La Contraloría General de la República dejó en firme este viernes el fallo con responsabilidad fiscal, por $4,3 billones que, a título de culpa grave, profirió en septiembre pasado contra 26 funcionarios y contratistas como consecuencia del daño al patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones realizadas en Hidroituango.
El fallo fue confirmado en segunda instancia por la Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la CGR, que negó los recursos de apelación presentados contra el auto por el cual se tomó la decisión inicial.
La lista de los responsables, según el fallo:
En los 26 declarados con responsabilidad fiscal por culpa grave figuran los exgobernadores de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero (2008-2011) y Sergio Fajardo Valderrama (2012-2015); los exgerentes de EPM, Federico Restrepo Posada (2008-2011) y Juan Esteban Calle Restrepo (2012-2015); y el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo (2008-2011).
Asimismo, los exmiembros de junta directiva Alejandro Granda Zapata, Álvaro Julián Villegas Moreno, Sergio Betancur Palacio, Ana Cristina Moreno Palacios, María Eugenia Ramos Villa y Rafael Nanclares Ospina; y los exgerentes del Idea, Álvaro Vásquez Osorio (2008-2010) e Iván Mauricio Pérez Salazar (2012-2015).
Figuran Jesús Aristizábal Guevara, exdirector de Energía EPM; Luis Guillermo Gómez Atehortúa, exgerente Hidroituango; John Alberto Maya Salazar, exgerente de Hidroituango; y Luis Javier Vélez Duque Exgerente EPM-Ituango.
También aparecen las tres firmas que componen el consorcio constructor CCCI: Camargo Correa, Conconcreto, Coninsa Ramón H.; las firmas del consorcio interventor, Ingetec y Sedic; Integral, diseñador y asesor; y Sainc Ingenieros Constructores, del consorcio constructor de túneles.
La Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria revocó la decisión inicial de desvincular del proceso a la aseguradora Mapfre y, en consecuencia, la declaró como tercero civilmente Responsable, haciendo efectiva la Póliza Todo Riesgo Construcción No. 2901211000362. Y confirmó, a su vez, la declaratoria como tercero civilmente responsable de Seguros Generales Suramericana, haciendo efectiva la Póliza No. 0475631-1 de Responsabilidad Civil para Directivos y Administradores.
La Contraloría también confirmó la decisión de fallo sin responsabilidad fiscal a favor de Aníbal Gaviria Correa y Jorge Mario Pérez Gallón.
Reanudación del proceso
El camino para conocer el fallo de segunda instancia se despejó el miércoles cuando la Procuraduría General de la Nación negó la recusación interpuesta por la exsecretaria de Planeación de Antioquia, María Eugenia Ramos Villa, en contra de ese organismo y la Contraloría General de la República, por presuntamente no dar garantías en el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta.
Fue ese recurso el que frenó desde octubre la definición de la segunda instancia del proceso. Ramos Villa había formulado aquella recusación en contra del contralor Carlos Felipe Córdoba y la procuradora Margarita Cabello, entre otros servidores públicos, argumentando que estos no otorgaban garantías de imparcialidad de cara a las decisiones pendientes en el caso. La Procuraduría rechazó por “improcedente” la recusación y aclaró que ya no procedía ningún recurso.
Negada la recusación, le correspondía al contralor Córdoba responder a la solicitud de Ramos. El funcionario tampoco aceptó los argumentos de la exsecretaria de Planeación y por eso la cuenta regresiva para conocer el fallo de segunda instancia se reactivó.
Justo después de lograr preacuerdo
El fallo de segunda instancia era esperado por todos los que tienen que ver con el megaproyecto porque, si quedaba en firme antes de terminar el año, el proceso va a cobro coactivo y todos los implicados saldrían en el boletín de responsables fiscales, lo que significa que para seguir contratando con empresas del Estado, como lo es EPM, los 26 implicados tendrían que pagar los $4,3 billones.
La confirmación del fallo se dio horas después de conocerse que EPM y el Consorcio CCC Ituango lograran un preacuerdo para continuar por ocho meses la construcción del megaproyecto de generación, sumado a tres meses adicionales para realizar un empalme con la firma que asuma después de una licitación.
Tanto EPM como el consorcio adelantaban el protocolo interno para suscribir el acuerdo final. El gerente Jorge Carrillo dijo el jueves desde Cartagena que la firma final se daría en los próximos días luego de finiquitar trámites administrativos de cada lado. Sin embargo, el fallo en firme de la Contraloría cambia el panorama.
“Garantizaremos la continuidad de la obra y su entrada en operación el próximo año”, dijo el alcalde Daniel Quintero, tras conocer la noticia de la segunda instancia. Justo el jueves, el mandatario mencionó un plan que bautizó como “Mirella”, según el cual, la empresa tenía un protocolo de choque para que Hidroituango continuara su operación con las capacidades internas de EPM hasta que llegara un nuevo contratista.
¿Qué sigue ahora? Aunque contra esta decisión no procede recurso alguno, el auto de la Contraloría no queda en firme hasta que supere el respectivo control automático de legalidad ante el Consejo de Estado. Esto, según expertos consultados, permite que la prórroga recientemente acordada pueda ejecutarse hasta el año entrante cuando quede en firme el fallo (los términos son relativos, aunque podría ser en enero o febrero).
Para el exgerente de EPM, Mauricio Restrepo, el fallo de la Contraloría deja a EPM y al proyecto en el peor de los escenarios porque anticipa el cambio de los contratistas actuales, por lo que Hidroituango quedaría en el limbo justo en el año en que debe generar. “Que no opere en 2022 es una amenaza al sistema energético. El Gobierno Nacional debe decretar la seguridad energética como un asunto de soberanía y riesgo nacional, y determinar acciones legales para garantizar el suministro futuro”, opinó.
