El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, anunció ayer que denunciará penal y disciplinariamente a los directivos de EPM que ordenaron realizar una prueba de polígrafo a varios empleados en agosto pasado, pues considera que ese acto constituye intimidación, afecta el derecho a la información y “genera terror”.
Pero la empresa sostiene que la prueba fue iniciativa de un grupo de empleados y no de la Gerencia o la Junta Directiva. Maritza Alzate Buitrago, vicepresidente de Asuntos Legales y Secretaria General de EPM, explicó que “todo surgió con ocasión de una información que de manera irregular salió de EPM (...) Algunos de los funcionarios por los que pasó esa información le manifestamos a la organización que estaríamos de acuerdo en que se practicara un examen poligráfico”, dijo.
La información a la que se refiere es un documento físico en el que una consultora llamada Oliver Wyman hablaba de la rentabilidad de las acciones que EPM tenía en UNE.
Alzate aclaró que la prueba nunca tuvo que ver con el proyecto Hidroituango y la contingencia que atraviesa.
Según la funcionaria, 18 empleados de las vicepresidencias de Asuntos Legales, Estrategia y Crecimiento, Finanzas y Comunicaciones presentaron la prueba de manera voluntaria.
Las denuncias
Ayer Pérez le envió una carta al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en la que asegura que “es muy difícil compartir acciones de gobierno”, pues considera que la empresa de servicios públicos “trata muy duro a sus socios públicos y muy blandito a los contratistas privados”.
En dicha comunicación, Pérez sostiene que la prueba de polígrafo tuvo “indignantes preguntas” con las que EPM creó una lista negra en la que aparece él mismo, junto con concejales deliberantes, la Contraloría y periodistas.
“Funcionario que se relacione con alguien de esa lista es inmediatamente estigmatizado como sospechoso o culpable”, dijo y comparó la prueba con las que usaba la Gestapo (policía secreta de la Alemania nazi).
Sobre la supuesta lista negra, Alzate presentó una certificación firmada por el perito en poligrafía Juan Carlos Echeverri Garcés, en la que se manifiesta que “en ninguna de las etapas del examen se realizaron indagaciones, preguntas, comentarios o cuestionamientos que hicieran alusión al señor Gobernador o Contralor de Antioquia, o a algún periodista” .
¿Entonces qué se hizo?
María Isabel Correa Vargas, adscrita a la Vicepresidencia Jurídica de EPM habló en representación de los 18 funcionarios sometidos a polígrafo. “Todos estamos tranquilos de no haber entregado información de carácter confidencial”, declaró y agregó que las afirmaciones del Gobernador faltan a la verdad.
Alzate reveló que la prueba tenía una única pregunta orientada a determinar si el funcionario filtró información de manera irregular, sin cuestionar a quién y aclaró que los resultados de la misma no se conocen y que, en cualquier caso, no constituyen motivo suficiente para terminar un contrato. “Si hay alguna falta disciplinaria se remitirá a la oficina de Control Disciplinario”, aclaró.
