No es nuevo el problema, de hecho es un fenómeno histórico, pero desde 2016 el hacinamiento en los centros de detención transitorios del Valle de Aburrá se ha duplicado, llegando a presentar, con cifras de ayer, una sobrepoblación en estaciones de Policía del 713 %.
Este año la Personería de Medellín tomó cartas en el asunto. Está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que podría ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) el traslado de sindicados a centros de reclusión como Bellavista y Pedregal.
El hecho partió de una sentencia del Tribunal Superior de Medellín que ordenó que en un plazo de seis meses, desde el pasado 29 de julio, se debía dar trámite a este tema, y que en máximo tres años el Municipio debe construir una cárcel metropolitana para detenidos.
No obstante, la misma Personería, que ganó en primera instancia, apeló la decisión porque considera que es demasiado tiempo y que puede prestarse para actos de corrupción por venta de cupos en penitenciarias, además de que el Inpec alegara que no está en capacidad para efectuar el traslado por hacinamiento en las prisiones.
Ni un preso más
En 22 estaciones de Policía había hasta ayer 1.748 detenidos, cuando solo tienen capacidad para 215. En el búnker de la Fiscalía había 98 y los calabozos, en teoría, solo tienen espacio para 25.
Esta situación provoca que estas personas que están privadas de la libertad se enfrenten a condiciones indignas, por lo cual el personero de Medellín, Guillermo Durán Uribe, insiste en el inmediato traslado.
“No se debe dejarle el criterio al Inpec, se necesita que un juez le diga cuántos deben recibir, no esperar cuando considere que los pueden trasladar (...) vemos que no hay voluntad y por eso también acudimos a la Procuraduría para que investigue qué es lo que pasa”, dijo.
El secretario de Seguridad local, Andrés Tobón, se sumó a las voces que piden solución y agregó que otro asunto que agrava el hacinamiento y la salida de presos hacia Bellavista, por ejemplo, es el cierre de tres patios en esta prisión.
“El problema no obedece exclusivamente al aumento de capturas, sino a la pérdida de capacidad por culpa de malos manejos administrativos”, afirmó.
Aunque es un problema para el área metropolitana, Tobón fue tajante en expresar que pese a este fenómeno no se frenará la operatividad y el combate a las bandas criminales.
Durán dijo que, además del traslado de detenidos, es igual de apremiante que se cumpla con la ley, pues de conformidad con esta todo municipio debería tener un centro para sindicados y Medellín carece de uno.
“Aún así, hay beneficios que no se están otorgando en las cárceles para presos que tienen derecho a estos y eso también agrava el hacinamiento (...) La solución no es construir más cárceles pues si pudiéramos sacar del bolsillo una, es posible que en pocos días ya esté sobrepoblada. Debe revisarse nuestro sistema”, apuntó el personero.
No obstante, el alcalde Federico Gutiérrez considera que un nuevo centro aliviaría la carga y mencionó que aún esperan que se construya la cárcel agrícola en Yarumal, para la cual el Municipio aportó $7.000 millones.
Responde el Inpec
Martha Lucía Feho, directora para Antioquia del Inpec, desestimó las declaraciones del personero Durán y dijo que sí existe voluntad. Muestra de ello, reveló, es que este año se han trasladado 1.918 detenidos a penitenciarias de la región.
“Estamos haciendo todos los esfuerzos, entendemos la problemática, pero hay que comprender que en Antioquia existe un hacinamiento carcelario del 91 %”, comentó.
Por otro lado, dijo que la administración de recursos para habilitar los patios cerrados de Bellavista le corresponde a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Mientras se resuelve eso han acompañado 350 solicitudes de presos con más del 50 % de condena cumplida para que, con beneficios, puedan salir de la cárcel.
“Igual el problema es más de fondo, del sistema penal, porque nosotros seguiremos trasladando detenidos y las estaciones de policía van a volverse a llenar”, sentenció Feho.
