Todos los días, sin falta, Ana Rocío Jaramillo piensa en el hijo que no ve desde hace 27 años. De vez en cuando espera que vuelva, que se siente de nuevo a la mesa, que le dé los abrazos perdidos por casi tres décadas de ausencia. Se aferra a los recuerdos, a las pocas cosas que conserva de él, a una esperanza alimentada por la incertidumbre y atravesada por el dolor que solo una madre sabe sentir cuando el ser de sus entrañas no regresa más. Si tan solo tuviera la certeza de que encontraron un cuerpo para visitarlo en el cementerio, para rezarle, para hablar con él, dice otras veces.
26 de octubre de 1997. Jhon Fredy Lopera Jaramillo pertenecía al Batallón Militar de Ingenieros Pedro Nel Ospina, de Bello. Llamó a finales de ese mes, para invitar a sus padres y hermanos a la ceremonia de clausura del servicio militar obligatorio que prestaba desde mayo de 1996 y que debía finalizar el 11 de noviembre de 1997. “Para que me vean”, les dijo emocionado. Ser soldado profesional era su sueño desde niño, quería forjar una carrera en las Fuerzas Militares para darles a sus padres una mejor calidad de vida, recuerda su hermana Nidia Estella.
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La desaparición
La familia Lopera Jaramillo tenía arraigo en el campo, en tierras ubicadas en el Norte antioqueño. Eran muy niños aún los hermanos, cinco en total, cuando los padres decidieron que era mejor huir de la guerra. “Mi mamá se llenó de miedo, nos sacó como a las 5:00 de la mañana y ya llegamos a Medellín”. Se radicaron en Castilla. Los más pequeños estudiaban, el padre trabajaba con Jhon Fredy. Y fue en Medellín que ingresó al Ejército. Tenía 24 años cuando llamó a la familia para invitarla a una ceremonia a la que él nunca llegó.
8 de noviembre de 1997. El día del evento, Luz Dary, otra hermana de Jhon Fredy, fue con una tía a esperarlo al batallón. La familia las siguió, angustiada, porque la noche anterior recibieron la llamada anónima de un joven soldado que dijo que su hermano había desaparecido y podría quedar como desertor. Preguntaron. Les respondieron que la última vez que lo vieron fue el 31 de octubre anterior y más adelante les dirían que ese día Jhon Fredy fue a lavar sus prendas militares al río Calderas, en San Carlos, Oriente antioqueño, a donde había sido trasladado y donde no podían visitarlo cada ocho días, como cuando estaba en Bello.
Hoy se siguen preguntando por qué dejaron pasar ocho días de la desaparición para avisarle a la familia. “Ese 8 de noviembre esperamos como hasta las 10:00 de la noche. Bajó un muchacho que prestaba el servicio con mi hermano. Y me dijo que no lo esperara, que a mi hermano lo habían desaparecido. Que lo habían puesto a hacer unos huecos de un metro por un metro. Y que desde ese 31 de octubre, no sabían nada de él”. Luz Dary lo relata tan segura como deseosa de la justicia por la que llevan 27 años luchando. Que estaba en Concordia, les dijeron después. Hasta allá fueron. Se devolvieron sin nada. El Ejército les informó que Jhon Fredy había desertado.
“Nos reunimos con el comandante del batallón. Nos ofrecieron comida, nos ofrecieron dinero. Querían que nosotros no siguiéramos la investigación. Un coronel nos ofreció veinte millones de pesos. Veinte millones de pesos para que nos quedáramos calladitos. Yo le dije a mi mamá: ‘Usted no entregó un cheque a prestar servicio militar, usted mandó un cuerpo. Eso es lo que deben devolver, no un cheque’”. Luz Dary lo recuerda como si fuera ayer.
La búsqueda
Relata que ella; la madre, Nidia Estella; Luz Mery, otra hermana; Manuel Ignacio, el padre; y Hugo Alberto, también hermano, fueron por meses a morgues, pueblos y veredas a buscarlo, pero no lo encontraron. Denunciaron en la Fiscalía y el Ministerio de Defensa. La Procuraduría abrió investigación preliminar, pero sin avances.
Mientras que las autoridades actuaban con desidia y alegaban que Jhon Fredy era desertor, el Ejército no daba respuestas y la familia sufría, lloraba, la madre enfermaba, la hospitalizaban, seguían buscando. La desaparición les causó problemas de salud mental con secuelas que cargan adoloridos, pero no dejaron ni han dejado de resistir.
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10 de febrero de 1998. Resistieron incluso ese día, cuando el Juzgado 118 de Instrucción Penal Militar declaró desertor a Jhon Fredy y le dictó medida de aseguramiento de detención preventiva. Resistieron 13 días después, el 23 de febrero, cuando fue condenado a 7 meses de arresto. Para ellos era ilógico que hubiera desertado, sabían de su deseo de ser soldado, de hacer carrera militar, era conversación en cada visita semanal y en las llamadas.
“Todos íbamos, llevábamos la comida cada ocho días, nos tomábamos fotos, siempre estuvo muy feliz en el batallón, ¿faltándole una semana iba a desertar? Eso es increíble”. Nidia Estella reclama que los hayan tratado con tanta negligencia, tan insensibles, tan incompetentes. Ninguna investigación prosperó.
La Fiscalía la archivó, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos no encontró mérito para una acción disciplinaria. El abogado Javier Villegas Posada, representante de las víctimas hace 27 años, considera que la condena por deserción sirvió para sepultar las investigaciones. Recordó además que, el 24 de mayo de 2005, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda presentada por la familia en 1998, con el argumento de que Jhon Fredy era desertor. Esto, pese a que el 5 de marzo de 1999, el Tribunal Superior Militar revocó el fallo del Juzgado 118 de Instrucción Penal Militar, porque no fue posible determinar si el soldado desertó o murió en manos de un grupo ilegal.
La familia apeló la decisión del Tribunal Administrativo ante el Consejo de Estado, el 7 de julio de 2005, pero este inadmitió el recurso “por tratarse de un recurso de única instancia”, lo que para Villegas Posada es una vulneración al debido proceso.
La llegada a la CIDH
8 de junio de 2009. El apoderado de la familia acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la omisión del Estado colombiano. El 22 de noviembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso ante la posible violación a derechos fundamentales obligados por la Convención Americana de DD. HH. “Entre ellos señalamos el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial”, dice el abogado Villegas Posada.
Tras un proceso de más de tres años, con intermediación de la CIDH, el Estado colombiano y la familia oficializaron la suscripción de un acuerdo de solución amistosa el pasado 23 de mayo, con presencia de doña Ana Rocío. Con voz temblorosa, dijo en el acto en Bogotá que empezaban el camino a la verdad, la investigación y la reparación.
El Estado, evitando así una eventual sanción de la Corte IDH, reconoció su responsabilidad internacional “por omisión, por la violación del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial”, lo que impidió esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
Dicho acuerdo, firmado por Villegas Posada como representante de la familia, por un delegado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y por otro de la Comisión Interamericana, incluye como medidas de satisfacción un acto público de reconocimiento de responsabilidad y para pedir perdón, que tendrá lugar en los próximos días en Medellín, y un documental que ya se realizó para exaltar la memoria y dignidad del soldado. Como medidas de rehabilitación, la familia recibirá, si así lo desea, atención en salud médica, psicológica y psicosocial. Y se entregarán indemnizaciones por los perjuicios.
Para el abogado Villegas Posada, este es un “logro jurídico” de trascendental importancia, porque en el caso existen gravísimas violaciones de derechos humanos que han estado impunes por 27 años, pero también porque pone de manifiesto la protección del Estado con los jóvenes que prestan servicio militar y demuestra que la eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como herramienta cuando el Estado no opera como debe. Por eso, la medida más importante para la familia es la justicia. La Fiscalía debe reabrir el caso y empezar a coser la historia de lo que le pasó a Jhon Fredy, siguiendo los hilos de los relatos conocidos hasta ahora.
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“¿Dónde estará mi hijo, qué habrán hecho con él?”, es la pregunta que se hace a diario don Manuel Ignacio mientras mira las montañas que rodean el lugar donde vive con su esposa, una madre que se alivia un poco al ver limpio el nombre de Jhon Fredy: “Por lo menos reconocieron que mi hijo nunca fue un desertor”. Nidia Estella espera que el comandante de la época cuente todo lo que pasó: “Él tiene la respuesta, varias personas nos dijeron de forma anónima que él sabía”. Y Luz Dary solo ansía que haya justicia: “Me gustaría que el comandante, si está vivo, fuera preso, porque violó una ley, porque si no se hace justicia es un delito que siempre quedará oculto”.
Mientras tanto, solo les queda rememorar el amor de Jhon Fredy por la familia, las salidas a bailar y las invitaciones al Parque Norte, el vallenato que tanto le gustaba y el deseo que siempre tuvo de darles una mejor vida a sus padres. Lo recuerdan en las conversaciones familiares, en los encuentros con sobrinos que no pudo conocer, pero que saben que es el tío que vio truncado su mayor sueño, justamente en la institución en la que quería cumplirlo.
