Entidades sin ánimo de lucro que históricamente han ejecutado los programas para los adultos mayores más vulnerables de la ciudad se vieron en aprietos para participar en la nueva licitación pública, debido a que la Alcaldía de Medellín hizo cambios en la modalidad de contratación. Esto genera dudas y algunos se atreven a pensar que el pliego de condiciones se habría fabricado a la medida de una empresa con mayor músculo financiero, pero con menos experiencia en este sector.
Fuentes cercanas al proceso explicaron que el primer gran cambio que hizo la Alcaldía fue consolidar en dos lotes todos los programas de la Secretaría de Inclusión Social para atender a esta población, que sufre abandono, desamparo, enfermedades y pobreza, entre otras vulneraciones.
Resulta que lo usual era que los contratos se entregaran más segmentados por programas, principalmente a organizaciones sin ánimo de lucro, muchas de las cuales tienen hasta dos décadas de experticia en trabajo con adultos mayores. La actual convocatoria pública, que se abrió el pasado 8 de abril y está en etapa de evaluación de las propuestas, agrupó todos los frentes en un solo proceso por un valor de $26.453 millones.
El objeto es la “prestación de servicios de promoción, prevención y asistencia para la superación del riesgo social de personas mayores del municipio de Medellín”, que deberá desarrollarse entre junio y el 31 de diciembre de este año. El monto se dividió en dos lotes, el primero por $9.317 millones y el segundo por $17.135 millones.
¿Limitaron la participación?
Pero lo que realmente llama la atención es que el 11 de mayo, día en que según el cronograma se vencía el plazo para expedir adendas o cambios en el pliego de condiciones, la Alcaldía modificó un requisito en el indicador de capacidad financiera y de organización de las entidades interesadas. Estableció que debían acreditarse un capital de trabajo del 10% del presupuesto total del contrato, lo que para el lote 1 significa $931 millones y para el 2, $1.713 millones.
Esto se convirtió en una especie de freno para que las organizaciones sin ánimo de lucro participaran en la licitación. No cuentan con un músculo financiero tan amplio, teniendo en cuenta los golpes económicos de la pandemia y que el objeto social que han desarrollado por años al atender a adultos mayores no deja ganancias mayúsculas y los pocos excedentes que obtienen los reinvierten.
“Con ese porcentaje pocas de esas entidades sin ánimo de lucro (Esales) podían presentarse, lo que podría entenderse como una forma de disminuir sus posibilidades de competir para beneficio de una empresa con más músculo económico”, indicó una fuente que conoce el proceso.
No obstante, desde la Secretaría de Inclusión Social indicaron que unir todo en dos lotes era necesario para mejorar la calidad de los servicios: “Logramos identificar las fortalezas y oportunidades de mejora en las estrategias de promoción, prevención y asistencia y lo hicimos mediante la clasificación de los usuarios por riesgo social y sobre esto se estructuró la reorganización de los servicios de manera articulada, colaborativa y sistemática”.
Según la explicación de la dependencia, el riesgo social de esta población implicó revisar la forma como se prestan los servicios desde el Equipo de Personas Mayores Amautta y se concluyó que se podía establecer otro camino contractual y metodológico para mejorar. Así, el lote 1 contempla los Centro Vida Gerontológicos (servicio diurno), y el Dormitorio Social (servicio nocturno). El lote 2 incluye el modelo de larga estancia y el proyecto de familias cuidadoras.
Sobre el requisito del 10% del capital de trabajo, la Secretaría de Inclusión Social explicó que es para garantizar las mejores condiciones económicas y financieras para prestar los servicios. Esto, porque el contrato es de prestación de servicios, pero los pagos se hacen mes vencido: “Las entidades deben contar con el capital disponible para la operación del primer o segundo mes de trabajo, de lo contrario estaría la administración generando un riesgo para la adecuada atención de nuestros usuarios, al no tener la certeza de que se disponen de los recursos necesarios para el inicio de la atención, pago de proveedores, recurso humano, alimentación, entre otros servicios”.
¿Convocatoria a la medida?
En los documentos cargados a la plataforma Secop II consta que el 3 de mayo pasado la Alcaldía respondió una primera tanda de observaciones que los interesados hicieron al pliego de condiciones. El Centro Empresarial Educativo Corpocemped solicitó que se estableciera el capital de trabajo en el 10% del valor del contrato. La administración respondió que “para este proceso no es necesario contar con capital de trabajo, toda vez que los indicadores solicitados están acordes al objeto y cuantía de contrato y con ellos no ponen en riesgos la ejecución del contrato”.
El 10 de mayo, Corpocemped insistió en el mismo asunto porque consideraba que la cuantía del contrato quedaba en alto riesgo de incumplimiento si no se exigía el 10% de capital de trabajo. Esta vez la administración le dio la razón y estableció dicho porcentaje el 11 de mayo. Al respecto, la Secretaría de Inclusión Social indicó que este paso se surtió en la etapa de prepliegos que permite mejorar los requisitos contractuales para tener una ejecución de calidad. Pero algunos operadores de estos programas que no cuentan con tanta capacidad creen que quedan perjudicados con el solo valor tan elevado de uno de los lotes.
La Secretaría de Inclusión opina que la licitación permitió que se presentaran múltiples entidades, incluidas las Esales, “que lograron agruparse o de manera individual para participar de acuerdo a la normatividad existente”. Finalmente, se presentaron tres interesados.
Para el lote 1, el de $9.317 millones, hubo tres propuestas (en una de ellas Corpocemped); para el lote 2, el de $17.135 millones, hubo un oferente, también Corpocemped en alianza con 4E SAS para conformar el consorcio Unidos por el Adulto Mayor, como consta en la propuesta cargada al Secop II. El consorcio propuso a 27 entidades sin ánimo de lucro como posibles prestadores del servicio de larga estancia, con el que actualmente se atienden unos 990 adultos mayores en hogares diferentes a la Colonia de Belencito. De esas 27, unas 15 han venido operando este programa en la ciudad.
Desde la Secretaría de Inclusión señalaron que la licitación no favoreció a una entidad particular y que permitió la participación abierta y plural. Asimismo, recordaron que cada una debió certificar experiencia en trabajo con adultos mayores.
Para algunas fuentes el hecho de que haya sido convocatoria abierta es transparente, pero no deja de quedarles la sensación de que habría terminado, de todas formas, limitando la participación de las organizaciones sin ánimo de lucro que tienen amplia experiencia con objetos sociales como atención a personas mayores o a habitantes de calle.
El consorcio Unidos por el Adulto Mayor certificó experiencia de un contrato con la Secretaría de Participación Ciudadana (2011), dos para operar la Colonia de Belencito (2020 y 2021), uno con Plaza Mayor (2017), otro con la Alcaldía de Bogotá (2018) y otro con la Corporación Gente Viva (2020).
En el informe de evaluación de propuestas publicado el pasado viernes, los tres oferentes del lote 1 y el consorcio entre Corpocemped y 4E SAS, para el lote 2, deben subsanar algunos aspectos. Por el momento ninguno fue habilitado para la adjudicación del contrato. Según cronograma de la última adenda este debe firmarse el 15 de junio próximo.
Fuentes cercanas al proceso esperan que los adultos mayores sigan siendo el centro de los programas, pues muchos llegan en alarmantes condiciones de vulnerabilidad o de soledad, y ven una esperanza en estos servicios. La Alcaldía, por su parte, resaltó que enviaron oficios a la Personería y la Contraloría de Medellín y a la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá para que acompañaran el proceso licitatorio con el fin de garantizar la transparencia.
