Como hace siete años, madres, esposas, tías, hermanas e hijas pasarán los días vigilantes ante los montículos de tierra que saquen las retroexcavadoras en el lugar conocido como La Escombrera, ubicado en la comuna 13, San Javier. Allí empezaron este jueves 10 de noviembre, como ocurrió en 2015 pero en otro punto, las excavaciones para buscar pistas sobre víctimas de desaparición forzada que podrían ser sus familiares enterrados bajo toneladas de escombros que se han depositado a lo largo de los años. No hay certezas, pero sí mucha esperanza.
La labor forense está en su primera fase, que va hasta el próximo 24 de noviembre. Pero el proceso completo, decretado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y coordinado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), durará un año. El primer movimiento de tierra se hizo este jueves, poco después de que las integrantes del movimiento Mujeres Caminando por la Verdad hicieran un acto simbólico para reiterar su anhelo, exigencia y derecho a que se escarbe en busca de pistas.
Recordaron que llevan casi 20 años pidiendo que esta labor se cumpla, pues las distintas operaciones armadas que tuvieron lugar en la comuna, como la Orión y la Mariscal, dejaron a muchos de sus seres queridos perdidos, luego de que los sacaran a la fuerza de sus casas, los bajaran de un bus o los interceptaran en una calle. Su lucha rindió un fruto en 2015, cuando en la administración de Aníbal Gaviria, junto a la Fiscalía y otras entidades definieron polígonos e hicieron algunas excavaciones, aunque no hallaron cuerpos.
Hoy el panorama no es sencillo, pero las víctimas celebran que se retomó la tarea. No es sencillo porque se trata de un terreno con características complejas, que ha cambiado a través de los años y donde se ha arrojado material incalculable, pues allí opera una empresa arenera. No obstante, desde 2020 la JEP decretó medidas cautelares en algunas zonas del sitio para evitar que se siguiera enterrando aún más la verdad.
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¿Cómo es la primera fase?
El magistrado Gustavo Salazar, presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, recordó que el polígono que se delimitó para las excavaciones nuevas fue definido con datos de las labores de 2015, testimonios de algunos exparamilitares e informes de las víctimas.
La fase que va hasta el próximo 24 de noviembre incluye seis “apiques”, es decir, puntos específicos donde se excavará de forma controlada y escalonada. La remoción de tierra en cada uno no será mayor a 2,45 metros de profundidad, para garantizar condiciones de seguridad.
Se espera, además, sacar el material por niveles y depositarlo en un sitio independiente para analizarlo de forma manual y por tandas. La importancia de esta fase es que en cada nivel se podrían encontrar elementos como un paquete de mecato que, gracias a la fecha de lote o vencimiento, podría dar pistas sobre el año al que correspondería dicha profundidad.
Luis Eduardo Giraldo, secretario de la No-Violencia de la Alcaldía, contó que para esta labor dispusieron más de $450 millones, para contratación de maquinaria y personal experto, en aras de cumplir los planes ambiental, de movilidad y seguridad que se requieren. La administración tiene el mandato de la JEP de contribuir en estas labores desde sus competencias, lo que también ha incluido acompañamiento a las víctimas.
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Las próximas fases incluyen un estudio geotécnico y, posteriormente, excavaciones más profundas, las más importantes porque podrían derivar en el hallazgo de cuerpos. El proceso durará un año y se estima que se removerán de 30.000 a 40.000 metros cúbicos de material.
La estimación que tienen es que en la comuna 13 hay 459 posibles víctimas de desaparición forzada entre 1980 y 2016, de las cuales 200 corresponderían a crímenes ocurridos entre 2001 y 2003, el periodo de mayor recrudecimiento del conflicto en la zona, por lo cual la JEP también decretó la inspección judicial de miles de expedientes judiciales relacionados con esta época.
No es posible saber cuántas de esas personas podrían estar en La Escombrera, pero la idea es seguir el rastro a declaraciones de exparamilitares, varios postulados a Justicia y Paz.
Se tienen en cuenta declaraciones que han rendido exparamilitares como Diego Fernando Murillo, alias Don Berna; Luis Adrián Palacios, “Diomedes”; José Miguel Gil, “Federico”; Juan Carlos Villa, “Móvil 8”; y Enrique Aguilar, “Aguilar”; entre otros. También se podrían citar autoridades civiles, como testigos, pues también se debe establecer por qué durante tantas alcaldías no se prestó atención a la súplica de las mujeres para que buscaran a sus seres queridos.
Adriana Arboleda, vocera de la Corporación Jurídica Libertad, que acompaña a las víctimas, resaltó que “Móvil 8” manifestó en su momento que en La Escombrera podría haber entre 45 y 50 víctimas sepultadas en el marco del conflicto armado.
Por lo pronto, las mujeres que han luchado tantos años por el paso que se dio ayer se dividirán en grupos de cinco cada día para estar en el lugar, donde se habilitó un campamento para ellas, y vigilarán las labores que se cumplan a diario, entre las 7:00 a.m. y las 4:00 o 5:00 p.m.
Algunas esperan que les alcance la vida, por lo menos el año siguiente, para ver en qué termina esta nueva búsqueda, pues de las 170 integrantes de Mujeres Caminando por la Verdad han muerto 23 sin respuestas y se fueron a la tumba con el dolor de no poder enterrar como se debe a sus hijos, hermanos, padres, primos y esposos. Cargan eternamente con lo más trágico de la desaparición forzada: no hay posibilidades de hacer un duelo y siempre se vive en incertidumbre.
