Con 1.725 denuncias, Antioquia ocupó el segundo lugar de registros de este delito. Muchas extorsiones se realizan desde las cárceles.
La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por el aumento de extorsiones en el país y sobre todo en Antioquia, razón por la que hizo un llamado a la institucionalidad gubernamental para contrarrestar el delito.
De acuerdo con el portal Siedco sobre estadística delictiva, de la Policía Nacional, en 2020 los ciudadanos colombianos reportaron 8.188 casos; durante 2021, 8.342; en 2022, 9.791, y en el 2023, 9.871. Es decir, un aumento sostenido en los últimos cuatro años, que significa un incremento del 20,5%.
De acuerdo con estas estadísticas, después de Cundinamarca —con 1.827 casos— Antioquia es el departamento con más cantidad de denuncias de extorsión con 1.725 casos, casi 500 más que el tercero en la lista que es Atlántico y casi 700 más que el cuarto que es el Valle del Cauca.
“Aunque las denuncias instauradas por la ciudadanía afectada darían cuenta de que las extorsiones provienen de grupos ilegales organizados y bandas criminales, el sistema penitenciario y carcelario no es ajeno a la ocurrencia del ilícito, desde donde los internos, a través de llamadas de celular, extorsionan”, explicó el defensor del Pueblo Carlos Camargo.
La Defensoría del Pueblo llamó la atención indicando que de los 125 establecimientos de reclusión nacionales a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, únicamente en 16 se ha instalado el sistema de inhibición de señal, sin embargo, de ellos solo en seis funcionan los inhibidores.
La institución protectora y garante de los derechos de quienes habitan en el territorio nacional hace también un llamado al Inpec a consolidar convenios con las empresas operadoras del servicio de telefonía celular. El fin es que permitan generar mecanismos de prevención, como la identificación en los equipos de comunicación de los ciudadanos de las llamadas de celular que sean realizadas desde los establecimientos penitenciarios y carcelarios.
