Esta es la hora en la que Alba Torres recorre la derruida y abandonada cárcel de Titiribí y sigue sin entender de dónde sacaban fuerzas y ganas los presos para pintar murales, hacer carpintería, terminar el bachillerato y participar en proyectos de reciclaje.
La cárcel de Titiribí operó en un edificio de más de 100 años y al momento de ser desalojada hace tres años, por graves fallas estructurales, era operada por el Inpec como un centro de reclusión distrital, encargado de albergar, en condiciones poco dignas, a 130 presos hacinados (el doble de su capacidad), quienes debían pagar su condena en un presidio cuyas celdas, con nombres de próceres de la Independencia, parecían galerías de un cementerio abandonado. Con la humedad filtrándose por todas partes, un patio ínfimo y, muchas veces, con la imposibilidad de ver durante meses a sus seres queridos.
En esa misma cárcel, una vez esté restaurada, operará un piloto de justicia restaurativa con la que el Gobierno Nacional pretende transformar el actual modelo punitivo, un cambio controversial que configura uno de los pilares de las grandes reformas que se propuso el presidente Gustavo Petro.
La historia de cómo este pequeño municipio del Suroeste se metió en semejante reto empezó, incluso, desde antes de que Petro se convirtiera en presidente. Tras el cierre de la cárcel, las estaciones de Titiribí y municipios vecinos se convirtieron en focos de hacinamiento, mientras que las familias de personas sindicadas empezaron a sufrir el drama de tener lejos –en otras subregiones y en Medellín– a sus seres queridos.
Buscando alguna solución para los dos problemas, el de seguridad y el de derechos humanos, el alcalde Jaime Humberto Salazar se topó con el modelo de justicia restaurativa, aunque no veía cómo darle forma, pues tenía claro los problemas financieros y administrativos que le caerían si se metía en la vaca loca de operar la cárcel.
Cavilando alguna solución, conoció –cuenta– a Juan Guillermo Sepúlveda, director de la Fundación Colombia Restaurativa, quien le ofreció montar el proyecto en el municipio y operar la cárcel bajo este nuevo modelo.
Pero todavía faltaba el aval de la Gobernación de Antioquia para permitir que la cárcel municipal fuera operada por un tercero. No solo llegó el visto bueno sino que el Departamento acaba de anunciar que tiene listos recursos para repotenciar y acondicionar el centro penitenciario, lo que demandará alrededor de $1.500 millones.
El espaldarazo definitivo llegó hace una semana, en medio del Foro de Justicia Restaurativa de la Cámara de Comercio de Medellín, en el que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se comprometió a ofrecer el apoyo técnico para que ese primer piloto en el país en el que se embarcó Titiribí sea exitoso.
¿Cómo funcionará?
Lo primero que aclara el alcalde Salazar es que la propuesta que le entregaron al Ministerio de Justicia aplica solo para sindicados por delitos menores (como hurto, estafa, lesiones personales, entre otros).
Si el sindicado acepta entrará a un programa en el que debe salir todos los días a trabajar en diversos proyectos que mejor se ajusten a su perfil y conocimiento. Titiribí es la capital mundial de las mulas de silla, de paso fino, trote y trabajo, por lo que el adiestramiento de mulas y la marroquinería hacen parte de la oferta de trabajos a los que pueden acceder si deciden integrar la escuela de artes y oficios.
Según el mandatario, grandes empresas como Contegral dieron su voto de confianza para sumarse al proyecto con la granja que está construyendo en el municipio. También empresas productoras de aguacate hass y limón tahití para exportación dijeron presente.
Una vez los sindicados terminen su jornada de trabajo, en la tarde, debe cumplir con sus acciones de restauración. Esto es, reconocer y reparar la culpa que cometieron contra su o sus víctimas y que de esta forma estas últimas sientan que la justicia las compensó.
Para ello es necesario que los sindicados sean de la región, de manera que tanto sus víctimas como sus familias hagan parte activa de las acciones de restauración y resocialización. Aquí se contempla, por ejemplo, que el detenido le enseñe el oficio que maneje a su víctima, le ofrezca sus servicios o adelante capacitaciones públicas sobre el conocimiento que domine.
Ya en la noche deberá volver a la cárcel y este día entero se le computará como futuro descuento de su pena, al momento de ser condenado.
Salazar sabe que esto despierta muchos temores, quizás el principal de todas es la seguridad. El mandatario señala que la idea es que haya un mínimo personal de seguridad y a medida que avance el modelo sea cada vez menor.
Esto se explica por una razón: la justicia restaurativa aplica bajo el principio del restablecimiento de la confianza entre el infractor y la sociedad. Quien haga parte del piloto lo hace porque su delito es excarcelable, y si atenta contra ese voto de confianza se enfrenta a una pena punitiva mayor.
En cuanto a la viabilidad financiera del proyecto, la idea es que los municipios cercanos o que tengan sindicados allí paguen la cuota que por ley les corresponde a las entidades territoriales por cada sindicado que entra al sistema penal (como $2.500.000 mensual). Además, el beneficio económico derivado del trabajo de los detenidos servirá para generar recursos a su núcleo familiar.
En el municipio mascullan estas y otras preguntas, pero, en líneas generales, parecen darle pulgar arriba a que su pueblo sea el lugar de nacimiento del modelo de cárcel restaurativa en Colombia.
Alba, actual coordinadora del Plan de Gestión Integral Residuos Sólidos y quien por años fue una especie de madrina de los reclusos, dice que el municipio tiene la apertura social para entender que este modelo, que respeta los derechos humanos, garantiza la resocialización de quienes cometen delitos, que es lo que en últimas se busca de un sistema de justicia.
Pero no a todos les termina de sonar este piloto. El alcalde Salazar cuenta que la Cámara de Comercio de Medellín es reticente, a pesar de que varias empresas afiliadas han mostrado interés de sumarse. Algunos alcaldes vecinos tampoco le ponen una cara muy favorable. Pero Titiribí está subido en ese tren y contará con el apoyo del gobierno de Cataluña, quien precisamente tiene un antecedente exitoso de justicia restaurativa en adiestramiento de equinos y trabajo social con condenados de la organización nacionalista ETA. También estará la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.
Si el proyecto avanza en los tiempos, en el primer trimestre se espera que el contratista elegido entregue la repotenciación de la cárcel que deberá albergar entre 60 y 70 sindicados. A más tardar arrancando el segundo semestre el primer piloto de justicia restaurativa verá la luz.
