Las corporaciones autónomas regionales (CAR) de Antioquia manifestaron su preocupación por la nueva Ley de Páramos, recién aprobada por el Congreso esta semana. Según las instituciones, la normativa que busca proteger los páramos podría dejarlas sin los recursos necesarios para su funcionamiento.
En un comunicado conjunto, Corpourabá, Cornare y Corantioquia explicaron que los recursos con los que financian las tareas de control, seguimiento y protección del patrimonio ambiental provienen de las transferencias del sector eléctrico y la tasa por utilización de agua.
De acuerdo con las corporaciones, el artículo 24 de la nueva Ley de Páramos tiene “una redacción confusa y que genera gran preocupación” porque no especifica qué recursos de las transferencias del sector eléctrico y la tasa por uso irían a las CAR.
“Con la modificación mediante la cual se establece que todo o una parte de los recursos provenientes de dichas transferencias y tasas que actualmente reciben las CAR seráns transferidos al Fondo Nacional Ambiental (FONAM), se menoscaba el principio constitucional de autonomía del cual están dotadas las Corporaciones Autónomas Regionales y los entes territoriales”, dice el comunicado.
Según las CAR antioqueñas, esto ocurriría porque los recursos que hoy llegan directamente a las regiones empezarían a administrarse de manera centralizada desde la capital de la República, donde no conocen realmente “cuáles son las necesidades en materia ambiental”.
De igual forma, las corporaciones denuncian que la Ley de Páramos deja vacíos normativos sobre el monto de las transferencias del sector eléctrico, “así como también se deja a la interpretación si la transferencia la realiza directamente la generadora de energía al FONAM o a la CAR”.
Las autoridades ambientales antioqueñas invitaron al Gobierno Nacional a revisar la Ley de Páramos, especialmente el artículo 24.
Más controversias
Este no es el primer llamado de atención de los expertos sobre la Ley de Páramos. Esta semana, cuando el texto fue aprobado en el Senado, el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra denunció que la normativa hace un “gravísimo conejazo al sector ambiental”.
El articulado establece que el 70 % de los recursos del impuesto del carbono irán a parar al Fondo para la Paz, cuando hasta este momento, gracias a la Ley 1819 de 2016, el 100 por ciento de ese tributo se destinaba a la protección ambiental.
“Esto es una payasada, un acto indecente”, afirmó Rodríguez Becerra.
A la Ley de Páramos solo le falta la sanción del presidente Juan Manuel Santos.
