Estado se cuentan María Eugenia Lopera (Partido Liberal), Daniel Restrepo (Partido Conservador) o William Aljure (Curules de paz). Es decir, en el escenario más optimista, el petrismo contaría con entre 7 y 8 votos.
En contraste, la oposición tendría –además de los 2 del Centro Democrático y 1 de Cambio Radical–, 2 votos del Partido Conservador (Juan Carlos Wills y Wadith Manzur); 1 de las curules de paz (Jorge Rodrigo Tovar); 1 del Partido Liberal (José Octavio Cardona), y 1 de La U (Jorge Eliécer Tamayo). Es decir, al menos 8 votos. De allí la importancia de la postura que asuman representantes como Miranda o Wilmer Carrillo. (Ver infografía al final)
De llegar a prosperar en la Comisión, el proceso deberá superar la plenaria de la Cámara (hasta donde llegó el Proceso 8.000 contra Ernesto Samper) y luego el Senado. “La legislación de hoy es diferente a la de Samper, porque hoy el cuentazo de que fue a mis espaldas no es justificación para violar los topes o recibir financiación prohibida. Espero que el Congreso le responda al pueblo en vez de recibir mermelada (...) Esta situación es más grave que el Proceso 8.000 y la narcopolítica”, dijo a EL COLOMBIANO el representante Garcés.
A su turno, una de las integrantes de la Comisión que pidió no ser nombrada se declaró confiada en que el caso pueda llegar más allá del Proceso 8.000, sin que ello implique que Petro llegue a ser destituido. “Este no es el 8.000 cuando el presidente tenía a gremios, a medios y a las mayorías del Congreso de su lado. Súmele que ahora hay redes sociales y el escrutinio contra los congresistas es diferente”.
El proceso apenas arranca y, si bien han pasado 15 días desde que asumió la presidencia de la Comisión el representante Wadith Manzur –independiente al Gobierno–, aún esa célula legislativa no se ha reunido para analizar los casos. En el entretanto, desde ya se anuncian recusaciones contra los encargados de investigar los procesos, mientras que en Casa de Nariño no descartan apelar a las calles en caso de que el escenario sea adverso. “La Comisión está esperando a la Fiscalía. Si se comprueban irregularidades será muy difícil apoyar al Gobierno”, concluyó un representante.
