El gerente de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jorge Carrillo, señaló que la compañía tiene una propuesta para prorrogar el contrato de obra con el consocio CCCI, para que continúe la construcción de Hidroituango. La propuesta va en contravía de lo que ha dicho el alcalde Daniel Quintero desde hace meses en redes sociales, donde ha planteado un cambio a partir del 31 de diciembre.
“Hay sobre la mesa, con los contratistas actuales, una propuesta de prórroga. Nos falta determinar las condiciones”, precisó el funcionario en una entrevista concedida a la Revista Semana, refiriéndose al convenio que tiene fecha de terminación para fin de año. Lo que busca es que el consorcio ponga a generar dos turbinas de las ocho que tendrá el megaproyecto.
Carrillo afirmó: “Tenemos un plan de continuidad ya diseñado. Dependemos de la voluntad de las partes, y las señales indican que vamos a llegar a un acuerdo”. A su juicio, de esta manera se evitarían más retrasos y afectaciones a la continuidad del proyecto. Hay que recordar que entre las partes el único que ha condicionado la continuidad es el presidente de la Junta Directiva de EPM, que es el mismo alcalde Quintero.
Reiteró que no está en riesgo la generación de energía el próximo año. “El proyecto está en plena ejecución, con un cronograma de entrada que va acorde con las obligaciones de suministro de energía que tenemos (...). La realidad es que a primero de enero de 2022, sin ellos (los contratistas), no tendríamos una solución de continuidad aún”, aseguró.
En ese sentido agregó: “Estamos obligados a darle continuidad al proyecto con una prórroga hasta que el proyecto esté en un escenario seguro frente a cualquier eventualidad, llámese fallo (de la Contraloría en segunda instancia), llámese que llegó el contratista nuevo”.
Frente a los tiempos de la medida aseveró: “Vamos a prorrogar hasta que entren en funcionamiento las unidades uno y dos (de generación de energía), de forma garantizada. El que prende esas unidades es EPM”.
La continuidad o no del consorcio CCC Ituango en la obra ha suscitado múltiples debates en las últimas semanas. Por un lado, las tres empresas que lo componen (Conconcreto, Coninsa Ramón H. y Camargo Correa) fueron declaradas responsables fiscales en un fallo de primera instancia de la Contraloría, que las conmina a pagar $4,3 billones junto a otras 23 personas jurídicas y naturales, por la contingencia de la hidroeléctrica.
De otra parte, la búsqueda por parte de EPM de compañías que lo reemplacen en la culminación de la obra, ha prendido las alarmas por el riesgo de interrumpir los trabajos para darle paso a ese eventual nuevo actor. El consorcio se ha quejado por supuestas presiones para cederle su contrato a un tercero, en medio de polémicas permeadas también por posturas políticas diversas.
