Los copropietarios del desaparecido edificio Bernavento, demolido por fallas estructurales, recibieron este fin de semana la noticia de que no serán ellos quienes deban pagarle a la Alcaldía los 2.467 millones de pesos que costó el derribamiento de sus viviendas.
EL COLOMBIANO tuvo acceso a la carta que desde la Alcaldía le enviaron a los copropietarios. El documento, fechado el 13 de julio pasado, explica que una vez se cumplan los requisitos de ley (finalización del contrato con Atila Demoliciones) se interpondrá “una demanda de reparación directa en contra de las constructoras del edificio” para recuperar los dineros invertidos.
Verónica de Vivero, secretaria General de la Alcaldía de Medellín, explicó que la administración local tiene un tiempo de dos años de caducidad para interponer dicha demanda y que ya hay una estrategia jurídica diseñada para hacer que los implicados respondan.
Diego León Arredondo, copropietario y administrador de Bernavento, aseguró que la carta fue recibida con mucha alegría por los copropietarios, pues les da una esperanza de poder recuperar algo de todo lo que han perdido.
“Todos estamos muy contentos con la decisión y le agradecemos al señor alcalde (Federico Gutiérrez), a la gente del Dagrd y la Secretaría General por toda la ayuda que recibimos”, dijo.
Según Arredondo, los propietarios quieren vender el lote, pues muchos de ellos tienen grandes deudas que contrajeron para comprar y repotenciar los apartamentos. “La idea es ponerlo en venta, pues es un predio que no tiene ningún tipo de inconveniente legal y está muy bien ubicado”, agregó.
¿Quiénes pagarían?
Según la ficha técnica de Bernavento, entregada por los constructores a los compradores, el edificio de 48 apartamentos fue un proyecto liderado por la firma Promotora Bernavento, cuyo representante legal es Jorge Aníbal López Acosta. La gerencia estuvo a cargo de la firma Desarrollo Contemporáneo S.A., también en cabeza de López. La construcción y el diseño arquitectónico fueron asumidos por Promotora San Felipe, cuyo propietario era Sergio Mejía Botero, y el diseño estructural estuvo a cargo de Jorge Aristizábal Ochoa, quien esta misma semana fue condenado —en segunda instancia— a cuatro años y dos meses de arresto por el homicidio culposo de Juan Esteban Cantor, tras el desplome de la torre 6 del edificio Space.
Todas las empresas citadas figuran hoy en liquidación en la Cámara de Comercio de Medellín. Este diario intentó contactarse con los constructores y el diseñador, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
¿Más implicados?
La carta de la Alcaldía a los copropietarios del edificio especifica que en la demanda también se incluirán “las personas naturales o jurídicas que iniciaron la repotenciación”.
De Vivero aclaró que los copropietarios —quienes financiaron ese reforzamiento— “no estarán vinculados por el Municipio de Medellín”.
Así las cosas, es posible que dentro de la demanda sea vinculado el contratista Gheja Ingeniería, empresa con la que tampoco fue posible establecer comunicación.
En el proceso judicial serán claves los informes de repotenciación del contratista, los reportes técnicos del Dagrd y el concepto de peritos de la Fiscalía que visitaron la estructura antes de su derribamiento. Con esos elementos, un juez será el que decida quiénes y cuánto pagarán.
