Dos grandes estructuras de crimen organizado, “la Oficina” y el Clan del Golfo, se reparten la mayoría de los 350 combos del Valle de Aburrá, pero su hegemonía va cediendo terreno a medida que más bandas se “declaran” independientes.
Esta es una de las principales características del mapa criminal del área metropolitana en la actualidad. EL COLOMBIANO reconstruyó este ajedrez de la mafia con base en entrevistas a investigadores, fiscales, analistas y documentos de inteligencia, de los cuales se concluye que en los últimos cinco años ha habido una variabilidad muy escasa en la composición de las alianzas y enemistades entre las estructuras delictivas.
Y esta relativa estabilidad en el tablero del bajo mundo tiene sus consecuencias. “La presencia de las estructuras criminales en Medellín se ha mantenido estable, sin grandes modificaciones, y esto da cuenta de que existe un pacto que ha permitido que esa repartición de territorios y rentas criminales se mantenga en un asunto de reducción de violencia”, opinó Andrés Tobón, exsecretario de Seguridad de Medellín (2017-19).
Macroestructuras
“La Oficina”, reconstruida en 2000 por el jefe narcoparamilitar Diego Murillo (“don Berna”), continúa siendo la confederación mafiosa más influyente. No obstante, desde la extradición de ese capo (2008), la cúpula de la organización ha rotado por seis generaciones, cada una menos poderosa que la anterior, y en consecuencia pasó de gobernar al 100 % de los combos, a cerca del 65 %.
Desde 2017 no tiene un líder que aglutine a todos los sectores del crimen, y hoy está conformada por dos divisiones que rivalizan entre sí. Una de ellas tiene como cabeza visible a “los Chatas”, una banda de Bello con tentáculos en varios municipios, y a su fundador Carlos Mesa (“Tom”).
Él está en prisión, pagando una pena de 16 años por concierto para delinquir agravado, lavado de activos, porte ilegal de armas y falsedad material en documento público.
La facción de “los Chatas”, que las autoridades denominan “Cuerpo Colegiado de la Oficina”, contiene alianzas con otros grupos “pesados” del Aburrá como “Caicedo”, “Picacho”, “Oficina del Doce”, “San Bernardo” y el Clan Osorio.
Debajo de estas organizaciones hay decenas de combos barriales, que les permiten expandir sus influencias en Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa; y en Medellín, en las comunas de Villa Hermosa, Buenos Aires, La Candelaria, Doce de Octubre, Castilla, Robledo y Belén, así como en los corregimientos de San Cristóbal y San Félix (Bello).
La otra facción de “la Oficina” aparece en los dosieres de la Policía como la “Alianza de Estructuras Criminales”, y su eje es “la Terraza”, bajo la aparente regencia de José Muñoz (“Douglas”). Igual que “Tom”, también está encarcelado, purgando una sentencia de 32 años por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.
Con “la Terraza” están alineados “Trianón”, “San Pablo” y “los Pesebreros”, entre otros, que con sus pandillas asociadas ejercen influencia en Envigado, Sabaneta, Caldas y La Estrella; en las comunas medellinenses de Manrique, Aranjuez, La Candelaria, Popular, Villa Hermosa, Robledo, Belén, Castilla, El Poblado, La América, Laureles y San Javier, y en los corregimientos de Altavista y San Cristóbal.
Las dos facciones estuvieron enfrentadas hasta 2019, patrocinando a la sombra diversos conflictos entre combos como “Betania” contra “la Torre” (San Javier), “los Conejos” y “13 de Noviembre” (Villa Hermosa) y “Córdoba” contra “Robledo” (Robledo), entre otras disputas, que dejaron cerca de 60 muertos.
Al año siguiente los cabecillas encarcelados de “la Oficina” pactaron un acuerdo de no agresión, que apaciguó las confrontaciones hasta la fecha y disminuyó el indicador general de homicidios.
“Los efectos que esto tiene para la ilegalidad en la ciudad son perversos, porque dan cuenta de una suerte de realidad en materia de control criminal que no se ha perdido”, acotó Tobón.
Otro de los protagonistas en el ajedrez de la mafia local es el Clan del Golfo, el cartel narcotraficante con despliegue en 23 departamentos. En el Aburrá, sus alfiles son “la Sierra”, que suele reforzar con armas y personal a los otros combos asociados; “Limonar 1”, que desde San Antonio de Prado funciona como escuela de sicarios para abastecer los frentes del Clan en otras regiones; y “la Miel” y “la Inmaculada”, con las que asegura jugosas rentas del microtráfico en Caldas y La Estrella.
Al Clan se le atribuyen sociedades con el 20 % de los combos, los cuales conservan su autonomía, pero le trabajan a manera de “outsourcing”.
Benjamin Lessing, docente de Ciencias Políticas de la U. de Chicago, quien ha estudiado el fenómeno de bandas de la ciudad, estimó que la característica más distintiva del crimen de Medellín es su nivel de organización: “Tenemos los combos de barrios, que es común en las zonas populares de Latinoamérica, pero aquí esos grupos están integrados a estructuras mayores, que son más parecidas a mafias”.
Debilidad en jerarquías
La dinámica más inquietante es el paulatino aumento en el número de bandas independientes, es decir, aquellas que no rinden cuentas a macroestructuras como “la Oficina” y el Clan. Se calcula que el 15 % de los grupos tienen autonomía y, si se relacionan con mafias más poderosas, no es bajo la premisa de subordinados, sino como socios.
Uno de los ejemplos más claros es el de “los Triana”, que a finales de los 80 trabajó para el Cartel de Medellín, y entre los 90 y 2008 le rindió fidelidad a “don Berna”. Ahora se rige por sus propias reglas y está en proceso de expansión territorial, por medio de la adhesión de combos, que le permite desplegarse en las comunas 1, 2, 4 y 7, en San Antonio de Prado, el suroriente de Bello y el occidente de Itagüí.
“El Mesa” es otro de los independientes con mayor crecimiento. No solo está en Bello y el norte del Aburrá, sino que sus redes llegan a Bogotá y otras ciudades de Cundinamarca y Boyacá, y en varias subregiones de Antioquia mantiene negocios con el Eln.
“Pachelly” se separó de “la Oficina” y tiene sociedades con el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, que le permiten instalar plazas de vicio en pueblos cercanos al Aburrá.
Otros grupos importantes que solían encabezar las filas de macroestructuras, ya marchan a la deriva, como “los Mondongueros” (Castilla), “la Agonía” (San Javier) y “Paracos del Llano” (San Cristóbal).
Esto es el reflejo de un debilitamiento de las mafias tradicionales, que sin un capo que comande a todas las huestes no tienen forma de retener a los confederados.
Un caso especial es “La Unión”, que solía ser el tentáculo de “la Oficina” en Itagüí y el sur del Valle de Aburrá, y hoy las 50 bandas que la componían obedecen a intereses distintos. Para un lado va “la Raya”, para el otro van “el Ajizal”, “Calatrava”, “San Francisco”, “San Gabriel”, “Asturias” y los demás grupos itagüiseños.
La debilidad también se aprecia en divisiones internas que afectan a los conglomerados más históricos del crimen. “Los Chatas”, que antes dominaban en Bello, Barbosa, Girardota y Copacabana, ya tienen que compartir las zonas con “el Mesa” y “Pachelly”.
“La Terraza”, que controlaba las dinámicas ilícitas en Manrique y Aranjuez, padece una disputa entre sus cabecillas presos y en libertad. La fractura en su jerarquía ha provocado asesinatos que incrementaron en un 80 % y 27 % los homicidios en esas dos comunas, respectivamente, al comparar lo que va de 2021 con 2020.
Gobernanza criminal
Algo que no ha cambiado es la nociva influencia que ejerce el crimen organizado en las comunidades, por medio de las plazas de vicio, extorsiones, urbanización ilegal, intimidaciones, vigilancia ilícita y, en algunos barrios, un control social que se extiende a los problemas intrafamiliares.
Un estudio de las universidades de Chicago y Eafit, publicado en febrero pasado bajo el título “La ley de las bandas: entendiendo y contrarrestando la gobernanza criminal”, midió esa influencia delincuencial en Medellín.
Entre 2016 y 2020 los académicos entrevistaron a cabecillas de 30 bandas, 153 líderes comunitarios y habitantes de 108 barrios, y encuestaron a 6.977 personas para construir un “índice de gobernanza relativo” en 232 barrios, comparando el grado de acción de los combos con el del Estado (ver infografía).
Los sitios con mayor “gobernanza” de las bandas resultaron ser los límites de Medellín con Bello; la frontera de Robledo con San Javier; y los barrios Picachito, Mirador del Doce, La Sierra, Las Estancias, y Villa Liliam. Allá hay injerencia de las estructuras “la Sierra”, “el Pesebre”, “París”, “la Oficina del Doce” y “los Triana”, entre otras.
Lessing participó en ese estudio y recordó que los intentos por aplacar el dominio ilegal en los vecindarios no han sido efectivos porque “los grupos de delincuencia organizada no son pasivos, responden estratégicamente y se adaptan a las acciones del Estado”.
Es por eso que, según él, “el Gobierno tiene que preguntarse cuál es la meta, porque la gobernanza criminal es útil en algunos aspectos, como minimizar la violencia y los robos, como ocurrió con la ‘donbernabilidad’ hasta 2008. Lo más importante a corto plazo es debilitar los efectos nocivos de la gobernanza, como el cobro de extorsiones, que reduce el crecimiento económico de las comunidades, y garantizar a las víctimas más seguridad para denunciar las ‘vacunas’”.
En palabras del penalista y defensor de DD.HH., Carlos Arcila, este domino territorial persiste por la antigüedad de las bandas y la sofisticación de sus métodos, que “conjugan la experiencia acumulada del narcoterrorismo de Pablo Escobar, el trabajo comunitario de las milicias y las prácticas de los paramilitares, es todo un acumulado de experiencia militar, política y económica en los últimos 40 años”.
Arcila sugirió que para debilitar esa “gobernanza” se requiere “perseguir la economía y los bienes de las bandas; recuperar los espacios de manera integral en los territorios; trabajar por la atención de los jóvenes con oportunidades, y hacerles seguimiento desde su niñez hasta los 25 años”.
El abogado cuestionó que cada vez que hay operaciones contra combos, que terminan en múltiples capturas, el Estado no logra copar con sus servicios los territorios afectados, permitiendo que estos se recuperen, tal cual pasó en junio y octubre con operativos en los que cayeron 12 miembros de “la Sierra” y cinco del “13 de Noviembre”.
Para Tobón es urgente que el combate a estas organizaciones sea priorizado, porque la actual “paz” mafiosa “es una bomba de tiempo, permite que (las bandas) tomen más fuerza, tengan la capacidad de adquirir territorio y mayor sofisticación de sus rentas criminales, a un punto en el que cuando se rompan las alianzas generará más violencia, más guerra y daño para Medellín”
