Fue un acontecimiento que las autoridades nacionales consideraron sin precedentes: todas las voces, comunidades, ambientalistas, directivos y funcionarios expresaron sus puntos de vista sobre Hidroituango y la crisis que afronta ese megaproyecto energético.
A la audiencia de vigilancia preventiva realizada ayer desde las 9:00 a.m. en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, Centro de Medellín, llegaron más de 300 personas que colmaron el recinto.
Durante seis horas, unos cuestionaron y otros defendieron la obra que hoy debería estar generando el 17 % de la energía del país, pero que tras el taponamiento de un túnel en abril de 2018, sufrió una contingencia que no solo tiene en incertidumbre su entrada en operación, sino que puso en riesgo a comunidades aguas abajo del río Cauca e impactó el medio ambiente.
El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, justificó la realización de la audiencia, promovida por el Ministerio Público, en la importancia de crear condiciones para un diálogo plural y constructivo. Aclaró que era una instancia preventiva y no se trataba de “un tribunal de inquisición”.
“Esto es una especie de coro polifónico: aquí oímos todas las voces, de todos los sectores (...) No es para ponerle el bisturí a un cadáver, porque no hacemos de médicos legistas, sino para hacer medicina preventiva. Hay que pensar en el futuro, en cómo construir un camino conjunto y evitar los errores que se pudieron cometer en el pasado”, afirmó y añadió que “a la hora de fijar las responsabilidades disciplinarias existen las instancias para hacerlo y avanzamos en eso”.
En ese sentido, el contralor General, Carlos Felipe Córdoba, indicó que Hidroituango es un proyecto estratégico para el país y, de no entrar en operación en 2021, la tarifa de energía costaría el doble a los colombianos.
“Quien haya tomado malas decisiones: lo vamos a decir. Necesitamos que se sepa la verdad y que el proyecto no se afecte”, dijo, y reveló que la Contraloría revisó 120 contratos de 200 que hay por analizar. Anotó que en cuatro meses habrá decisiones.
Trece representantes de las comunidades tuvieron espacio para expresar a los entes de control sus cuestionamientos respecto al proyecto.
José Libardo Arias, un pescador del Bajo Cauca, sentenció que si no hay reproducción de peces en el Cauca, como ha venido sucediendo, “no habrá subienda y si es así nos afectaríamos”.
Por su parte, Richard Sierra, líder de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), apuntó que son 10 comunidades indígenas las impactadas por el proyecto. Pidió a la Procuraduría investigar y actuar en el restablecimiento de garantías para esos pobladores.
También los gobernadores de departamentos aguas abajo de la presa, que dicen ser afectados por Hidroituango, tuvieron voz. Édgar Martínez, actual gobernador de Sucre, acotó que el país necesita el proyecto hidroeléctrico, pero exigió resarcimiento económico por lo que llamó daños causados por la sequía.
El gerente de EPM, Jorge Londoño, contestó a los reclamos anunciando que hay convenios firmados como uno con la Universidad Nacional para dimensionar las afectaciones y remediarlas.
Destacó que el Instituto Humboldt y la Autoridad Nacional de Pesca hará la reposición de peces y emprender la recuperación del río.
“Esto tomará varios meses, pero tengan la certeza que el propósito es entregarle al país un río Cauca en mejores condiciones de las que estaba antes que la contingencia”, dijo.
