El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, señaló que la entidad está preparada para atender los escenarios que se derivarían de las próximas decisiones judiciales que tienen que ver con la empresa, respecto al proceso que adelanta la Contraloría General de la República, que declaró en primera instancia una responsabilidad fiscal contra 26 personas y empresas por la contingencia en Hidroituango en abril de 2018.
De acuerdo con el gerente Carrillo, aunque aún no hay nada decidido, la compañía ha analizado posibles repercusiones desde que se tuvo conocimiento del proceso de responsabilidad fiscal, que podría terminar en la absolución o en la ratificación del fallo contra los presuntos responsables.
Un camino es que los sancionados paguen los $4,3 billones con los que el ente de control tasó su deuda. “En el segundo caso (si no pagan) estamos obligados a recorrer dos caminos: la cesión de contratos por parte de los contratistas —aunque puede que no haya interés de los nuevos cesionados o puede que no los consigan—; o la renuncia del contrato”, explicó Carrillo.
El directivo narró este jueves que ante este panorama la empresa les ha planteado a los contratistas la posibilidad de que ellos vayan proponiendo cesionarios desde este momento, con el fin de identificar si hay interesados en continuar las obras del proyecto, y así la empresa esté preparada para coordinar un eventual cronograma.
“La autonomía y derecho de cesión de los contratos es de los contratistas, yo imagino que ellos al igual que nosotros ven como un escenario muy probable la confirmación del fallo. En ese sentido, imagino también que están buscando a quién ceder el contrato”, aseguró el gerente.
Agregó que los contratos con los consorcios van hasta el 31 de diciembre de 2021, por lo que se aspira a tener propuestas de cesión mucho antes de esa fecha. Por ello, la empresa ha incluido entre las variables a considerar el tiempo de transición entre un contratista que sale y uno que entra.
Sin embargo, según Carrillo (dada la magnitud del proyecto) este proceso toma tiempo y a su juicio esa etapa ya se agotó, por lo que también ante el segundo escenario de la renuncia del contrato se tiene proyectado implementar un “plan B”.
“¿Hoy en día en qué estamos? En definir si vamos a arrancar el proceso licitatorio público y abierto para ver si encontramos el ejecutor idóneo en el evento de que no puedan continuar los contratistas actuales. Es lo que hemos llamado el plan B”, explicó.
En la exploración del “plan B”, se buscó definir el universo de empresas que tenían experiencias similares en construcción de proyectos de esta envergadura .
“Y ahí está la empresa Sinohydro. Pero el incluirla en este universo no se hizo con el ánimo de seleccionarla, sino de identificarla entre potenciales oferentes. Tenemos el diseño de un proceso que va a ser público y abierto, en el que le podemos prohibir la entrada a quien esté inhabilitado para contratar. Que Sinohydro decida presentarse o no es decisión de ellos; para que se ganen el proceso tendrán que cumplir con unos requisitos y ser la oferta más favorable para EPM; que si tienen algún lío que nosotros desconocemos se sabrá en el proceso de evaluación y en ese momento se tomarán las decisiones. Pero que quede claro que vamos a escoger a quien más le conviene al proyecto”, dijo Carrillo sobre la señalada compañía estatal china.
