Durante la audiencia de medida de aseguramiento por el caso Buen Comienzo se puso de manifiesto que Lina María Gil Zapata, exdirectora técnica del programa y quien fue imputada por la Fiscalía, estaría vinculada todavía a la Secretaría de Inclusión Social. Así lo dijo el ente acusador durante la exposición de más de cuatro horas en la que pidió medida de aseguramiento para los tres investigados.
Esa información ya venía rondando desde el inicio del proceso judicial, pero no había certeza. La defensa de Gil Zapata no ha desmentido ni hecho referencia al particular. Lo cierto es que la imputada sí ha estado vinculada a la Secretaría de Inclusión Social.
Así se puede constatar en el decreto firmado por el alcalde Daniel Quintero en el que se oficializó el nombramiento de Gil Zapata. El documento, fechado el 21 de octubre de 2021, señala que la exdirectora técnica de Buen Comienzo pasaba a ser asesora en dicha secretaría.
Lo que se sabe, además, es que una de sus funciones era asesorar a Diana Toro, funcionaria que pasó de la dirección del Inder a la dirección del Equipo de Personas Mayores Amautta, de la Secretaría de Inclusión Social. En la misma línea de la tesis de la Fiscalía, personas cercanas a esa dependencia comentaron que Gil Zapata seguía vinculada al despacho.
La vinculación de la exdirectora técnica pasó de agache en su momento. Prueba de ello es una solicitud que la veeduría Todos por Medellín hizo el 20 de diciembre de 2021, dirigida al entonces secretario de Inclusión Social, Juan Pablo Ramírez. La veeduría escribió que se había enterado del nombramiento a través de “información ciudadana”.
El problema es que la información de la funcionaria estaba desactualizada en el Sigep. Solo días después llegó la confirmación de que Gil Zapata sí había sido vinculada a la dependencia mencionada.
Ahora bien, la participación de Gil Zapata en el caso Buen Comienzo no es menor. Ella participó en los estudios previos y análisis del sector para la adjudicación del contrato. En el informe de estudios previos que firmó Gil se estableció que Colombia Avanza tenía “la capacidad técnica, logística, administrativa y financiera para la ejecución de este contrato”. Esa idoneidad fue confirmada por la secretaria Alexandra Agudelo. La tesis de la Fiscalía es que Gil Zapata, en conjunto con Agudelo y Henry Paulison Gómez, representante de Colombia Avanza, participó desde el comienzo del presunto direccionamiento en la adjudicación del contrato. Las actuaciones de Agudelo, Gil y Gómez habrían violado principios importantes de los estatutos de contratación, como planeación, selección objetiva, responsabilidad, economía y transparencia, según la Fiscalía.
