Cuando se pensaba que la revocatoria al alcalde Daniel Quintero había sucumbido, una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia en contra de la Registraduría, que ya impugnó, puso de nuevo sobre la mesa, la semana pasada, el mecanismo de participación ciudadana que se ha convertido en un tortuoso proceso al que no le caben más obstáculos.
La batalla jurídica también se ha librado como una guerra mediática en la que el mandatario y sus seguidores han sacado todo el arsenal para atacar al comité que promueve la revocatoria y a organizaciones, sectores y ciudadanos que consideran precaria la gestión que ha hecho Quintero en su gobierno y que se hace evidente en denuncias constantes sobre contratación y descuido a programas sociales, educativos, culturales y ambientales, entre otros.
Andrés Rodríguez, líder de la iniciativa de revocatoria, ha reiterado que más allá de la defensa legal a la que tiene derecho el alcalde, se ha emprendido una jugada que busca desacreditar y dilatar el proceso que, en últimas, es un derecho constitucional que tiene el pueblo, al fin y al cabo, el titular de la soberanía del país.
Las tutelas y los graves señalamientos de Quintero por supuestos fraudes y falsificaciones no impidieron que las firmas necesarias fueran certificadas. No obstante, el proceso se quedó estancado en la certificación de los estados contables porque el CNE consideró que no se debía dar el aval, justamente uno de los puntos que trata el último fallo del Tribunal, al considerar que dicha certificación no es competencia del CNE, lo que la Registraduría contradice en su apelación.
Pero más peligroso, dijo Rodríguez, es que el CNE también indicó que se formularían cargos a algunos promotores de la revocatoria por presuntas irregularidades en el cumplimiento de los topes financieros. “El CNE se volvió ahora un tribunal de acusación, levantándonos cargos y culpándonos de unos supuesto delitos que tampoco aparecen en el Código Penal”, señaló el líder del proceso.
Esto sin contar los sistemáticos ataques de Quintero en redes sociales y en otros escenarios, bajo una narrativa dirigida a desacreditar y hasta a encasillar a todo ciudadano que quiera revocarlo como parte de un entramado de corrupción atribuido al uribismo y al GEA, enemigo que perfiló casi desde el comienzo de su periodo. Llegó, inclusive, a decir, sin mostrar prueba alguna, que los dineros para financiar la campaña de revocatoria eran de narcos y de delincuentes.
En todo caso, la forma como el alcalde asumió el descontento de parte de la ciudad con su mandato lo ha hecho ver como temeroso del proceso constitucional y democrático, lejos de la imagen que quiso mostrar cuando decía que no tenía miedo de que el proceso llegara a las urnas o que renunciaría si ganaba el sí para tumbarlo, aunque no se lograra el umbral requerido.
Ahora, en manos del Consejo de Estado quedó decidir el futuro de este mecanismo que, como afirmó el abogado Nelson Hurtado, quien presentó la acción de cumplimiento fallada esta semana por el Tribunal e impugnada por la Registraduría, garantiza que el pueblo ejerza un eficaz control político a las autoridades elegidas popularmente.
El saboteo a validez de firmas ciudadanas
La recolección de firmas superó el obstáculo de las restricciones por la pandemia y otras zancadillas del alcalde. El 10 de noviembre de 2021, el comité revocador presentó a la Registraduría 291.500 rúbricas. Fueron tantos los intentos de invalidarlas que el órgano electoral tuvo que emitir tres certificaciones.
Tras la entrega de firmas, Quintero dijo, antes de un concepto de la Registraduría, que hubo un “proceso sistemático de falsificación”. Hasta se denunció que habría usado a empleados de la Alcaldía para revisar las planillas digitalizadas, que contenían datos sensibles de los ciudadanos.
Quintero controvirtió la primera certificación de firmas (133.248 válidas). Antes de objetarlas, creó un sitio web para que las personas verificaran si su firma aparecía en las planillas. Hubo denuncias de presiones a contratistas que firmaron para que denunciaran que los suplantaron.
Luego de la impugnación de Quintero, hubo otras trabas: ciudadanos entutelaron la validez de las firmas, casi todos contratistas o empleados de la Alcaldía. La Registraduría avaló por segunda vez 132.908 firmas y el juez negó las tutelas por supuesta suplantación. Quintero entuteló y pidió más tiempo para revisar las firmas originales. Aunque le aceptaron la tutela, el 15 de febrero pasado, la Registraduría avaló de nuevo; esa vez, 132.547 rúbricas.
El freno del CNE por los estados contables
Como era su obligación, el comité promotor de la revocatoria también presentó el informe de los estados contables, con el que debían demostrar que no sobrepasaron los topes electorales para financiar la recolección de las firmas. La certificación de estos es el segundo gran requisito para que avance el proceso.
El comité revocador aseguró que el CNE le solicitó subsanar puntos del informe y que así lo hicieron. Sin embargo, el 18 de enero pasado, el magistrado César Abreo paró el proceso de certificación al considerar que debía adelantar una investigación y, así, determinar si se superó el tope de $236 millones que establece la ley para estos casos.
Antes de que arrancara la recolección de firmas, en febrero de 2021, Quintero pidió al CNE investigar la financiación tras filtrar una carta interna del comité en la que un integrante expresaba preocupación por un contrato con una firma de abogados que nunca se concretó. Un año después, esa solicitud derivó en que el CNE no certificara los estados contables, lo cual enterró la revocatoria.
Algunas decisiones de los tribunales que han marcado el proceso revocador
La revocatoria también ha estado marcada por una serie de decisiones de distintas instancias que han medido pulsos y han caldeado los ánimos. Cada decisión ha sido un paso del pesimismo a la esperanza y viceversa para los dos bandos que se enfrentan: Daniel Quintero, aferrado a su cargo, y los ciudadanos que no están contentos con la gestión que ha logrado hasta el momento.
En enero de 2022, en medio de la polémica por la certificación de las firmas, el Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá falló una acción de tutela a favor de Quintero para acceder a las planillas originales presentadas por el comité revocatorio. Esto dilató la certificación de las firmas que, como ya se dijo, se tuvieron que avalar tres veces en medio de señalamientos y acusaciones del alcalde.
En ese mismo mes, la Sala Segunda de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín declaró improcedente la tutela del alcalde Quintero con la que buscaba que la Registraduría el CNE suspendieran inmediatamente el proceso de revocatoria en su contra. También por esos días se negaron varias tutelas a personas que denunciaron falsificación de sus firmas. Y la Registraduría le pidió a la Fiscalía investigar posibles delitos en ese sentido; aún no se conoce un resultado.
También en enero de este año, el CNE emitió un auto con el que suspendió el proceso de certificación de los estados contables y dejó así en vilo la revocatoria. Fue necesario un fallo del Tribunal Superior de Medellín, en marzo, para que el CNE se moviera con el asunto, pues le dieron 10 días para decir si certificaba o no el informe financiero presentado por el comité. El Tribunal falló en el mismo sentido en abril, cuando le dio 48 horas al CNE para decidir. Posteriormente, se conoció que dicho requisito no fue avalado.
Tras pensarse que la revocatoria estaba olvidada, la semana pasada, el Tribunal Administrativo de Antioquia revivió el proceso con el fallo en contra de la Registraduría en el que le ordena avanzar con la notificación de las certificaciones al presidente de la República, que es quien debería convocar a las urnas, algo que solo puede hacerse antes del próximo 31 de diciembre. La decisión, impugnada, está ahora en manos del Consejo de Estado.
Algunos personajes que han tenido que ver con la revocatoria
Andrés Rodríguez: es uno de los principales voceros del comité que quedó tras la fusión de varios que tenían la intención de tumbar a Quintero del cargo. Ha denunciado hasta amenazas en su contra por liderar el proceso y es una de las personas a las que se dijo que se le formularían cargos por el informe de los estados contables.
El registrador Alexánder Vega: ha sido fuertemente criticado por el comité revocador, que considera que la Registraduría habría actuado para dilatar la revocatoria. Justamente, la entidad se defendió recientemente al argumentar que ha cumplido su papel de certificar las firmas y dejar en manos del CNE el tema de los estados contables.
César Abreo: el magistrado cucuteño, quien aterrizó en el CNE aupado en uno de los dos cupos que tiene el Partido Liberal, fue el ponente de la decisión de no certificar los estados contables presentados por el comité revocador. Su actuar ha generado suspicacias por la cercanía que se sabe tienen Quintero y el jefe liberal, César Gaviria.
Abogado Nelson Hurtado: aunque no forma parte del comité revocador, a nombre propio fue el que presentó la acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Antioquia cuyo reciente fallo puso a sonar de nuevo la revocatoria. Considera que en el proceso las mismas instituciones han vulnerado principios de las leyes y la Constitución.
313.528
votantes se necesitarían si se convocara a las urnas. La mitad más uno debería votar por el Sí.
132.547
firmas fueron avaladas por la Registraduría, con lo cual se cumplió el primer requisito para convocar a las urnas.
