Faltan menos de tres meses —80 días para ser exactos— para que se venza el contrato con el consorcio constructor de la Hidroeléctrica de Ituango —que termina el 31 de diciembre— y todavía es un enorme interrogante lo que va a pasar.
La situación es la siguiente: el contrato con el consorcio constructor se renueva ahora cada fin de año. Y EPM tiene hasta el último momento para decir: el próximo año vamos a cambiar los contratistas.
Pero esa decisión es demasiado compleja porque quien la tome se echa sobre sus hombros la responsabilidad de lo que pueda ocurrir de ahí en adelante con un proyecto estratégico para el país, toda vez que representará el 17% de la generación de energía.
Si por cambiar contratistas se da cualquier demora —lo cual ninguno de los involucrados niega que puede ocurrir— es posible que en 2022 no entren a funcionar las dos primeras turbinas, de las ocho que tiene el proyecto, y ello podría acarrear no solo mayores pérdidas, sino también encarecer el servicio de energía para todos los colombianos.
Adicionalmente, como informó la W, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le advirtió a una delegación del Gobierno Nacional en Washington que si no se prenden las turbinas en el tiempo acordado podría hacer efectivas las cláusulas del préstamo que le permiten exigirle a EPM el pago de la deuda. Eso tendría tintes catastróficos, desde el punto de vista financiero, para EPM.
El problema es que aún no tiene un argumento sólido para meterse en esta monumental decisión. Y estarían a la espera de que la Contraloría General de la República ratifique el fallo para tener el argumento que le hace falta. Sin embargo, en los últimos días, en los pasillos de EPM aseguran que ya no van a esperar el fallo de la Contraloría para cambiar de contratistas.
Si bien es una afirmación de fuentes bien informadas, todavía no se ha oficializado la decisión. Y cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, esa versión parece lógica si se tiene en cuenta que ya no queda mucho más tiempo para hacer el cambio.
La sola firma de un contrato de esta dimensión, que algunos han calculado en 4 billones de pesos, si se hace con todo el rigor, se toma el tiempo que queda y más. Eso sin contar el empalme entre contratistas y la definición sobre los campamentos y las plantas de agua y eléctrica que son de propiedad de los contratistas actuales.
Hay un primer fallo de la Contraloría General que condenó a la mayoría de implicados a pagar 4,3 billones de pesos por detrimento patrimonial. Sin embargo, ese fallo todavía no ha quedado en firme porque tiene recursos en su contra y también una segunda instancia.
La movida de la Contraloría es crucial porque si antes de terminar el año ratifica el fallo, EPM tendría el argumento que necesita para no renovar el contrato con el consorcio constructor. Sin embargo, el tiempo apremia y es altamente probable que la Contraloría no pueda fallar.
El contralor Felipe Córdoba entiende que el fallo podría causar un daño monumental a un proyecto clave del país.
Además, porque ante las señales claras de que el seguro piensa pagar la póliza en su totalidad y la está pagando (ya ha abonado 350 millones de dólares), no habría ningún detrimento. Sin duda, el contralor Córdoba no se quiere echar sobre sus hombros parte de la responsabilidad de lo que sería un eventual fracaso de Hidroituango.
EL COLOMBIANO conversó de manera informal con el gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Carrillo, sobre ¿si este año no queda en firme el fallo de la Contraloría los contratistas actuales podrán seguir?
A lo cual el gerente contestó: “Lo que estamos valorando es y se lo explico con un ejemplo: usted tiene un tío complicado de plata, embargado, él le pide 100 millones de pesos, ¿usted se los suelta?... hay que pensarlo”.
Y añadió: “Lo que vamos a hacer es pedir acompañamiento a los entes de control y les vamos a decir, los contratistas están en riesgo pero son mi mejor alternativa. Yo aspiro a que me digan que sí, porque si dicen que no, pues me toca pensar otros escenarios”.
El otro gran interrogante es por qué EPM no ha metido el pie en el acelerador para reclamar el pago de las pólizas. Sería una solución al problema, pues en la medida en que se pague la póliza, al menos 1.000 millones de dólares —de los cuales ya van 350 millones—, se caería el caso en la Contraloría y así no habría razón para cambiar de contratistas.
Sin embargo, EL COLOMBIANO consultó con especialistas en este tipo de seguros y ellos afirman que, aunque EPM antes había tenido buen récord en cobro de pólizas, como el caso de Guatapé que en menos de un año la pagaron completa, en realidad este tipo de pólizas se toman dos o tres años en pagar.
Ese tiempo ya prácticamente ha pasado. Pero el hecho de que EPM interpuso también una demanda contra las aseguradoras —algo poco común— comenzó a retrasar la dinámica de los pagos.
“Y el ruido de que van a cambiar a los contratistas ha desviado la atención de los reaseguradores”. Varios indicios señalan que la confianza que tenían los reaseguradores con EPM —que son los que al final pagan— se está perdiendo.
El gerente de EPM, Jorge Carrillo, debe estar hoy barajando alternativas porque el tiempo apremia
