La expedición de una norma del Gobierno Nacional que le da vida a las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), las cuales delimitarán el uso del suelo con fines de producción alimentaria, lo que podría modificar la vocación económica de los territorios y cerrarle la puerta a la minería, tiene el debate “prendido” en el Suroeste antioqueño, una de las regiones priorizadas según la resolución 377 del 26 de diciembre del Ministerio de Agricultura.
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Si bien el ministerio defendió la política, al argumentar que las APPA priorizarán la cosecha de 49 alimentos y le daría un portazo a la minería, cuyo aterrizaje en el Suroeste marcó la agenda política desde hace 10 años, las voces críticas manifestaron que la aplicación de la resolución podría afectar la vocación económica de los territorios seleccionados y que podrían extenderse a hasta 250.000 hectáreas de los 23 municipios del Suroeste, el 39% de toda la subregión.
La cuestión es que si bien la principal actividad económica del Suroeste es la producción cafetera y agrícola (sobre todo en cítricos y otras frutas, y recientemente aguacates hass), en ella también se desarrollan la minería, la ganadería y desde un tiempo para acá el turismo, actividades que –según los detractores de la resolución ministerial– quedarían en el limbo tras la delimitación de los polígonos.
Mientras tanto, la Gobernación de Antioquia terció ayer en el asunto y anunció que demandará la resolución por improcedente. El gobernador Andrés Julián Rendón calificó la norma como “una usurpación del Gobierno Nacional a las autoridades locales, en su lucha ideológica por oponerse al desarrollo de la minería”, y dijo que los concejos municipales son los únicos competentes en la Constitución y la ley para definir los usos del suelo y regular dónde se desarrollará la industria, la vivienda, el comercio o el agro.
“Con el espejismo de regular el subsuelo, que es competencia de la Nación, se están metiendo en cosas que no son de su resorte”, aseguró Rendón.
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La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, intentó calmar la marea el fin de semana y contó que su despacho ha definido una zona de estudio para determinar las áreas que hoy garantizan el abastecimiento alimentario y allí, con posterioridad, se declararán las APPA. “Nuestra definición no limita actividades ni determina usos, y sí nos permite acercarnos a donde hoy se desarrolla la actividad agropecuaria para protegerla. No se restringen usos, no hay relación alguna con procesos de adquisición de tierras”, aclaró la ministra.
¿Se anticipa la campaña?
Vale recordar que desde 2015 la empresa sudafricana AngloGold Ashanti tiene a su favor una declaratoria de Proyecto de Interés Nacional de la mina Quebradona, ubicada entre Jericó y Támesis, de la que, según estimaciones, se pueden extraer 4,91 millones de toneladas de cobre, 6,13 millones de onzas de oro y 85,1 millones de onzas de plata. Aunque tiene títulos mineros y permisos de exploración, la Anla archivó en 2021 la solicitud de licencia de explotación ante los vacíos que encontró en el Estudio de Impacto Ambiental.
En medio de esa coyuntura, el presidente Gustavo Petro ha fijado una posición clara. En enero de 2023 fue a Jericó y anunció: “El Gobierno Nacional privilegia el agua y por tanto detiene proyectos mineros que la ponen en riesgo”.
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En agosto de 2024, el presidente envió otro mensaje contundente en respaldo a los opositores de la minería: “Merecen el respaldo del gobierno del cambio en su lucha por mantener la belleza de sus tierras y la producción agraria. Allí puede prosperar una gran reserva de producción campesina, agroindustrial, ecológica y de turismo sostenible”.
En ese contexto es que se expidió la APPA. En la defensa de su resolución, Carvajalino apuntó que la “omisión reiterada” de las autoridades administrativas y judiciales en el control del uso del suelo y en sus deberes de protección “no se traduce en la libertad para degradar, erosionar o cambiar el uso del suelo de forma indiscriminada”.
Pese a las explicaciones dadas por la ministra, en el Suroeste antioqueño la discusión está abierta entre quienes ven las bondades de la resolución, sobre todo porque le cierra las puertas a la extracción minera, y quienes le encuentran falencias técnicas, jurídicas y de socialización.
Algunos productores y campesinos de Jericó comentaron que veían con buenos ojos la resolución expedida por el MinAgricultura. Por ejemplo, los propietarios de un proyecto de agroecología que produce cerca de 70 variedades de alimentos, comentaron que la norma les fue socializada desde 2024 por miembros de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. “En la socialización ya nos dijeron cuáles serían los polígonos. Para el caso nuestro, en el municipio de Jericó, se usó la información del Esquema de Ordenamiento Territorial de 2023, que señalaba donde había producción agrícola”, detallaron.
Sobre los diferentes usos del suelo –que según las explicaciones de la ministra no serán una “camisa de fuerza”–, los labriegos detallaron que la ven bien toda vez que varias producciones están relacionadas. “Está bien que no se ate el suelo a una sola actividad pues, por ejemplo, muchos cultivos como el maíz o el sorgo van para la producción pecuaria. O veamos por ejemplo lo que pasa con la producción maderera que también es una agroindustria y que puede estar ligada al cultivo de alimentos”, plantearon.
Estas apreciaciones también fueron recogidas por el Cinturón Occidental Ambiental, una articulación de organizaciones sociales del Suroeste antioqueño, que calificaron la resolución como “importante propuesta con la que el gobierno da un avance” para salir de la “imposición minera y extractivista”.
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Sin embargo, otra opinión tienen en otros municipios y sectores. El Comité Intergremial de Antioquia, que reúne 30 gremios económicos del departamento, dijo que la resolución no contó con la socialización de todos los actores relevantes del territorio, ni la incorporación de estudios técnicos sectoriales. Anunció que hay alertas en sectores claves de la región como turismo rural, ganadería, minería, comercio, aguacate hass y desarrollo inmobiliario.
“Es fundamental que esta resolución esté respaldada por planes que contribuyan a la competitividad y el desarrollo rural en lugar de afectarlos”, opinó Nicolás Posada, presidente de Intergremial.
A su vez, un productor cítrico de La Pintada que habló con EL COLOMBIANO detalló que la resolución debió venir acompañada de una política de desarrollo agrícola que trajera líneas de inversión con tasas favorables, plazos amigables y períodos de gracia asequible para los campesinos, para así apalancar la producción alimentaria. Sin embargo, esto no sucedió.
“Cualquier actividad agrícola, independiente de su tamaño, sino cuenta con un buen apoyo económico, se convierte en una tarea muy difícil. Por eso, sino hay líneas financieras para desarrollar, la producción es imposible”, detalló el productor. Según el gremio productor de cítricos en el Suroeste, en los últimos tres años se han perdido cerca de 4.000 hectáreas de producción por falta de apoyo económico. Esas hectáreas tuvieron que dedicarse a la ganadería.
Otra queja es que, hasta ahora, tampoco se han definido en este territorio los polígonos donde se desarrollarán las APPA. “Sí se han hecho discusiones en la provincia del Cartama, pero imagínese que ni siquiera ha venido el Agustín Codazzi –que es el que debe delimitar los polígonos –por acá”, apuntó.
El productor dijo que la norma se expidió “encima” de las recientes actualizaciones catastrales. Es decir que los nuevos avalúos catastrales aumentaron los valores de los impuestos prediales en el Suroeste, haciendo que la situación de los propietarios sea más asfixiante económicamente.
Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Centro Democrático, y uno de los más férreos opositores a esta iniciativa, señaló que la normativa tiene una finalidad oculta de atacar la minería que se ejerce en toda la subregión, tanto de oro como de carbón y piedra caliza que se extrae en Amagá y Angelópolis y que son la principal base económica en estos dos territorios. “No hacen un tratamiento parcial del Suroeste, o de municipios del Suroeste y tomando a algunos del Occidente. No, es una delimitación precisa del Suroeste antioqueño, de los 23 municipios, y podemos intuir que el primer objetivo de ellos se llama la minería”, explicó el congresista, quien también anunció demandas de nulidad contra la resolución.
Ante la crispación del debate, la ministra Carvajalino indicó que convocará a un “diálogo amplio y franco” para lograr que la producción de alimentos en Colombia se fortalezca. En dichas discusiones se esperan que se toquen temas como el mejoramiento de vías para sacar la producción y la llegada de maquinaria y tecnología agrícola de todas las escalas. Pues estos reclamos históricos también deberían estar incluidos en la resolución, como lo señalan los productores de uno y otro lado, y, sin embargo, hasta ahora están ausentes.
