Los contratos bajo la lupa del ente se tratan de por lo menos 29, firmados entre 2017 y 2021, y que además de la Gobernación de Antioquia, involucran a otros departamentos como Caldas y Quindío, incluyendo algunas alcaldías de esas jurisdicciones.
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De acuerdo con la Sic, durante el desarrollo de esos contratos estas empresas al parecer podrían haber incurrido en actividades coordinadas para “restringir la libre competencia económica”.
Los contratos en cuestión comprometen recursos públicos por al menos $150.000 millones y en su mayoría están relacionados con intervenciones de infraestructura en vías.
Si bien la superintendencia no entregó mayores detalles de los contratos en cuestión, señaló que en sus pesquisas buscará establecer si esas dos empresas habrían cometido irregularidades en licitaciones.
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“El objetivo de la investigación es determinar si los agentes involucrados habrían incurrido en un posible acuerdo colusorio, cuyo propósito sería incrementar de manera ilegítima su probabilidad de resultar adjudicatarios, al haber presentado y coordinado las ofertas, en perjuicio de los demás proponentes, de libre competencia económica, y la vulneración a los principios fundamentales de la contratación pública, como la selección objetiva, la igualdad, la transparencia, entre otros”, señaló la Sic en un comunicado.
“Un acuerdo colusorio como el investigado causaría una afectación significativa para el país, no solo por limitar libre competencia, sino también por privar a las entidades contratantes de adquirir bienes y servicios en las mejores condiciones de calidad precio. Estas conductas pueden resultar en sobrecostos, reducción de la calidad en las obras contratadas y, en última instancia, un impacto negativo en el bienestar social”, añadió el ente.
Según advirtió la entidad, los contratistas señalados comparecerán ante ese ente para entregar su versión en medio de esa investigación administrativa que apenas comienza.
