La veeduría Todos por Medellín interpuso una denuncia por la presunta malversación de recursos públicos a través de seis contratos firmados por $17.654 millones entre esos dos entes.
Las graves denuncias que salieron a la luz pública a finales de 2021 por la presunta malversación de recursos públicos en los Bomberos de Itagüí podrían iniciar un capítulo en la justicia, luego de que la veeduría Todos Por Medellín decidiera presentar una demanda contra esa entidad y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) ante la Fiscalía General de la Nación.
Así lo informó la vocera de esa organización ciudadana Piedad Patricia Restrepo, señalando que luego de librar una larga batalla legal para acceder a múltiples documentos públicos asociados a seis contratos firmados por $17.654 millones, habría encontrado indicios de una presunta malversación de recursos públicos por cerca de $6.000 millones.
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“Los presuntos delitos denunciados, que deberán ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía, incluyen interés indebido en la celebración de contratos con fines económicos y electorales, irregularidades en la supervisión de los contratos para ocultar posibles sobrecostos y legalizar actividades sin los debidos soportes de su ejecución. Esto daría lugar a un posible peculado por apropiación en favor de terceros”, señaló Restrepo.
La génesis del caso
Los documentos que quedaron reseñados en la denuncia de la veeduría, y que ahora reposan en la Fiscalía, hacen parte de un paquete de cuestionados contratos que a partir de 2020 empezó a firma el Amva, entonces bajo dirección de Juan David Palacio Cardona, con los Bomberos de Itagüí, que cobijaban tareas por la compra de kits y que impartían capacitaciones para otros cuerpos de bomberos del Valle de Aburrá.
Tal como lo denunció EL COLOMBIANO en diciembre de 2021, pese a que múltiples bomberos de otros municipios confirmaron que las actividades contratadas sí se realizaron, dichos convenios llamaron la atención por varios factores.
Uno de los más importantes tenía que ver con los criterios empleados por el Amva para escoger concretamente a los bomberos de Itagüí, que pese a estar dentro de los más grandes del Valle de Aburrá, no tenían una capacidad técnica significativamente superior a la de sus pares, teniendo incluso que subcontratar algunos cursos de un alto nivel de especialización.
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En contraste, para muchos socorristas resultó llamativo que el representante legal de los Bomberos de Itagüí por esos días fuera el político Misael Cadavid, quien pese a tener una larga trayectoria como socorrista, ha estado involucrado en múltiples escándalos en su actividad política.
Tan solo en abril de este año, en un caso independiente, Cadavid Jaramillo se vio salpicado en otro proceso por presunta corrupción y en el que fue imputado junto con el exconcejal conservador de Medellín, Lucas Cañas Jaramillo.
En noviembre de 2021, Cadavid también quedó en el centro del escarnio público luego de que se filtrara un audio en el que aseguraba haber obtenido supuestos apoyos del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para su aspiración a la Cámara de Representantes.
“Te cuento que el lunes pasado, ya tengo fórmula para el Senado de la República, va a ser David Luna. Nos sentamos con Daniel Quintero y con Luis Pérez; entonces Daniel nos va a ayudar muchísimo desde la Alcaldía. ¿Por qué no le envías tu hojita de vida a (...)? Porque ellos nos dijeron que nos iban a ayudar con unos carguitos para mirar a ver si te conseguimos algo bueno para ti”, se escuchaba en uno de esos audios, publicados por los medios Vorágine, Cuestión Pública y La Liga Contra el Silencio.
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Más allá de esas controversias, regresando al caso de la denuncia de la veeduría, en diciembre de 2021 se conoció que el Amva le había entregado por lo menos $14.500 millones en contratos a los Bomberos de Itagüí; una cifra bastante gruesa si se compara con los contratos firmados por el Cuerpo de Bomberos de Medellín entre 2019 y 2020 para tareas de formación y entrenamiento, que tuvieron un valor de $4.000 millones.
En la lista de contratos incluidos en la denuncia de todos por Medellín, en la que ese monto ascendió a los $17.645 millones, aparecen un total de seis: el 878 de 2020 por $1.898 millones; el 1011 de 2020 por $1.256 millones; el 481 de 2021 por $1.299 millones; el 522 de 2021 por $2.635 millones; el 982 de 2021 por $5.969 millones; y el 984 de 2021 por $4.597 millones.
De esta lista, el 481 de 2021 contemplaba por ejemplo la impartición de cursos de atención prehospitalaria e implementos contra la covid-19; el 984 de 2021 cursos, kits y hasta un viaje al extranjero para 25 socorristas; y el 982 de 2021 talleres y seminarios para los ciudadanos y hasta la entrega de 3.000 paquetes de camisetas, gorras y tapabocas.
En el caso de los contratos 481 y 984, tal como lo contó este diario en 2021, en su ejecución despertaron suspicacias dado que los bomberos de Itagüí terminaron subcontratando a los bomberos de Cali, con mayor capacidad técnica, para enseñar temas como comando de incendios y la operación de máquinas contra incendios.
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Pese a que desde 2021 tanto el Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí se mantuvieron en que esos convenios estaban soportados en estudios previos y que en su ejecución no habrían tenido irregularidad alguna, la veeduría Todos Por Medellín sostuvo que haber encontrado indicios de la existencia de sobrecostos, falencias en las labores de interventoría y actividades que se habrían realizado sin siquiera contar con soportes.
La malversación, señaló Restrepo, presuntamente podría haber ascendido hasta los $6.000 millones.
Además de estos indicios, la veedora Restrepo denunció que esa organización ciudadana tuvo que irse hasta las últimas consecuencias legales para que los bomberos entregaran los documentos de soporte de los contratos, formulando tutelas y hasta pidiendo iniciar incidentes por desacato para que sus derechos de petición fueran contestados.
