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“Espero justicia”: habla la madre de menor de edad a la que habría abusado el exdirector de Corpourabá

La mujer, a la que le reservamos la identidad, asegura también que siente temor por su vida porque en los últimos días gente desconocida la ha seguido y le ha tomado fotos.

  • Alexis Cuesta, exdirector de Corpourabá, fue capturado el año pasado, como presunto responsable del abuso sexual de una menor de edad que es su sobrina. FOTO: Cortesía
    Alexis Cuesta, exdirector de Corpourabá, fue capturado el año pasado, como presunto responsable del abuso sexual de una menor de edad que es su sobrina. FOTO: Cortesía
14 de febrero de 2025
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“Decidí hablar por primera vez de forma pública porque ya es el momento de hacerlo; la verdad, me siento con mucho miedo, con mucho temor, temor por mi vida, siento que algo me puede pasar”. La incertidumbre la siente la madre* de la menor de edad víctima de abuso sexual, presuntamente de parte de Alexis Cuesta, exdirector de Corpourabá, quien está en un proceso judicial por estos hechos.

El exfuncionario fue capturado en mayo de 2024 y está con medida privativa de la libertad tras ser señalado como presunto responsable del abuso sexual en contra de la adolescente de 15 años, quien es su sobrina. Lo que se ha conocido hasta el momento de este proceso judicial es que el hombre es investigado porque la Fiscalía tiene indicios de que, al parecer, habría llevado a la niña a un hotel por medio de engaños y que allí habría abusado de ella tras suministrarle alguna sustancia.

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Incluso, al hotel en cuestión le impusieron un cierre temporal por haber permitido el ingreso de la menor de edad a una habitación sin compañía de sus padres. Ahora, su madre rompe el silencio: “Desde el principio me han buscado mucho para hablar, pero decidí no hacerlo porque esto es algo que me causa mucho dolor, es muy traumático, porque lo dañan a uno como familia completamente, tanto a la hija que sufrió esto como a los otros hijos. Incluso, este tema solamente se ha comentado con mis familiares cercanos y con personas muy cercanas a mí, pero yo pienso que ya es el momento de hacer una denuncia pública”.

La mujer, quien aún está en la región del Urabá, donde sucedieron los hechos, cuenta que en los últimos días se ha sentido perseguida y vigilada por personas desconocidas que, incluso, le han tomado fotografías: “Esta semana se plantó un carro afuera de mi negocio, no compraron nada, vi que bajaron la ventana y me tomaron unas fotos. También fue una moto y miraban el negocio y tomaron fotos. He estado llamando a la Policía para que me haga acompañamiento en las noches hasta la casa”. Además, la mujer asegura que no ha tenido problemas en el pasado con nadie que pudiera estar detrás de las amenazas que siente.

La denunciante afirma que por lo menos en cuatro ocasiones ha llamado a la estación de Policía para que la acompañen en los desplazamientos entre el trabajo y la casa, y que los uniformados acuden y le brindan la seguridad. Este medio contactó al coronel William Alberto Zubieta Pardo, comandante del Departamento de Policía de Urabá, para verificar dicho acompañamiento, pero él contestó que la información debe solicitarse por medio de un derecho de petición.

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La mujer relata que el presunto agresor es el hermano del padre de su hija y que se volvieron cercanos en el Urabá, en 2022, cuando ella llegó con sus hijos desplazada desde otra región para evitar que grupos armados ilegales reclutaran a uno de ellos. Asegura que todo lo ocurrido la tomó por sorpresa, debido a que se había establecido una relación de confianza: “Él se ganó toda mi confianza y de mis hijas. Mejor dicho, era un hombre que nosotros admirábamos, una persona respetuosa, amable, sencilla”.

Ahora, dice, tiene las pruebas suficientes, que también están también en poder de la Fiscalía, sobre el caso de su hija, para demostrar lo ocurrido, entre las que se encuentras los resultados de los exámenes médicos realizados a la adolescente víctima. Señala que dichas pruebas las tienen además custodiadas personas de su entera confianza por si a ella llegara a sucederle algo, aunque agrega que desconoce de dónde pueden provenir los seguimientos que asegura que le están haciendo.

Entre los últimos avances de este caso, el pasado enero se dio una audiencia en la que la defensa solicitó la libertad del presunto responsable de los hechos, pero el juez la negó, decisión que fue apelada por el abogado de Cuesta.

Para el 19 de febrero próximo se tiene programada otra audiencia. “Yo he estado en todas las audiencias, porque espero que se haga justicia. Mi hija todavía se despierta llorando, a veces a mí me toca quedarme hasta las 5:00 de la mañana hablando con ella porque no tiene sueño, ella está con tratamiento de psiquiatría. El año pasado le tocó terminar el colegio en la casa, estaba en once. Dejó todo, el deporte, el estudio, cayó en una depresión”, dice la madre de la menor de edad.

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La posibilidad de que el exdirector de Corpourabá recupere la libertad por decisión de un juez ha causado polémica en la región. Justamente, en enero pasado, colectivos feministas de la zona hicieron un llamado para que siga privado de la libertad mientras avanza el proceso y se da una decisión de fondo tras la etapa de juicio. Se espera que en las próximas audiencias la Fiscalía también dé a conocer las pruebas que hay en contra del presunto responsable y que la defensa presente argumentos.

“Yo espero justicia. Existe una justicia divina y existe una justicia terrenal. Yo quiero que él pague por lo que le hizo a mi hija, por lo que nos hizo a nosotros. Eso es como una pesadilla que no se la deseo yo a nadie”, añade la madre de la víctima, quien espera que las autoridades le brinden protección permanente ante los hechos que ha vivido en los últimos días.

Flagelo preocupante

Este caso forma parte de una preocupante realidad en el Urabá antioqueño, donde, según indicó el comandante Zubieta Pardo en enero pasado, las violencias sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes aumentaron un 8% en 2024, año en el que 72 personas fueron capturadas, “entre ellos un funcionario de alto cargo de Urabá”.

Pero no es solo en esa región. Los delitos sexuales contra los menores de edad siguen siendo uno de los principales atentados contra sus derechos y existe un alto subregistro, porque aunque las denuncias han aumentado, persiste el temor para hacerlo, en parte por la inoperancia del sistema de justicia. Además, porque en la mayoría de los casos los presuntos agresores son familiares o personas muy cercanas al hogar.

Según cifras de Medicina Legal, solo entre enero y diciembre de 2024, se registraron 1.808 casos de presuntos delitos sexuales contra menores de edad en Antioquia, de los cuales 1.501 fueron contra niñas y 307 contra niños. Recuerde que estos hechos se deben denunciar de forma inmediata ante cualquier autoridad, en la línea 123 o en la línea 141 del Icbf. No importa si se trata de casos que están ocurriendo en hogares, colegios, hoteles o lugares públicos, la ciudadanía es corresponsable.

*El nombre se reserva por seguridad de la fuente y protección de la menor de edad.

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