Un holding conformado por tres empresas de seguridad que proveían de armas de fuego, salvoconductos y servicio de escolta a integrantes de grupos al margen de la ley fue desmantelada por la Policía y la Fiscalía General de la Nación.
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Los representantes de estas firmas, cuyos nombres no fueron divulgados por las autoridades, deberán enfrentar los cargos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con el expediente de la investigación, estas compañías “vinculaban a criminales como falsos empleados de vigilancia privada, proveyéndoles armas amparadas legalmente para evitar la acción de las autoridades”.
Modus operandi de la red criminal
Su modus operandi incluía la entrega de identificaciones a delincuentes como escoltas o coordinadores de escoltas, y sería una manera de alquilar armas de fuego para movilizarse sin que les pusieran restricciones y de esta manera facilitarles la comisión de actividades delictivas en sus zonas de injerencia.
También de acuerdo con la Policía, se habría establecido que el Clan del Golfo y otros grupos delincuenciales organizados estaban entre los clientes habituales. En particular, uno de los jefes que habría utilizado sus servicios habría sido el recientemente abatido Oliverio Isaza, alias Terror, quien comandaba las operaciones del Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en la subregión del Magdalena Medio.
Una de las certificaciones que mostró la Policía y que hace parte del acervo probatorio, es un diploma que acreditado que Isaza cursó y aprobó un programa de capacitación que le acreditó la especialización en escolta de personas.
Las autoridades habrían hallado documentos a partir de los cuales habrían establecido que las empresas comprometidas en el operativo tenían 60 falsos escoltas con antecedentes penales y algunos de ellos habrían pertenecido a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.
Además, existiría evidencia de que en los casos en que las armas eran decomisadas dentro de algún procedimiento oficial, estas las recuperaban fácilmente al estar amparadas con documentos legales.
La operación también involucró el inicio de la extinción de dominio sobre ocho bienes -tanto muebles como inmuebles- avaluados en más de 1.800 millones de pesos.
También implicó la incautación de un número superior a las 100 armas de fuego que “serán sometidas a estudios balísticos para determinar si fueron utilizadas en algún homicidio”, de acuerdo con las declaraciones entregadas por el director nacional de la Policía, general Carlos Fernando Triana Beltrán.
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