Hugo Hernán Montoya se puso la capa negra que lo cubría de la cabeza a los pies. Tomó la camándula en una mano y la campana en la otra. Recorrió el cementerio La Dolorosa de Puerto Berrío mientras recitaba oraciones con las que asegura que invita a las almas de los difuntos a caminar por las calles del pueblo, un regalo que les da todos los noviembres, llegada la medianoche, desde hace 22 años cuando decidió ser animero.
Pero el pasado miércoles 15 de septiembre no fue una fecha común para cumplir esa labor. Estaba de día y detrás de él no solo marchó la multitud invisible de almas, sino también una tangible con obispo y sacerdotes, antropólogos, forenses, cámaras y pobladores.
Era un ritual simbólico para comenzar la despedida de los cuerpos que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) exhumaría hasta el 27 de septiembre y, posteriormente, se llevaría para identificarlos y entregarlos a sus familias. Fueron 73 los restos óseos que dejaron Puerto Berrío, el lugar donde hubo quién los llorara, les orara y los acogiera, aun cuando nadie sabía cómo fueron en vida o con cuál nombre los bautizaron al nacer.
Estos hombres y mujeres llegaron por azar al pueblo, arrastrados por las aguas del río Magdalena. Algunos perecieron en accidentes y otros, la mayoría, arribaron mutilados, con heridas de balas, con el horror de la guerra a cuestas, torturados y asesinados, roídos por la agreste naturaleza, sin rostro, sin nombre.
Entonces, los pescadores u otros pobladores los enterraban tras lápidas sin inscripciones para que, al menos, tuvieran la dignidad que sus verdugos les quitaron.
Allí encontraron una morada que parecía eterna, pero que fue interrumpida hace un mes en un acto de humanidad, se los llevaron porque están incluidos en un plan de búsqueda que tiene el objetivo de determinar sus identidades, al ser posibles víctimas de desaparición forzada, y tratar de encontrar a sus seres queridos para entregárselos.
La Dolorosa es uno de los sitios del país cobijados con medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) porque se presume que hay enterradas posibles víctimas del conflicto armado que están en riesgo de desaparecer para siempre.
En este camposanto la UBPD cumplió una tarea sin precedentes en Colombia, pues a los 73 restos recuperados en septiembre se suman otros 43 encontrados en abril; todos están en el Instituto de Medicina Legal para su identificación. Allí hay todavía 230 puntos, entre bóvedas, osarios y celdas, que faltan por exploraciones forenses.
Allí encontraron una morada que parecía eterna, pero que fue interrumpida hace un mes en un acto de humanidad, se los llevaron porque están incluidos en un plan de búsqueda que tiene el objetivo de determinar sus identidades, al ser posibles víctimas de desaparición forzada, y tratar de encontrar a sus seres queridos para entregárselos.
La Dolorosa es uno de los sitios del país cobijados con medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) porque se presume que hay enterradas posibles víctimas del conflicto armado que están en riesgo de desaparecer para siempre.
En este camposanto la UBPD cumplió una tarea sin precedentes en Colombia, pues a los 73 restos recuperados en septiembre se suman otros 43 encontrados en abril; todos están en el Instituto de Medicina Legal para su identificación. Allí hay todavía 230 puntos, entre bóvedas, osarios y celdas, que faltan por exploraciones forenses.
Entre oraciones y favores
En septiembre del 2000, dos meses antes de que Hugo tuviera su primer día como animero, Margarita Rojas estaba enterrando a su hijo de 20 años, quien fue asesinado por paramilitares. 48 horas después, visitó la tumba de lápida fresca, olvidó cuántas vueltas le dio al cementerio, desesperada y llorando. Se paró frente a una bóveda, desconocida, abandonada a su suerte, lamosa y sin flores, y adoptó a un muerto que no era suyo.
Marcó la lápida con la M, la inicial de su nombre. Ese era el signo inviolable de que el cuerpo dentro del oscuro hoyo era suyo y nadie podría adoptarlo. Margarita siguió la tradición y le pidió un favor al ser que estaba ahí dormido para siempre: que la muerte de su hijo no quedara impune.
Muchos casos había conocido de personas que adoptaban cuerpos no identificados, los llamaban muertos NN, y que eran favorecidos con aquello que deseaban o necesitaban. “Se ganaban chances, había mujeres que quedaban embarazadas aun cuando no podían tener hijos, algunos se curaban de enfermedades, las cosas que pedían se cumplían”, recuerda Margarita.
Y a ella también se le cumplió. Afirma que la justicia que anhelaba empezó a llegar ocho días después de que adoptó a su NN, cuando falleció el primero de los hombres involucrados en la muerte de su hijo. De ahí en adelante, asegura, escuchó las noticias de otros paramilitares que perdieron la vida en su misma guerra y eso para ella era más que suficiente. Lo asumió como el milagro que permitió que en el caso de su hijo no hubiera impunidad.
Entonces, cumplió la promesa de visitar a su adoptado, orarle, ofrecer misas en su nombre. Y así lo hacían otros habitantes del municipio con sus propios NN, casi todos sepultados en tres pabellones de caridad, que suman unas 300 bóvedas destinadas no solo a los desconocidos que llegaban al pueblo, sino también a personas cuyas familias no tenían dinero para pagar un lugar en el camposanto.
Poco a poco, las tumbas de los tres pabellones se llenaron de señales que indicaban que el cuerpo escondido en ellas ya había sido adoptado. “Escogido” era una de las palabras más comunes para marcarlas. También llegaron las flores artificiales, las imágenes de santos y las placas de reconocimiento: “Gracias NN por los favores recibidos”.
A cambio de ello, los pobladores les prometían las misas, y oraciones, pero también comprarles osarios para que reposaran eternamente, pues con el pasar del tiempo, ante la necesidad de las bóvedas para enterrar a nuevos fallecidos, los restos de muchos de los cuerpos no identificados fueron depositados en una fosa común, un bloque de cemento con tapa en el techo, que no se usa hace años y en la que hoy está prohibido tirar un solo hueso. El adoptado de Margarita no llegó allí.
Cuando lo sacaron de la bóveda, lo empacaron en una bolsa, marcada y sellada, que guardaron en una celda, donde reposaba con otros restos hasta que la UBPD se lo llevó ese 27 de septiembre.
La búsqueda persiste
Esa misma semana, Carmen Rosa Rúa se preguntaba dónde estaba el cuerpo que adoptó en 2002, el año en el que también desapareció su hermano. En ese entonces, dice, no era cristiana y tenía otras convicciones, por lo cual hizo algo que hoy no haría: le prometió al ánima que pondría sus restos en un osario si le ayudaba a salir de un percance económico. El milagro sucedió y hasta pudo pagar los $140.000 que, en noviembre de 2004, le costó la pequeña tumba.
En ella guardó a su adoptado y a otro no identificado porque el sepulturero de la época le dijo que había espacio para dos y que si no lo enterraba allí sería arrojado a la fosa. Ambos cuerpos quedaron en el osario 232 y ella marcó la lápida como NN José. Aunque quería entregarlos a la UBPD el mes pasado, no pudo porque la tumba está marcada con un nombre diferente. Solicitó que en una siguiente jornada de búsqueda la inviten, pues ella reconoce los huesos: unos eran blanquecinos y otros estaban muy negros.
“Los primeros días yo venía y les oraba, después me fui del pueblo. Regresé pero casi no visitaba el cementerio, aunque se supone que el osario es de mi propiedad, no sé por qué tiene otro nombre”, expresa.
El padre Diomer Arley Gómez, párroco desde hace cinco años en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, que administra el cementerio, conoce esta y otras quejas similares y cree que una de las razones es que en el pasado había un manejo menos organizado del camposanto y que algunos de los anteriores sepultureros podrían haber revendido osarios.
La otra razón es que algunos fueron remarcados por causa de una humedad y esto pudo llevar a que se trocaran los nombres. Hoy, la instrucción es clara: ningún osario o bóveda de los pabellones de interés forense puede ser abierto sin permiso de la UBPD y la JEP.
“La labor de estas instituciones beneficia a los familiares que pueden encontrar a sus desaparecidos y nos permite desocupar casi 300 bóvedas que sirven para los fallecidos que necesitan caridad”, señala el sacerdote, quien agrega que en el proceso siempre tuvieron en cuenta a los adoptantes por el gesto que han tenido y porque también han vivido en carne propia el conflicto armado.
De hecho, a la entrada del cementerio están escritos los nombres de los desaparecidos del pueblo y no es imposible que alguno de los cuerpos por identificar sea uno de ellos.
Según datos de la UBPD, La Dolorosa está incluido, con otros cuatro cementerios a lo largo del río Magdalena, en el Plan Regional de Búsqueda de los Puertos del Magdalena Medio. Se prevé que en esta zona hay 1.940 personas dadas por desaparecidas. De acuerdo con reportes del Centro Nacional de Memoria Histórica, 851 casos son en Puerto Berrío, 518 en Puerto Boyacá, 270 en Puerto Triunfo, 181 en Puerto Nare y 120 en Puerto Salgar.
Cualquiera de estas personas podría estar entre los 116 cuerpos recuperados en La Dolorosa. Por ello, Henry Cárdenas, sepulturero del camposanto hace 12 años, resalta que esta es una labor compleja y de gran relevancia, sobre todo porque a lo largo de la historia se han presentado confusiones respecto a los muertos. En medio de la tradición de la comunidad, varios habitantes acogieron como NN a cuerpos sepultados con su respectiva identificación.
Por esto, en los pabellones de caridad están los huecos de donde sacaron los restos, pero también lápidas recién revocadas y pintadas con la marcación de la JEP. Estas últimas fueron abiertas por las confusiones que generó la comunidad y selladas de nuevo porque establecieron que no eran restos sin identificar.
En otros pabellones hay tumbas marcadas con adhesivos de la JEP que prohiben exhumar los cuerpos. Henry cree que son casos sospechosos, pero que es probable que no sean NN, sino que la gente borró sus nombres originales.
Desde que llegó al cementerio, el sepulturero ha tratado de fortalecer, de la mano de la parroquia, la organización para proteger los datos y preservar los cuerpos. Vigila cada día las casi 21.000 bóvedas y 6.000 osarios para evitar que los abran o remarquen.
Esto va en sintonía con la misión de la UBPD. “Es importante abordar los cementerios como escenarios de búsqueda y que la comunidad pueda contribuir a que sepamos cómo llegaron estos cuerpos, cuáles eran sus características, y que quienes los recuperaron puedan ayudarnos a aproximarnos cada vez más a esa persona que hoy se encuentra desaparecida y que solo la hallaremos cuando la identifiquemos y la entreguemos dignamente a sus familiares”, sostiene Luz Marina Monzón, directora de la entidad.
Margarita está segura de que la familia de su adoptado será encontrada, pues él así se lo dijo en sueños. Y se aferra a esa idea como Hugo se aferra a la suya de ser animero por el resto de sus días. Tal vez sea despedido al lado del cementerio, en la caseta llamada La Última Lágrima, a donde llevan los ataúdes para dar el adiós final a los muertos antes de enterrarlos.
Después, regresan a la caseta y siguen escuchando música melancólica hasta que las lágrimas se difuminan entre el licor y empiezan a pedir salsa y vallenatos. Y llegan las risas, los chistes, las anécdotas sobre el difunto y el baile. Tal vez así despidan a Hugo; sin embargo, solo tiene la certeza de que su alma esperará cada noviembre por otro animero que la saque a recorrer el pueblo al ritmo de oraciones y novenas. Y cree que ese será su nieto.
116
cuerpos recuperó la UBPD en el cementerio La Dolorosa en dos jornadas este año.
