El robo callejero de los cables de telecomunicaciones continúa siendo crítico en la ciudad. Según Tigo, en el primer trimestre de este año se registraron 566 eventos de vandalismo y hurto que afectaron la prestación de servicios fijos en varias zonas de Medellín. El panorama, sin embargo, no es nuevo.
Hacia finales del año pasado, este diario recibió un número considerable de quejas por fallas en los servicios de internet y teléfono fijo debido al robo de cableado. Dichos reportes, este año, no han menguado, aunque la afectación más reportada en los últimos días ha sido la interrupción de la telefonía fija. Sectores como Robledo, El Poblado, San Cristóbal, Belén, San Benito, La Castellana, Conquistadores y Estadio padecen la problemática (ver Gráfico).
De hecho, este fin de semana los habitantes del barrio Campo Valdés alertaron a la Policía Nacional sobre la presencia de actores extraños en el lugar. La alerta temprana permitió capturar a 7 hombres, entre los 27 y 50 años, cuando pretendían hurtar 41 metros de cable de cobre para telecomunicaciones. Los hombres, según la institución, se camuflaron como contratistas para cometer el hecho, por medio de uniformes e identificaciones falsas. El cable recuperado fue avaluado en $6 millones.
Hablan los afectados
Jhon Jairo Muñoz sostuvo que ajusta más de 15 días sin teléfono fijo en su casa. Aseveró que no le dan respuesta sobre el tema. Diana Londoño, auxiliar en una empresa de químicos y antibacteriales que está ubicada en el Parque Industrial de Prado, es otra de las afectadas. Lleva más de 20 días sin teléfono. Tampoco ha obtenido una respuesta clara por parte de su operador.
“El teléfono es lo primordial para una empresa, y más con esta pandemia. Nos tienen súper perjudicados. Llamamos y nos indican que es algo grupal; que somos como 900 los afectados en la zona. De verdad, ya no sabemos qué hacer. Nos parece injusto, porque la cuenta de servicios sigue llegando”, expuso.
EL COLOMBIANO le preguntó a su comunidad en redes sociales por este tema, pues, tras ser consultada, la empresa Tigo afirmó que “la única causa de desconexión masiva de servicios de telefonía fija en la ciudad es el hurto de cables de cobre y el vandalismo sobre nuestra infraestructura de alta velocidad”.
Las experiencias encontradas fueron similares a las de Martínez y Londoño. Martín Rico Herrera, por ejemplo, relató que en La Pilarica, Robledo, llevan más de dos meses sin teléfono por el robo de cables. En su caso, el operador suspendió el cobro del servicio. Daniel Guz confirmó que muchos sectores de San Cristóbal están en la misma situación. “Y la única solución que brindan es la migración a fibra óptica, pero es tanta la demanda que ya las conexiones son casi nulas y muchos usuarios por ningún lado han tenido solución (...)”, relató.
Responden operadores
A finales de 2020, Tigo publicó en este diario lo que llamó una carta abierta a la opinión pública, con el título “La inseguridad tiene en jaque la conectividad de Medellín”. En esta, la empresa señaló que el robo de infraestructura de telecomunicaciones en la ciudad “es una realidad, no es un engaño, es una situación grave que afecta a los usuarios y a la compañía (...). Tenemos zonas en las que se roban cientos de metros de cable o fibra y, a pocas horas de la reposición, los delincuentes vuelven a hurtar la infraestructura (...)”.
Sobre la problemática también se pronunció Claro. El operador expresó que el hurto de infraestructura no solo afecta la operación de empresas y comercios, sino, también, a hogares que, por la pandemia, trabajan y estudian desde casa.
“El hurto de equipos de red perpetrado por bandas organizadas, sin duda causa un daño económico a las empresas, pero lo más grave es el daño operativo, por los tiempos de reparación y restablecimiento del servicio a los ciudadanos, quienes son los más afectados”, enfatizó.
Al respecto, la Policía Metropolitana detalló que, en lo que va del año, las capturas por hurto de cable han subido 50% en el Valle de Aburrá: 18 personas han sido capturadas, 9 más que en el mismo periodo de 2020. De las 18, Medellín ha puesto 13, 8 más respecto a enero-abril del año pasado. El incremento ha sido de 61%.
Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, gremio que reúne a Tigo, Claro y Telefónica (Movistar), habló sobre el incremento: “Es importante que los usuarios sepan que muchas veces las fallas en la prestación del servicio obedecen a este tipo de hechos. Esto no solo afecta a las empresas prestadoras del servicio, sino, finalmente, a la comunidad y a los usuarios”.
Con relación a los operativos realizados, la Policía detalló que, a la fecha, se ha logrado la recuperación de 672 metros de cable, 482 de estos en Medellín (ver recuadro).
¿Y el sistema judicial?
Sobre este tema, Hoyos le hizo un llamado a las autoridades: “Esto no puede ser un problema exclusivo de las empresas. Necesitamos mayor presencia de la Policía y de las administraciones municipales para que colaboren con esta situación”. Desde el gremio, aseveró, “hacemos todo lo posible para mantener la red en funcionamiento, garantizar la prestación del servicio y evitar que esto suceda. Pero necesitamos mayor contundencia en la persecución de estos criminales”.
Tigo también se pronunció sobre este tema: “Hacemos un llamado a las autoridades, especialmente a los fiscales y jueces que reciben estos casos cada día, para ponerle celeridad y darle a la Policía y demás autoridades de control los dientes suficientes para desmantelar estas bandas delincuenciales”. Acotó, asimismo, que con el apoyo de las autoridades, “se ha logrado la judicialización de 210 personas responsables de hurtos a nuestra infraestructura en Antioquia”, entre 2020 y 2021.
Al respecto, Óscar Santamaría, abogado penalista, explicó que a los capturados se les suele llevar a Unidades de Reacción Inmediata o a la Fiscalía, pero, como el cable robado es poco, se les priva de la libertad solo por un tiempo. Aclaró, sin embargo, que cuando se habla de una red de actores que se dedican a este tipo de hurtos, ello puede constituirse en concierto para delinquir, como lo precisa el artículo 340, de la Ley 599 del 2000.
Para prevenir esta práctica, el experto señaló que se debe avanzar en tres frentes: el primero consiste en ampliar la cobertura de policías judiciales y fiscales para investigar los orígenes del delito; el segundo propone evitar, desde políticas públicas sólidas, que habitantes de calle recurran a esta práctica para sobrevivir; y, tercero, se debe avanzar en la captura de los jefes de las organizaciones que se lucran del cobre robado.
“Acudir a la extinción de dominio, para atacar el problema desde donde se maneja el capital”, concluyó el penalista
672
metros de cable robado es lo que ha recuperado la Policía en el Aburrá este año.
566
actos de vandalismo y hurto registró Tigo durante los primeros tres meses de 2021.
