Mientras que en el Consejo de Estado cursa la demanda que busca que el representante Alejandro Toro pierda su curul en la Cámara de Representantes, en Medellín se siguen destapando pruebas de contratación que enredarían más el caso en su contra por una presunta inhabilidad que tenía para inscribirse a la lista del Pacto Histórico para las legislativas de 2022.
Ahora, la abogada Gloria Jaramillo sacó a la luz nuevos documentos que alimentarían la denuncia, pues incluye contratos con la administración pasada de Medellín a través de una organización sin ánimo de lucro que creó con el hermano de Hollman Morris, hoy gerente de RTVC.
Antes de ahondar en los nuevos elementos, hay que recordar que el centro de la demanda, presentada por el abogado Juan David Giraldo Mora, es que decreten pérdida de investidura al congresista en vista de que en la administración de Daniel Quintero, uno de sus mayores aliados políticos, firmó un contrato de $50 millones que suscribieron su fundación Avanti Centro de Formación y el Colegio Mayor de Antioquia, una de las instituciones de educación superior del Distrito de Medellín, cuya ejecución se fue hasta diciembre de 2021, tres meses antes de ser elegido como congresista, lo cual está prohibido.
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Entre las evidencias que anexó Giraldo, tras recopilarlas en conjunto con el contador Daniel Salazar, no solo se evidencian el contrato o el acta de inicio firmados por Toro en representación de Avanti, la fundación que creó, sino también informes de ejecución del contrato, entre septiembre y octubre de 2021, en los que él mismo aparece hasta como tallerista en algunas actividades.
Ahora bien, la defensa de Toro ha argumentado que él dejo de ser el representante legal de su fundación desde el 20 de agosto de 2021 y que por eso no habría estado inhabilitado para presentarse a las elecciones legislativas. No obstante, hace solo unos días se conocieron inconsistencias en la radicación y hasta fechas relacionadas con el acta de la junta en la que se hizo el cambio de representación legal. Una de ellas es que solo hasta después del 10 de septiembre de ese año quedó formalmente inscrita ante Cámara de Comercio la junta que había decidido reemplazar a Toro como representante legal de Avanti casi tres semanas atrás.
¿Cuáles son los nuevos elementos?
Ante el argumento de la defensa del congresista y las presuntas irregularidades en los documentos mencionados, otro elemento enrarece aún más este caso. Según documentación revelada por la abogada Jaramillo, en 2017, Toro a través de su fundación, que para ese entonces se llamaba Fundación Avanza Colombia por la Paz hizo una sociedad con la fundación Contravía, de Juan Pablo Morris, hermano de Holman Morris, hoy gerente de RTVC, para constituir una organización privada, sin ánimo de lucro, llamada Federación Internacional de Prensa de los Pueblos (Fipu).
Para mayo de 2020, cuando ya Quintero era alcalde de Medellín, Toro fue propuesto por Morris como presidente de Fipu. Posteriormente, en esa administración la Federación empieza a recibir contratos. Hay por lo menos 20 suscritos y ejecutados entre noviembre de 2020 y octubre de 2023, por montos distintos que oscilan entre los $3’550.000 (el de menor costo) y los $56 millones. Todos para temas relacionados con pauta publicitaria, a través de Telemedellín, el canal público que también está rodeado de múltiples escándalos y bajo investigación por presuntos malos manejos en la era Quintero.
Uno de los contratos que más llama la atención es ese último de $56 millones, firmado en la administración del exgerente del canal Deninson Mendoza y que aparece con una fecha de terminación de septiembre 27 de 2022, cuando Toro ya era representante a la Cámara. En la nueva documentación también puede verse como Telemedellín le certificó “experiencia” a Fipu para que firmara un nuevo contrato este 2024 con la Alcaldía de Buga, Valle del Cauca, por $115 millones.
Ahora, entre las suspicacias que hay alrededor de Fipu en relación con Toro está un acta radicada en la Cámara de Comercio de Medellín el 13 de octubre de 2021, sobre una decisión que Toro tomó de forma unánime respecto a un nombramiento, como socio fundador. El acta se puso con la misma fecha que aquella con la que el hoy congresista dejó la representación legal de Avanti, es decir, 20 de agosto de 2021. Pero ambas están oficializadas con presentación en Notaría apenas en septiembre de ese año.
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En consideración de varios expertos, estas presuntas inconsistencias en las fechas darían cuenta de que Toro sí habría contratado con la alcaldía de Quintero durante el tiempo de prohibición para lanzarse a la Cámara, no solo a través de su fundación Avanti, sino también de la Fipu. Pero será el Consejo de Estado el que determine si hubo irregularidades, pues aún no hay una decisión al respecto.
Para Toro, esta es una forma de atacarlo por denuncias que ha hecho en contra del alcalde Federico Gutiérrez, sobre las que resalta que, según él y pese a todas las denuncias y evidencias de distintos sectores y autoridades, los casi 600 hallazgos de presunta corrupción en la alcaldía Quintero no existen.
