En poco menos de dos meses, Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón tomarán las riendas de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia en medio de un agitado ambiente político y una relación que se proyecta compleja con el gobierno de Gustavo Petro.
Pese a que ambos políticos recibirán dos administraciones en contextos muy diferentes, la incertidumbre presupuestal se muestra desde ya como uno de los principales retos a los que deberán hacer frente desde sus despachos, con el agravante de no esperar mucho de las arcas nacionales.
Y es que mientras Gutiérrez llegará a liderar una Alcaldía que durante los últimos cuatro años ha estado en el centro de una cascada de denuncias de corrupción y manejos administrativos que tienen a múltiples programas y entidades desfinanciadas, Rendón asumirá la dirección de un Departamento que ya viene con su relación resquebrajada con el Gobierno Nacional, sobre todo luego de que desde Bogotá se dejara en el aire proyectos como la culminación de las autopistas 4G, cuya financiación no quedó siquiera incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, sin importar los múltiples reclamos y alertas por parte de la bancada antioqueña en el Congreso.
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Como ingrediente adicional, tanto Gutiérrez como Rendón asumirán sus cargos luego de una campaña en la que expresaron abiertamente sus reparos a múltiples políticas y actos del gobierno Petro.
En sus primeras entrevistas como mandatarios electos, ninguno se guardó sus reparos al referirse al gobierno nacional, por ejemplo en cuanto a la Paz Total, en una muestra de lo que será su tono con la administración central.
“La verdad yo no creo en eso. A mí me parece que eso es más un engaño total. Pienso que es muy propio de contemporizar con el crimen, de tratar a los delincuentes con zanahoria y a los ciudadanos con garrote, para mí la paz es el imperio de la ley en todos los rincones del país”, expresó por ejemplo Rendón al ser consultado sobre esa iniciativa de la Nación.
En dicha entrevista, el gobernador electo dejó entrever que en el ejercicio de su cargo buscará no depender presupuestalmente de las arcas nacionales para apalancar los proyectos regionales.
Por su parte, Gutiérrez, que también se mostró escéptico con la Paz Total, reveló el pasado 30 de octubre que un día después de las elecciones no había si quiera recibido comunicación por parte del Gobierno Nacional.
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“Después de las elecciones regionales hay un golpe duro al Gobierno Nacional, pero ojalá lo entiendan como una oportunidad de enderezar el camino. Si el Presidente me llama y nos dice que quiere trabajar de la mano de nosotros así tengamos diferencias, y que nos vamos a encontrar en puntos comunes, inmediatamente le digo que estamos más que dispuestos a tener una relación respetuosa y armónica”, dijo Gutiérrez.
Así las cosas, uno de los interrogantes centrales que aparece sobre la mesa apunta a la incidencia que podría tener en los grandes proyectos de ciudad y de región esa difícil relación con Bogotá, de cuya chequera han salido buena parte de las apuestas de infraestructura más ambiciosas de los últimos años, como por ejemplo el metro ligero de la 80.
Otro factor que también entra en la ecuación son las tensiones que se heredarán de este cuatrienio que termina, sobre todo en Medellín, con el grupo político del exalcalde Daniel Quintero, cuyo legado no solo serán los líos administrativos que quedan en el conglomerado público, sino los alfiles suyos que quedaron amarrados en entidades como el Metro, que esta semana estuvo en el centro de una polémica luego de que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunciara una toma hostil propulsada por la nueva junta directiva que nombró Petro y que su vez está integrada por dos contratistas activos de la alcaldía y una de las integrantes de la junta directiva de Ruta N de Quintero.
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Por el lado de Gutiérrez el empalme también se proyecta tenso, por cuenta de varias renuncias que se avecinarían en el gabinete y la auditoría forense que desde antes de su victoria advirtió emprendería, para establecer a qué bolsillos habrían ido a parar los recursos públicos de Medellín.
A pocos días de que comience formalmente el proceso de empalme, hacemos un mapeo de los temas más importantes que deberán afrontar las próximas administraciones distrital y departamental en el cuatrienio que viene.
Gutiérrez recibe una Alcaldía en crisis
Cuando tome posesión de su cargo el próximo 1 de enero, el alcalde electo Federico Gutiérrez no solo tendrá que recibir una Alcaldía con gran parte de sus lazos rotos con la academia y el sector privado, sino con un panorama presupuestal adverso por varios frentes, en el que múltiples entidades del conglomerado local están con sus cuentas al límites o sus saldos en rojo.
La situación es especialmente sensible en instituciones como EPM, que pese a lograr poner a funcionar las primeras cuatro unidades de Hidroituango, el proyecto de generación de energía más costoso y ambicioso de su historia, tiene sus números bajo un alto estrés, sobre todo por cuenta de proyectos problemáticos como su incursión en la costa caribe con Afinia, la capitalización de Tigo-Une, el enrevesado mecanismo de alivio en las tarifas de energía para el que se destinaron $100.000 millones y que podría representarle un golpe en caja de hasta $400.000 millones (dejando un saldo pendiente que luego tendrá que ser asumido por los usuarios) y otras inversiones problemáticas anunciadas, como la compra de acciones en la Triple A de Barranquilla.
Como en un efecto dominó, la reducción en la proyección de ingresos que sufrió la compañía a finales de 2022, dejó huecos en múltiples instituciones, como por ejemplo el Instituto Tecnológico Metropolitano, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor de Antioquia, que tuvieron que acudir al Concejo buscando un desembolso extraordinario de $78.000 millones para pagar la nómina de sus profesores y no tener que suspender proyectos investigativos, de infraestructura y otros programas.
Por otros frentes, pese a que la ciudad contó durante el último cuatrienio con el presupuesto más alto de su historia, el margen de maniobra para la administración entrante –y las que vengan en los próximos años– se proyecta estrecho.
Mientras por un lado el gobierno saliente dejó empeñadas millonarias vigencias futuras, por otro dejó chicharrones que tendrán que ser atendidos, como un rezago en los aportes a los fondos pensionales.
En el caso de las vigencias futuras, si bien el Concejo autorizó comprometer hasta $3,1 billones bajo esa figura en 11 proyectos, por lo menos $1,83 billones corresponden a recursos que no podrán tocarse entre 2024 y 2037.
Dentro de los proyectos a largo plazo a los que serán destinados esos recursos aparecen algunos como el metro ligero de la 80, la financiación del fondo de estabilización tarifaria, las reparaciones en los colegios y escenarios deportivos que están sumidos en una crisis de infraestructura sin precedentes y la construcción de la cárcel para sindicados del corregimiento de San Cristóbal, que fue entregada a la polémica firma mexicana Prodemex, la única que presentó una oferta.
Por el lado de los bonos pensionales, que incluso le costaron al exsecretario de Hacienda Óscar Hurtado una investigación de la Procuraduría General, el mismo obligará a capitalizaciones de hasta $1 billón a la administración Gutiérrez.
Sumado a estos líos, el nuevo alcalde tampoco tendrá una relación fácil con Gustavo Petro y de paso con la chequera a su cargo en el nivel nacional, a quien ha cuestionado duramente desde la camapaña presidencial de 2022. Un día después de ser electo, Gutiérrez dijo que dentro de sus prioridades estará recuperar EPM, Buen Comienzo y Ruta N.
Rendón hace cuentas sin Petro
El gobernador electo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ve tan compleja la cofinanciación de los proyectos estratégicos del departamento por parte del Gobierno Petro, que, sin posesionarse, ya baraja opciones para lograr los cierres financieros y que las obras no se queden engavetadas. “Si llega la financiación del Gobierno muy bien, pero si no, tendremos que tener alternativas”, planteó.
El primer atranque regional está en las vías 4G. En septiembre, el ministro de Transporte, William Camargo, dijo que el Gobierno no tiene recursos para la finalización de las obras pendientes en las autopistas de Antioquia. Hoy hay varios parches que están en el limbo, como el intercambio de Primavera, en Caldas; los 3,3 kilómetros que faltan de doble calzada entre Primavera y Camilo C; la solución al daño que dejó el derrumbe en la Sinifaná que requiere un doble túnel de 800 metros; y la conclusión de las obras complementarias del túnel del Toyo.
Rendón dijo que desde ya trabaja con la bancada antioqueña en el Congreso para presentar un proyecto de ley que permita modificar la reglamentación de las alianzas público privadas que rigen las concesiones en Colombia para que los contratos se pueden adicionar no hasta en un 20%, como es posible ahora, sino en un 50%, como cualquier contrato público. “Así, sin pedirle un solo peso a la Nación, logramos los $3 billones faltantes para culminar las vías del Suroeste, el túnel del Toyo y la Conexión Norte, adicionando los contratos existentes”, justificó.
Rendón fue tajante: “No creo que nos vayan a dar recursos. Ojalá, yo quisiera que el presidente entendiera que esto no se trata de dogmatismos, ni de ideologías. Estas vías 4G no son para los ricos de Antioquia como lo ha dicho, estas vías son la conexión más importante del suroccidente colombiano con los puertos de Urabá”, justificó.
La punta de lanza de la financiación de los proyectos públicos en la administración de Rendón será el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea). Contó que la entidad puede prestar hasta $7 billones y que “hoy solo tiene colocados $1,5 billones. Hay muy buena liquidez aún en el mercado de capitales doméstico, hay que salir a buscar también fondos en el mercado de capitales externos y buscar que el Idea se fondee ampliamente y pueda poner esos recursos aquí”, precisó.
Dijo que esa plata apalancará la construcción de vivienda de interés social, de carreteras y hasta de las líneas férreas que contempla el departamento, siendo el Tren del Río el primero en la línea de partida.
Pero Rendón hasta habló de convertir el ferrocarril en multipropósito para que no solo transporte pasajeros —movilizaría 224.000 personas diarias en 2026—, sino que tenga la posibilidad de llevar carga para que inversionistas privados se sumen a la financiación y se reduzca así la dependencia de la plata del Gobierno Nacional.
Hasta mencionó un plan B para conseguir la plata que se necesita para hacer la segunda pista del aeropuerto José María Córdova de Rionegro. En los estimativos que se presentaron en mayo en el Senado, el director de la Aerocivil, Sergio París Mendoza, calculó que las obras podrían costar $3,7 billones.
“Le voy a plantear al alcalde electo de Rionegro destinar el 20% de la tasa aeroportuaria que se puede destinar para infraestructura vial. Voy a ver si lo convenzo, para no depender del Gobierno Nacional. Podemos conformar una gran bolsa junto a la Gobernación y a la Alcaldía de Medellín para financiar en una parte importante la segunda terminal”, dijo.
La pregunta es si tanta dicha podrá ser cierta y los tres grandes proyectos de infraestructura del departamento se podrán desatrancar solo barajando las cartas que tiene la región.
