Un grupo especial de la Fiscalía realizó una nueva inspección en la Alcaldía de Medellín en medio del esclarecimiento de responsabilidades en el caso Hidroituango. Esta vez, según confirmó EL COLOMBIANO, los funcionarios buscan las actas de los consejos de gobierno que tuvieron lugar entre 2008 y 2011.
La diligencia, que tuvo como objeto los archivos del despacho Privado de la Alcaldía, pretende recolectar material que permita reconstruir la secuencia de decisiones tomadas por las diferentes administraciones respecto al proyecto, previo al siniestro registrado en 2018.
Se sabe que el ente investigador, que fue delegado por la Corte Suprema de Justicia, busca información específica sobre el periodo del exalcalde Alonso Salazar, quien fue imputado por la Fiscalía por su supuesta responsabilidad en manejos inapropiados de las obras del megaproyecto hidroeléctrico.
Las pesquisas del ente investigador se centran, inicialmente, en presuntas irregularidades de contratación. Resulta que la adjudicación directa del contrato Boomt, mediante una negociación con EPM, habría vulnerado principios esenciales de contratación pública. Por ese motivo, se anunció la imputación del delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Otro asunto referente a temas ambientales y que llamó la atención de la Fiscalía fue que en junio de 2015, EPM inició la implementación de un sistema auxiliar de desviación del río Cauca, así como la construcción de un tercer túnel.
Según el ente investigador, la empresa comenzó las obras sin tramitar previamente una autorización de modificación de la licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
