La Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU), la cuarta entidad del conglomerado público del Municipio que más plata ejecuta en inversión, tiene desde agosto pasado un nuevo manual de contratación cuya novedad más sobresaliente es que el límite en el proceso por Invitación Privada (IV) pasó de $454 millones a $9.085 millones, un 1.900% más. Esto quiere decir que ahora la entidad puede convocar para sus contratos a quienes considere y entregarles cifras millonarias para los proyectos, evitando controles que se aplican cuando se hace licitación.
En este momento hay al menos ocho proyectos en curso por invitación privada, regidos por el nuevo manual para la implementación y dotación de seis centros del Valle del Software; el mantenimiento de sedes a cargo de la Secretaría de Educación; además de la construcción de la ampliación de Carabobo Norte, cuyo valor a contratar está solo $147 millones por debajo del nuevo límite.
La millonaria modificación contractual quedó consignada en el artículo 28 del nuevo manual, debatido y aprobado en las juntas del 4, 5 y 6 de agosto pasado y expedido por la resolución JD 05 de 2021, firmada por el presidente de la junta y el secretario de Gobierno, Esteban Restrepo; y por Raúl Morales Vallejo, secretario ejecutivo de la junta.
El renovado manual, que derogó uno expedido en marzo de 2018 por la resolución JD 003 de 2018, es el documento que señala las particularidades internas en materia contractual, así como las que se derivan de la vigilancia y control de la ejecución de los procesos de la entidad. Con una contratación casi directa por poco más de 9.000 millones de pesos, se asume que hay todo un riesgo en la asignación de recursos públicos sin control alguno.
Las modificaciones
Una de las modalidades contractuales es por invitación privada para conseguir bienes y servicios, en la cual la EDU, con el respaldo en estudios de mercado, señala las condiciones mínimas para la participación de los postores y establece los criterios de evaluación. Luego elige un mínimo de tres proveedores que manifiesten interés en la convocatoria y elige el que sea más favorable.
Cuando se presenten más de tres manifestaciones de interés, la entidad selecciona mínimo tres, y en caso de que se presenten menos, “se podrá continuar con las presentadas”. La máxima cuantía permitida por esta modalidad en el manual de 2018 era de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), es decir, $454.263.000.
Si el contrato superaba esa cuantía, la contratación debía surtirse por invitación abierta, en la que hay un número indeterminado de proveedores.
El derogado manual también permitía que estos contratos se adicionaran, pero la ejecución total no podía superar los 500 smmlv, salvo los contratos de obra, en los que se permitían “obras extras o adicionales” que fueran necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.
El nuevo manual, aprobado en agosto pasado, cambió algunos términos de la modalidad por invitación privada. El más significativo es el tope, que puede oscilar entre los 1.000 smmlv ($908.526.000) y los 10.000 smmlv ($9.085.260.000). Ahora solo procede la contratación por invitación abierta cuando la cuantía sea superior a los 10.000 smmlv.
Se mantuvo la adición sin límite. El nuevo manual dice que estos contratos “podrán adicionarse, ampliarse y/o modificarse” siempre que “exista justificación previa, recomendada por el comité de contratación”.
Implementación inmediata
Pongamos cifras en contexto para ver la envergadura de esta entidad, basados en el informe que consolidó las finanzas del Municipio y sus entidades descentralizadas con corte al 31 de diciembre de 2020, realizado por la Contraloría de Medellín.
La EDU registró ese año ingresos presupuestales por $779.051 millones. Los gastos totales ascendieron a $330.821 millones, de los cuales el 94,3% ($312.082 millones) correspondieron a inversión. En este último ítem, la Empresa está en el top 5 de las entidades que más plata destinan para inversión dentro del conglomerado público de Medellín, solo detrás de las ejecuciones del Municipio ($4,94 billones), EPM ($4,11 billones) y el Metro ($323.069 millones).
Sus ingresos corrientes fueron por $150.724 millones, 82,7% de estos generados por la celebración de convenios interadministrativos para la ejecución de proyectos y el 17,3% obtenido por honorarios en la administración de los proyectos.
A propósito de ejecución de proyectos, ya hay ocho en curso, por Invitación Privada (IP), regidos por el nuevo manual. Entre todos suman $23.508 millones. Se trata de las IP 43 y 44, ambas ofertas publicadas el 23 de agosto, 17 días después de expedirse el nuevo manual. La primera es por $2.174 millones y se abrió para la implementación de los centros del Valle del Software de Manrique, Santo Domingo y San Antonio de Prado.
La segunda, por $1.902 millones, para implementar los mismos centros en Belén, Castilla y San Cristóbal.
El pasado 22 de septiembre se publicó la IP 45, por $1.702 millones, para el suministro y transporte de mobiliario y equipos de los seis centros del valle del software mencionados. La IP 46 se publicó el 30 de septiembre, casi rayando el límite de la modalidad contractual: fue por $8.938 millones, esta vez para la construcción del proyecto vial Carabobo Norte. La IP 47, del 4 de octubre, se publicó para la interventoría de este proyecto vial, por $1.263 millones.
Las IP 48 y 49 (5 y 11 de octubre) se abrieron para obras de mantenimiento en sedes a cargo de la Secretaría de Educación, por $5.375 millones; y su interventoría, por $1.104 millones. La última fue la IP 50 (13 de octubre) para la interventoría de la terminación de la unidad de actuación 2 del plan parcial de Naranjal, por $1.050 millones.
“No es el camino correcto”
La seccional Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) criticó la modificación del manual de contratación de la EDU. El primer reproche es que el documento mantuvo la posibilidad de adicionar y ampliar sin límite los contratos, posibilidad vigente desde 2018, entregando al mismo contratista nuevas etapas o alcances del proyecto sin la apertura de nuevas contrataciones.
Dijo que permanecen los tiempos cortos para manifestar interés (un día) y para la presentación de ofertas (siete días), lo que “pone en riesgo la idoneidad” de las mismas y la adecuada ejecución del proyecto. Señaló, a su vez, que continúa la no estandarización de criterios de participación y evaluación en los procesos de contratación, ejemplo, la capacidad financiera (liquidez, capital de trabajo, endeudamiento, entre otros), lo cual podría limitar la amplia participación de posibles proponentes idóneos.
Para José Fernando Villegas, director regional de la CCI, el cambio en el manual de contratación va en la dirección equivocada: “La contratación privada es opaca, la contratación abierta es más transparente porque los procesos son visibles y cualquiera los puede consultar. Lo que se busca siempre es que la gente sepa qué está pasando con los recursos públicos”.
Llamó la atención sobre algo más: las obras grandes las debería ejecutar la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín, que tiene conocimiento y experiencia acumulada, y no las empresas de desarrollo urbano que no fueron creadas para tal fin.
Una advertencia similar emitió la entidad en septiembre, cuando se abrieron los procesos de contratación del Parque de Artes y Oficios de Bello y del nuevo Palacio Municipal de Envigado (Ver recuadro). Consideró entonces que las empresas de desarrollo urbano son intermediarios que no ejecutan los contratos directamente sino a través de contratación con particulares, lo que tiene un costo que encarece el valor final del proyecto, además de que las condiciones de contratación no se rigen por los principios de la contratación pública
