Más allá sus diatribas y peleas cazadas en redes sociales, el gobierno de Gustavo Petro tiene al menos tres complejos chicharrones en Antioquia con pinta de convertirse en líos nacionales si no toma el toro por los cachos en esta segunda mitad del mandato.
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La creciente escalada del conflicto en el Norte, el Nordeste, el Occidente y ahora Oriente, propulsada por disputas a sangre y fuego entre estructuras armadas; la crisis del sector salud, con 8 de cada 10 paisas afiliados a EPS que tienen su futuro pendiendo de un hilo; y la negativa del Ejecutivo a girar $2,5 billones necesarios para terminar las vías 4G hacen parte de la lista.
Como si no fuera suficiente, a este panorama se suma otro elemento que condimenta la crisis: el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón han liderado desde las regiones una férrea voz de oposición y sus posturas parecen irreconciliables en múltiples frentes.
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Aquí un recuento de los principales líos que afronta la Nación con miras al segundo tiempo que está por comenzar para el gobierno Petro que, como si se tratara de un partido de fútbol, tiene un marcador largo por remontar.
Los Focos de guerra en cuatro subregiones
La situación de seguridad en Antioquia es sin duda uno de los principales dolores de cabeza tanto para los gobiernos locales como para el central. Según la Secretaría de Seguridad de Antioquia, este año los homicidios se han incrementado en por lo menos cuatro de las nueve subregiones del departamento.
Con corte al pasado 5 de agosto, en el Bajo Cauca los asesinatos se incrementaron un 48,2%; en el Nordeste un 68,3%; en el Norte 1,2% y en el Suroeste un 1,5%. Pese a tener una reducción del 22,7%, el Aburrá sigue siendo la subregión que más homicidios aporta al acumulado departamental, con 232 casos este año (La Estrella, Itagüí, Girardota, Envigado y Copacabana tienen los incrementos más gruesos).
En la mayoría de las subregiones, este recrudecimiento está asociado a las disputas territoriales que sostienen las estructuras armadas y que las Fuerzas Militares no logran contener, principalmente el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.
La interceptación de la caravana de la UNP que llevaba a disidentes armados el pasado 23 de julio es muestra de la tensión que hay con la fuerza pública para atacar el problema de inseguridad por el dilatado cese el fuego con las disidencias en el marco de la paz total del gobierno Petro.
Hasta una “vaca” para terminar las 4G
Uno de los puntos de choque constantes entre Petro y Antioquia ha sido la plata que falta para terminar las autopistas 4G. El presidente ha dicho que las inversiones en el departamento han sido “para favorecer a los más adinerados” y que las vías se concibieron para que estos fueran a sus fincas de Rionegro.
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Lo clave en la discusión es que esa red nacional tiene un gran atranque en Antioquia porque hay cuatro puntos pendientes que, de no terminarse, dejarán inconcluso un megacorredor que conectará los océanos Pacífico y Atlántico con el centro del país.
Tres de los baches están en la salida al Suroeste (obras que cuestan en conjunto casi $2 billones) y el cuarto punto crítico es el Túnel del Toyo, cuya financiación pendiente de la Nación por más de $600.000 millones levantó una tremenda polvareda cuando el gobernador Andrés Julián Rendón puso a rodar una “vaca” para que la obra se terminara.
Rendón le ha pedido de forma oficial al Gobierno Nacional que le entregue la obra para terminarla con recursos propios, pero esa tampoco ha sido la solución. “Ahí es cuando uno dice que el Gobierno Nacional ni raja ni presta el hacha”, dijo el gobernador.
La discusión quedó en una calle cerrada: el Gobierno está atrincherado en que no hay plata para culminar las obras mientras que las autopistas nacionales continúan con el cuello de botella en esos puntos pendientes con un rezago para la competitividad y la logística nacional que tardará años en resolverse.
80% de antioqueños tienen EPS intervenida
Otro de los problemas nacionales que ha generado especiales repercusiones en Antioquia es la incertidumbre por la reforma a la salud. De 6,8 millones de afiliados, el 85% pertenecen a las intervenidas Savia Salud, Nueva EPS y Sánitas o a la EPS Sura, que pidió retirarse voluntariamente.
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Dicha zozobra ha generado un incremento en la demanda de servicios, que se ha sentido con especial fuerza en las salas de urgencias de los hospitales de mayor nivel de complejidad, como el San Vicente Fundación o el Pablo Tobón Uribe, que ayer se declaró en emergencia hospitalaria tras registrar una ocupación de 185%.
Para estas instituciones, que también han expresado su preocupación por la abultada cartera de las EPS intervenidas, el principal temor consiste en que, antes de que se concrete una reforma a la salud, se detone una crisis que luego no se pueda echar para atrás.
