Aunque las redadas del Ejército son ilegales y representan una violación a los derechos humanos, la Personería de Medellín no se explica por qué todavía se presentan en la ciudad. Esta semana un hecho de estos causó revuelo: mediante un camión, que no tenía placas, uniformados intentaron transportar a varios jóvenes que no habían definido su situación militar.
El hecho tuvo lugar el pasado lunes, en los bajos de la estación Suramericana del metro, a las 10:00 de la mañana. Con mensajes y fotografías, algunos ciudadanos dieron a conocer que estaban “cogiendo” jóvenes que pasaban por el lugar para montarlos a un camión. Se vivía una batida.
El destino era la Cuarta Brigada, y el número de jóvenes a transportar llegaba a los ocho, según fuentes consultadas por este diario. En paralelo, la Personería fue alertada sobre la situación. Un hecho puntual preocupaba: el camión al que estaban subiendo a los muchachos no estaba identificado. Otro hecho irregular, en medio del procedimiento.
Así lo confirmó el personero William Yeffer Vivas y las imágenes que los ciudadanos allegaron a este órgano del Ministerio Público. Hacia las 10:43 de la mañana, el servidor alertó sobre el caso y sostuvo que, pese a los compromisos con el Ejército, “este insistía en esa práctica ilegal”.
Cuando la denuncia llegó a las oficinas de la Personería, el camión estaba sin placas. Pero la presión ciudadana sobre los militares, y la difusión en redes sociales de los registros presentados en esta nota, llevó a que le pusieran su respectiva placa —como es debido— previo a partir de ese sector.
— Parece que a los jóvenes que montaron en el camión inmediatamente los bajaron. No sabemos en qué momento, porque aún no hay denuncias por desaparición. Cuando llegamos a la Cuarta Brigada, encontramos que solo había dos jóvenes, que manifestaron haber asistido de manera voluntaria —dijo el personero—.
El suceso, según Vivas, no es nuevo en la ciudad. Como frecuentes calificó las irregularidades por parte de esta institución en el trámite para definir la situación militar. Similar es la lectura de la Secretaría de Juventud, que ha contado 21 violaciones a la libertad de conciencia, además de siete alertas por acuartelamiento desde 2020.
Pero la preocupación ha escalado en los últimos días por la campaña de incorporación y reclutamiento que ha desplegado el Ejército en la ciudad. Si bien el artículo 11 de la Ley 1861 de 2017 prevé que todo colombiano debe definir su situación militar una vez cumpla los 18 años, el accionar descrito es polémico porque, como se mencionó en principio, es irregular.
La objeción de conciencia frente al servicio militar por cuestiones éticas o religiosas fue reglamentada mediante la mencionada ley. Y este derecho, a su vez, fue respaldado por la Corte Constitucional, que ordenó garantizarlo de manera física y no solo virtual.
¿Qué dicen las autoridades?
Si bien fue consultada sobre el procedimiento, la Cuarta Brigada no compartió respuesta previo al cierre de esta edición. Desde su oficina de comunicaciones se limitaron a indicar que escalarían la solicitud a Bogotá, porque no contaban con autorización para referirse al tema.
En esta línea, el teniente coronel Jaime Pineda Guerrero, comandante de la Cuarta Zona de Reclutamiento y Control Reserva, que circunscribe a Antioquia y Chocó, afirmó que, aunque todavía no hay un parte oficial, la redada denunciada no tuvo lugar.
Vivas, por el contrario, expresó que en varias ocasiones se le ha pedido al Ejército, mediante la Mesa de Prevención al Reclutamiento Forzado, desistir de estos mecanismos y, a los días, se vuelven a conocer reportes por su práctica. “Los jóvenes suelen ser llevados a la Cuarta Brigada a través de este procedimiento irregular”.
Una preocupación más se suma a lo ocurrido el lunes. Si bien el hecho se registró en una calle aledaña al metro, han escalado las denuncias por la presencia de uniformados que increpan a jóvenes en las estaciones del sistema de transporte. No solo operan en las escalas, sino en los ingresos a las plataformas.
La empresa, sin embargo, aseveró de forma escrita que en ningún momento ha autorizado la realización de este tipo de actividades dentro de las instalaciones de la red. “Normalmente el Ejército lo hace en el espacio público que es colindante con las pasarelas y accesos de las estaciones, pero no en el interior”.
Debido a los reportes que han surgido, según la empresa, se constituyó la mesa referida por la Personería para monitorear que no se incurra en la violación de este derecho. En esta también participan la Procuraduría General de la Nación, el Ejército y la Secretaría de Juventud.
De hecho esta dependencia dispuso de una ruta de atención para quienes consideren vulnerados sus derechos y necesiten acompañamiento en medio de su proceso de formalización militar (ver recuadro). La Personería, por su parte, presentó una queja ante la Procuraduría para esclarecer el episodio reportado esta semana.
