Luego de un fin de semana turbulento, en el que empresarios, diputados y hasta el presidente Gustavo Petro expresaron todo tipo de reparos a la iniciativa de la Gobernación de Antioquia de imponer un nuevo impuesto de seguridad vía servicios públicos, el gobernador Andrés Julián Rendón advirtió que se mantendrá firme en esa iniciativa.
Pocos minutos después de que en la Asamblea Departamental la Comisión Primera abriera una sesión en la que se realiza el primer debate de ese proyecto de ordenanza, Rendón convocó a una rueda de prensa en la que participaron más de 100 alcaldes de todos los rincones del departamento, que se madrugaron para La Alpujarra a expresar su respaldo a ese proyecto.
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En su intervención, el gobernador no solo se defendió de los cuestionamientos jurídicos que planteó el pasado viernes EPM sobre ese proyecto de ordenanza, sino que sostuvo que muchas de las preocupaciones que se han planteado desde varias agremiaciones económicas, que alertaban de empresas que podrían pagar hasta $5.000 millones por cuenta de esa contribución, serían infundadas.
“Es muy fácil hablar, pero que difícil es hacer y procurar que las cosas cambien”, dijo Rendón, sosteniendo que el Proyecto de Ordenanza esta vez no será retirado.
Al igual que este fin de semana, en medio del debate que entabló con el presidente Gustavo Petro en redes sociales, Rendón insistió en que el impuesto no recaería sobre el 85% de los antioqueños (correspondientes a los exentos estratos 1, 2 y 3) y que en la mayoría de los clientes industriales y comerciales no sobrepasaría los $30.000 al mes.
“Estamos haciendo lo correcto, tengo esa convicción. Estamos haciendo lo que nos corresponde para que los antiqueños puedan vivir y disfrutar de la libertad. Yo fui elegido para hacer que las cosas pasen y eso es lo que procuramos en este momento. Lo que está tomado lugar hoy en la Asamblea no es nada distinto a lo que ha sido el sello de mi vida y de mi trabajo político”, dijo.
Sobre la discusión legal, la Gobernación se mantuvo en que la interpretación jurídica de EPM sería errada y argumentaron que por cuenta de una sentencia de la Corte Constitucional (la C-363 de 2023) estarían completamente habilitados para imponer la tasa.
“La ley 2271 en su artículo 12 fue revisada por la corte y la declaró exequible y le dio un efecto extendido para la aplicación de la tasa de seguridad a todos los departamentos. En esa potestad suprema que tiene la Corte Constitucional de salvaguardar la ley y la constitución se debe de acatar todos sus fallos. Realmente me aparto del concepto de EPM”, argumentó la secretaria general de la Gobernación, Martha Patricia Correa Taborda.
Además de diferir de que la sentencia de la Corte fuera una luz verde para imponer el impuesto, cabe recordar que EPM expresó su preocupación por que dicha tasa afectara el recaudo y pudiera incluso meter a la compañía en problemas con la Superintendencia de Servicios Públicos.
El respaldo de ese centenar de alcaldes aparece en medio de uno de los momentos más críticos del debate de la tasa de seguridad, que este lunes inició su discusión en la Comisión Primera de la Asamblea, encargada de los temas de Hacienda y Crédito Público.
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En julio pasado, en dicha corporación Rendón se había visto forzado a retirar ese proyecto de ordenanza luego de que desde la bancada del movimiento Creemos, el mismo que lidera el alcalde Federico Gutiérrez, se radicara una ponencia negativa alertando que el tributo golpearía la economía del departamento.
Si bien desde el pasado sábado 23 de noviembre esa bancada volvió a anunciar su oposición a ese proyecto, en un pronunciamiento en el que instaron a la Gobernación a buscar otras fórmulas de financiación diferentes a un nuevo tributo, Rendón esta vez continuará adelante con la iniciativa.
Además de Creemos, agremiaciones como el Comité Intergremial de Antioquia, Fenalco Antioquia, la Andi y la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios también han expresado sus reparos a la idea.
Luego de la rueda de prensa realizada en la Gobernación, los más de 100 alcaldes que acudieron al llamado del Gobernador se desplazaron a la Asamblea de Antioquia para presenciar la sesión.
En medio de todo ese cruce de interpretaciones, serán entonces los 26 diputados los que tendrán la última palabra.
