Tras varios meses de trabas jurídicas, presiones a contratistas, acusaciones sin fundamentos y denuncias entre las partes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la estocada final al proceso de revocatoria contra el mandato del alcalde Daniel Quintero, en una decisión que ya se veía venir.
Con siete votos a favor y dos salvamentos de voto, los magistrados avalaron la ponencia de su colega César Abreo de no certificar los estados contables de la recolección de las firmas y de formular cargos a seis integrantes del comité revocador. Con ello quedó lejos la posibilidad de que los ciudadanos sean convocados a las urnas antes del 30 de junio de este año.
La ponencia de Abreo fue apoyada por siete de los magistrados, incluido Renato Contreras, del Centro Democrático, que la semana pasada pidió revisar los 2.000 folios del expediente para verificar si las pruebas allegadas al proceso estaban ajustadas al sentido de la ponencia de Abreo. Quienes sí salvaron su voto fueron los magistrados Hernán Penagos Giraldo, del Partido de la U, y Pedro Felipe Gutiérrez, del CD.
Sobre los cargos contra los promotores, el CNE estableció que el primero de ellos tiene que ver con el hecho de que “no figuran en los estados contables la totalidad de los aportes en dinero o en especie” que hicieron personas naturales o jurídicas a la campaña de recolección de firmas.
Este punto es particular porque estaría relacionado con el alquiler de sillas, carpas y mesas que no habrían sido reportados como gastos de campaña, aun cuando los líderes revocadores aseguraron que todo se presentó ante el CNE como se exige en la ley. Incluso, que se cuantificó el valor de lo que se consideraron donaciones en especie y se reportaron en el informe contable.
El segundo cargo se refiere a una presunta violación de topes en la campaña para la recolección de las firmas de apoyo ciudadano, que está establecido en $236 millones. Sin embargo, los líderes de la revocatoria han asegurado en varias ocasiones que este monto no se superó y que en el informe quedó estipulado cada peso que se gastó, a quién se le pagó y por cuál concepto.
En cualquier caso, la decisión del CNE ordena abrir investigaciones, por una presunta violación a los artículos 11 y 12 de la Ley 1757 de 2011, en contra de Andrés Felipe Rodríguez Puerta, Jorge Alejandro Posada Jaramillo, Luis Alfonso García Carmona, Jaime Gonzalo Torres Ojeda y Julio Enrique González Villa, integrantes del comité revocador, y a Raúl Bautista Quiroga, contador de la campaña de revocatoria.
Presión a los magistrados
La decisión del CNE se conoce un día después de que el Tribunal Superior de Medellín les diera 48 horas a los magistrados para certificar o no las cuentas del comité, a riesgo de incurrir en una orden de desacato a una tutela del 18 de marzo en la que les daba 10 días para tomar esa decisión.
Los magistrados anticiparon su decisión en la sala plena de ayer, a pesar de que se habían abstenido de votar la ponencia desde antes de Semana Santa y lo último que se supo era que Contreras iba a revisar todo el expediente, cosa que no ocurrió, dada la decisión que se tomó ayer.
Tras conocer la decisión a través de la prensa y las redes sociales, Andrés Rodríguez manifestó que esta situación va en contravía de la realidad y que es una medida más para obstaculizar el proceso y asegurar que los ciudadanos no puedan ir a las urnas en los tiempos establecidos para tal fin. Esto se debe a que aunque la votación de la revocatoria puede hacerse hasta el 31 de diciembre de este año, el plazo para elegir un nuevo alcalde en las urnas es hasta el 30 de junio de este año, es decir 18 meses antes de culminar el actual periodo. Si ganara la revocatoria, se debería nombrar para el cargo a alguien del mismo equipo político de Quintero, lo que en el papel se traduciría en un gobierno en cuerpo ajeno.
En la noche, el concejal Julio González criticó que el CNE no los haya notificado de su decisión antes de filtrar la información a Quintero y dijo que está tranquilo de afrontar cualquier investigación. “La financiación, que fue muy poca, se hizo con las donaciones que hicieron los ciudadanos de Medellín, gentes sencillas y de bien, que lo único que quieren es ejercer su legítimo derecho”, manifestó.
Como si fuera poco, también causó extrañeza que, como ha sucedido en otras ocasiones, el alcalde anunció primero la decisión del CNE en una rueda de prensa, antes de que el tribunal electoral lo informara. A las afueras de La Alpujarra lo acompañaron concejales de la coalición de gobierno, como Carlos Romero y Lucas Cañas; varios secretarios de despacho; y su esposa Diana Osorio.
“Desde el primer día que fuimos elegidos empezó la persecución contra nosotros, una persecución política, económica, mediática y hasta familiar. Nos montaron una revocatoria aliados con contratistas condenados y huérfanos del poder, que se dedicaron a hacerle daño a Medellín. Sin embargo, y a pesar de todo, hoy se ha hecho justicia”, expresó el alcalde, siguiendo el tono que ha usado durante todo el proceso que intentaba sacarlo de su cargo ante el descontento de varios ciudadanos con su gestión.
Un tono que ha estado surcado por graves acusaciones, muchas de ellas sin pruebas, en contra de las personas que lideran el proceso. La más reciente de ellas es que entre las donaciones a la campaña hubo dineros del nacotráfico y de delincuentes. Por estas expresiones, ya se anunciaron denuncias por injuria y calumnia, a la espera de que presente las pruebas que sustenten sus señalamientos.
Por el momento, Rodríguez anunció que tomarán las acciones legales que aún les quedan para defenderse de los cargos que les formularon. Pero el tiempo corre en su contra: mientras demuestran que no se violaron los topes y que reportaron cada centavo, tal como lo aseguran, las semanas seguirán corriendo y las dilaciones que desde un comienzo se pusieron al proceso seguirán surtiendo efecto.
Algunas de las polémicas más sonadas que tuvo el proceso
