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La receta para cocinar un plan de seguridad metropolitano

Los 10 municipios del Aburrá tendrán acompañamiento del Ministerio de Defensa para esto.

  • La escasez de uniformados para los patrullajes es una dificultad que afecta a los 10 municipios del Aburrá. Se requiere más pie de fuerza para combatir el narcotráfico y los hurtos. FOTO jaime Pérez
    La escasez de uniformados para los patrullajes es una dificultad que afecta a los 10 municipios del Aburrá. Se requiere más pie de fuerza para combatir el narcotráfico y los hurtos. FOTO jaime Pérez
19 de marzo de 2020
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Estructuras criminales, narcotráfico, extorsiones, escasez de policías y riñas por mala convivencia son algunos de los problemas que agobian, al mismo tiempo, a los 10 municipios del Valle de Aburrá.

La idea de construir una estrategia conjunta contra el delito está rondando hace varios años, pero regresó a la mesa el pasado 5 de marzo, cuando el ministro de Defensa, Carlos Holmes, visitó a Medellín y Bello y anunció que su cartera acompañará a la Gobernación y a los alcaldes en la construcción de un Plan Integral de Seguridad Metropolitano.

El propósito es tomar decisiones conjuntas para lidiar de mejor manera con una problemática que, por el territorio y las dinámicas de la población, es intermunicipal. Pero, ¿qué ingredientes debe traer esta receta, para que sea exitosa?

Para comenzar, hay que decir que el plan no comenzaría de cero, pues en 2019 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), en asocio con la Universidad Eafit, presentó la Política Pública Metropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ppmscc), luego de tres años de discusiones.

El documento concluyó que “las dinámicas criminales en el Valle de Aburrá dan cuenta de que las fronteras político-administrativas no son un criterio adecuado para abordarlas”.

El eje de esta política lo conforman seis dimensiones: 1). Infraestructura tecnológica; 2). Gestión de la información; 3). Planeación Estratégica; 4). Transferencia del conocimiento; 5). Cooperación y alianzas; 6). Comunicación pública y rendición de cuentas.

“Uno de los hallazgos más relevantes del análisis es el problema de concentración de los organismos de seguridad y justicia, y su falta de presencia en el territorio (...), estos presentan grandes limitaciones operativas y de planeación. Solo Medellín cuenta con una cobertura relativamente superior. Tal restricción disminuye las posibles eficiencias que podrían ganarse de la acción mancomunada”, dice el estudio de la Ppmcc.

La política tiene un alcance de 10 años (2020-2030), para que prevalezca sobre las directrices de los alcaldes de turno.

Enemigos comunes

El general (r) José Acevedo, secretario de Seguridad de Medellín, contó que lo que sigue es construir un Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Piscc), que debe hacerse este año. Ese plan metropolitano estará articulado con los 10 planes municipales.

“La política está vigente, ahora estamos construyendo ese plan”, afirma. Como el Amva no es una autoridad en seguridad, su papel en este proceso será coordinar las dependencias involucradas.

En el Valle de Aburrá “tenemos problemas puntuales de cada territorio, y cada uno debe atacar sus propios problemas, y el Amva ya colabora en los que son conjuntos, para lo cual debe tener recursos, y aplicarlos en tecnología, capacitación o apoyo a actividades que ayuden al buen vivir de la población”, acota Acevedo.

Entre esos problemas comunes están las 350 bandas de la jurisdicción, de las que sobresalen algunas con tentáculos en varias localidades, como el “Clan del Golfo” y “los Triana”.

Y en la lista de los particulares están el turismo sexual y la trata de personas, que son más propios de Medellín; o la minería ilegal de oro, que afecta a Barbosa y Girardota.

El secretario de Gobierno de Sabaneta, Mariano Atehortúa, precisa que en su localidad ya están construyendo su Piscc, de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional, con miras a articularlo con el plan metropolitano.

El proyecto local incluye “la creación de la Secretaría de Seguridad, el aumento del pie de fuerza de la Policía y una nueva central de monitoreo”, añade.

Por su parte, Daniela Ortega, secretaria de Gobierno de Bello, expresa que “la idea es que conjuntamente elaboremos una política para abordar la seguridad de forma integrada. Buscaremos integralidad e innovación, como principios, y se tendrán ejes de trabajo articulados con la política nacional de seguridad, como la transparencia, ciencia y tecnología”.

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