El excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, continuará en libertad. Aunque este viernes se cumplió la audiencia de segunda instancia para la definición de medida de aseguramiento, la jueza del caso anuló una parte de la decisión inicial.
Santiago Trespalacios, abogado de Zuluaga, explicó lo sucedido: “La jueza (de segunda instancia) le ordenó al juez de primera instancia que emita nuevos argumentos para su decisión, haciendo un análisis prueba por prueba”, dijo.
Así las cosas, el juez 42 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín tendrá 10 días hábiles —contados a partir del momento en el que sea notificado de la decisión— para volver a fundamentar su decisión. “No cambia la decisión, pero sí los fundamentos”, aclaró Trespalacios.
Zuluaga asistió a la audiencia que se celebró en el Palacio de Justicia de Medellín.
Así ha sido el proceso judicial
Zuluaga Peña se presentó de manera voluntaria ante las autoridades el pasado miércoles 21 de agosto, en virtud de la orden de captura que pesaba en su contra por la operación “contraloría de bolsillo” que la Fiscalía General adelantó en el departamento.
Seis días después, fue imputado por los delitos de cohecho, prevaricato y concierto para delinquir en asocio con su subcontralor, Rubén Darío Naranjo y los contralores auxiliares Dioner Andrés Ortiz Ossa, José Hernando Duque Arango y Gabriel Jaime Castaño Aristizábal.
La investigación de la Fiscalía indica que entre 2017 y 2018, algunos servidores de la Contraloría habrían recibido dinero o contratos a cambio de no denunciar irregularidades (hallazgos fiscales) que encontraron en varias auditorías.
El contralor había regresado a su cargo el pasado 5 de junio, luego de una suspensión de 10 meses que le había impuesto la Procuraduría al comprobar que el funcionario mintió en la hoja de vida cuando se postuló para ocupar el cargo.
El excontralor aseguró en su momento que había obtenido el grado de doctorado en Derecho Administrativo de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, España, en octubre de 2012, pero “según certificación expedida por la coordinadora para los Programas de Doctorado con Iberoamérica el grado no aparece acreditado”.
La lista de capturados por este caso, además de los funcionarios de la Contraloría, incluyó a los alcaldes de Jardín, William Enrique Rendón Agudelo; San Carlos, Luz Marina Marín Daza, y La Pintada, César Augusto Zapata Pérez.
También a Héctor Darío Cano Arango, gerente del hospital de Copacabana y Jhonny Andrés Jaramillo Marín, asesor jurídico del municipio de Briceño.
