Según la Procuraduría, las obras, que fueron financiadas por el Sistema General de Regalías en más de $12.600 millones, sufrieron cobros de más por la falta de vigilancia de las servidoras.
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra de dos funcionarias de la Gobernación de Antioquia de la administración por presuntas irregularidades en la supervisión de los trabajos adelantados para controlar la erosión en el volcán de lodo de Arboletes, justamente donde se desarrolla un proyecto turístico.
Las afectadas por el pliego de cargos son Ángela Patricia Duque Ramírez y Juana María Ossa Isaza, quienes se desempeñaban como profesionales universitarias adscritas al Dagran y quienes avalaron en sus informes los pagos realizados a la firma contratista encargada de las obras de mitigación pese a que los desembolsos hechos contenían valores superiores a las cantidades de obra o labores efectivamente ejecutadas.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías señaló que las aparentes inconsistencias en la obra, que habría tenido un valor de más de $12.600 millones, están relacionadas con el monto de dinero reconocido por el transporte de piedras y material arenoso desde las canteras contratadas hasta el sitio de las obras.
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Al parecer, para el pago de ese servicio se habrían liquidado en favor del contratista distancias superiores a las verdaderamente cubiertas por los vehículos que efectuaron el traslado de esos elementos. Por ejemplo se habría indicado que la cantera se ubicaba a 64 kilómetros cuando en realidad estaría a 33 kilómetros, hecho que causó un sobrecosto de la obra.
Por esa razón, las investigadas habrían vulnerado los principios de la responsabilidad, moralidad y economía de la función pública, pues su aparente conducta “dio como resultado un posible detrimento patrimonial con una repercusión negativa en contra de las arcas del Estado, al haberse pagado emolumentos no contemplados en la ejecución del proyecto”, se lee en un comunicado de la entidad.
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Por esos hechos, el órgano de control calificó la presunta conducta de las entonces funcionarias como una falta gravísima cometida con culpa grave. Se espera que en próximos días, el ente investigador ahonde en sus pesquisas.
