El Juzgado 17 Penal del Circuito de Medellín, con función de conocimiento, tiene prevista para hoy (9:00 a.m.) la audiencia de acusación contra el gerente de Hidroituango S.A. y el gerente de la filial EPM Ituango durante la contratación y adjudicación de las obras del proyecto Hidroituango en 2010.
Según el escrito de acusación radicado ante el despacho por la fiscal 10 especializada María Lorenza del Castillo Moreno, Luis Guillermo Gómez Atehortúa y Luis Javier Vélez Duque serán acusados por la probable comisión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
EL COLOMBIANO contactó a los exdirectivos. Vélez respondió que “por precaución y respeto por las entidades de control considero prudente no hablar de este asunto”; mientras que Gómez, pese a las llamadas y mensajes dejados en su móvil, no contestó.
El expediente
El pasado 27 de febrero, el entonces fiscal General, Néstor Humberto Martínez, explicó que una de las líneas investigativas relacionadas con el proyecto se denominaba “el pecado original de Hidroituango”. La Fiscalía identificó presuntas inconsistencias desde el inicio, tales como anomalías en la fase precontractual y supuestas deficiencias en la celebración de los contratos, estudios de diseño y ejecución de la obra.
Una vez anunciada la apertura del proceso penal, la audiencia de formulación de imputación se llevó a cabo el 27 de marzo. Los dos procesados no aceptaron el cargo.
Posteriormente, el 21 de junio, la Fiscalía presentó el escrito de acusación en el que reiteró su hipótesis procesal y expuso los motivos que, considera, sustentan la calificación del delito mencionado.
Los hechos
La Fiscalía expuso que el 17 de noviembre de 2009 la sociedad Hidroituango, propietaria del proyecto, hizo la primera invitación pública internacional para la construcción de la central. A la primera etapa precalificaron siete empresas: cuatro brasileñas, una china, una coreana y EPM.
Luego continuó el proceso y se entregaron los términos de referencia preliminar. En enero de 2010, la Sociedad convocó a una subasta para entregarle al mejor postor la construcción de la central. Sin embargo, en agosto de ese año la Sociedad y EPM acordaron que esta última construyera, operara, mantuviera y transfiriera la central, figura conocida como contrato Boomt, por sus siglas en inglés.
En su exposición en febrero, el fiscal Martínez sostuvo que el 9 de junio de 2010 se frenó el proceso de oferta pública internacional. “Se hizo la convocatoria y, en medio del proceso, se suspende abruptamente para iniciar una negociación directa, no concurrente, no de libre competencia, con EPM (...) Fue una selección unívoca para la construcción del proyecto”, afirmó.
El 30 de marzo de 2011, finalmente, se firmó el contrato Boomt que comprometió a EPM Ituango, entonces filial de EPM, a financiar y construir el complejo. Según el cronograma, la primera unidad debería encenderse en 2018.
“Como se dispone que la hidroeléctrica no saldrá a licitación internacional, se le manda una carta a los seis operadores que habían preclasificado. EPM, por consideraciones regionales, como se les informó a los precalificados, terminó siendo el contratista, asignado a dedo para llevar a cabo esta macro obra civil”, añadió el fiscal en febrero.
El ente acusador consideró que de este hecho se desprende que hubo “incumplimiento” de los principios de transparencia; selección objetiva, porque “no hubo libre concurrencia”; y tercero, “no hubo libre competencia buscando el socio estratégico y excluyendo por razones locales a competidores extranjeros, lo cual vulnera tratados internacionales que ha suscrito Colombia”.
En relación con este proceso, EPM ha manifestado que “ha actuado de manera transparente y en el marco de lo que permite la ley”. Asimismo, ha reiterado su disposición “permanente” para colaborar con la Fiscalía .
7
firmas preclasificaron a la primera invitación pública para construir el proyecto.
50
años de vigencia tiene el contrato Boomt firmado entre la sociedad dueña y EPM.
