EL COLOMBIANO reveló ayer cómo funciona la ‘mermelada comunitaria’, un mecanismo a través del cual la Alcaldía de Medellín estaría utilizando recursos públicos con el fin de que se materialicen en votos en favor de Gustavo Petro y, posiblemente, en contra de la revocatoria al mandato del alcalde Daniel Quintero.
Ese caso se focaliza sobre todo en la Secretaría de Participación, pero hay otras dependencias que se estarían utilizando con los mismos propósitos: en particular la contratación en el Instituto de Deportes y Recreación (Inder).
Si bien el tema del Inder utilizado para hacer política no es nuevo en esta administración, cada día aparecen más evidencias sobre posibles irregularidades. De hecho, la Veeduría Todos por Medellín recogió las quejas de los ciudadanos e interpuso hace tres semanas una denuncia formal ante la Fiscalía señalando que dentro del Inder hay un engranaje para presionar a los contratistas a que voten y consigan votos, y que existiría una nómina pagada con recursos del erario no para promover el deporte y los hábitos de vida saludables, sino para hacer campañas proselitistas.
Cabe recordar que el Inder posee una planta de entre 1.500 y 1.800 colaboradores, contando un gran número de contratistas y “presionándolos podría obtenerse una cantidad considerable de votos”, como lo apunta la veeduría.
El primer foco de alarma se refiere a hechos que podrían rayar con el delito de presunto constreñimiento a los contratistas mediante la exigencia de que tramitaran la plataforma Dímelo para renovar los contratos de 2020 y 2021.
Además —añade la denuncia que la veeduría amplió la semana pasada— se contrató el diseño de una aplicación para consignar datos electorales que incluían a beneficiarios y personas cercanas a los contratistas, así como las mesas de votación en que estaban inscritos. La aplicación fue eliminada luego de que salió a la luz pública, pero “según testimonios, la recolección de esa información habría continuado aunque en planillas manuales administradas por ciertos contratistas”, apuntó Todos por Medellín ante la Fiscalía.
Los listados habrían sido para usarlos en la campaña de Juan Camilo Londoño (Alianza Verde), quien efectivamente ganó una curul a la Cámara con 23.000 votos. Hasta hace poco él era jugador profesional de baloncesto y no tenía trabajo político. De hecho, uno de los ciudadanos que denunció aportó mensajes de personas que se quejan de que este habría citado a contratistas del Inder en hoteles durante su campaña: “Les quitan los celulares y presionan para que inscriban en una app quién votará por él”.
El Inder se habría puesto al servicio de esa candidatura no solo vía clientela política sino también con la promoción de reportajes que resaltaban sus logros como jugador profesional y con contratos que le representaron honorarios por $101 millones entre 2020 y 2021.
Pasadas las elecciones para Congreso, la campaña en el Inder no habría cesado. Justamente la semana anterior circuló una denuncia sobre la utilización de instalaciones suyas en Manrique para una reunión con el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.
Personal para campañas
El segundo capítulo de la denuncia se relaciona con la supuesta cadena de contratos para pagar a personas que más que al Inder habrían prestado sus servicios a campañas políticas. En particular el texto de 94 páginas menciona 10 nombres de contratistas que tendrían esa condición porque hasta ahora no se han encontrado evidencias de que hayan cumplido a cabalidad la labor para la que los contrataron con dineros del presupuesto público.
Por ejemplo, Juan José Giraldo Campuzano, según sus redes sociales estudió ingeniería agrícola y ha mantenido contratos desde 2020 y hasta la actualidad en un cargo que en su perfil exige un profesional muy diferente del suyo. Según los denunciantes, Giraldo se dedica a ofrecer dentro del Inder productos de una empresa familiar y se ausenta con frecuencia para promover su emprendimiento. Estaría dentro de la modalidad de contratos “corbata”, en la que la persona solo aparece el día de cobrar la cuenta.
Otro de los diez mencionados, el abogado Diego Alexánder Moreno, ha tenido 4 contratos con el Inder entre 2021 y 2022 y, según la veeduría, fue enganchado tras obviar el requisito de la experiencia mínima exigida para el cargo.
Y se estarían dando casos también de nepotismo. Por ejemplo, Diana Carolina López fue contratista del Inder entre 2020 y 2021, y actualmente su hermana Edilia Andrea López Bedoya está contratada. Ellas, según la denuncia, son parientes de la asesora de dirección en el Inder, Carmen Lucía Tangarife López, y esta a su vez, de acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, es pareja de Erick Cogollo, ex subdirector de fomento deportivo del Inder que además fue gerente de campaña de Camilo Londoño.
Asimismo, en la denuncia aparece la figura de Johny Armando Jaramillo, sobre el cual ya varios medios de comunicación han puesto la lupa, que fue candidato a la Cámara en 2018 y sería en realidad la persona que decide a quién se contrata en el Inder. Paula Andrea Durango Castillo —‘mano derecha’ de Jhony— ha suscrito siete contratos entre 2020-2022. Alejandro Estrada Moreno, el mayor aportante de la campaña fallida de Jaramillo, ha sido subdirector de Escenarios Deportivos del Inder. Y John Jairo Jaramillo Meneses, quien sería familiar de Johny, también ha sido contratado. Asimismo se hace referencia a Aura Cristina Jaramillo, quien según la denuncia es familiar de Jaramillo y secretaria personal de Camilo Londoño en el Inder.
“En la campaña de Camilo Londoño trabajaron varias personas que tienen contrato de prestación de servicios con el Inder, pero sus funciones están principalmente relacionadas con obtener votos”, se lee en la denuncia.
En el caso de Adriana Orozco, entre 2020 y 2021 tuvo cinco contratos para roles diferentes en las áreas administrativas y de comunicaciones. Ella aparece en imágenes con Londoño, y se pide investigar si sería una cuota para ayudar a esa campaña, igual que otras dos mujeres que figuran también en fotos, siendo contratistas en ese momento.
“Es lamentable lo que viene pasando con el Inder. Una entidad pública sumamente relevante para la ciudad que ahora está totalmente desdibujada. En las dos denuncias interpuestas ante la Fiscalía, encontramos que perdió su esencia misional, delegándola en gran parte, a través de convenios interadministrativos. Además, hay graves indicios de un uso de la entidad, a través de la contratación, principalmente de prestación de servicios, para favorecer presuntamente a ciertas campañas políticas”, afirmó la directora de Todos por Medellín, Piedad Restrepo.
La relación de Johny Jaramillo con la alcaldía sería a través de Miguel Quintero, el hermano del alcalde, algo que la veeduría también pide investigar. EL COLOMBIANO llamó a varios de los implicados pero no contestaron.
