En las calles de Medellín y en el resto de municipios del departamento el panorama de la explotación sexual sigue en aumento. De acuerdo con datos presentados por la organización Valientes Colombia, en los últimos 18 meses se registraron 617 casos de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en Antioquia.
Solo en 2023, 480 menores fueron víctimas de esta problemática en el departamento, situando a Antioquia como la segunda región más afectada del país, después de Bogotá, que registró 779 denuncias.
Aunque las cifras para 2024 parecen mostrar una disminución, con 137 casos reportados hasta julio, a simple vista podría parecer que la situación ha mejorado. Sin embargo, según Iván Felipe Muñoz, docente de la Universidad de Antioquia y miembro del Secretariado Técnico contra la Explotación Sexual, esta reducción no se debe a un reflejo de mejora en la problemática. “El proceso de consolidación de cifras toma tiempo, y muchas veces los datos del año en curso no reflejan la realidad completa”, explica Muñoz.
La compleja realidad de la explotación sexual infantil detrás de los números
La dificultad para obtener una imagen clara de la magnitud de la explotación sexual infantil en Antioquia radica, según Muñoz, en que los sistemas de información no están integrados. Existen bases de datos de diferentes instituciones como la Fiscalía, con el SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio), la Policía, con los casos que llegan a los CAI o líneas de emergencia, el ICBF, y el sistema de salud, con el registro de Sivigila en los centros de salud. Sin embargo, ninguna de estas bases coincide en sus cifras.
“El Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) solo registra las denuncias que se realizan, pero nosotros, desde la Mesa Intersectorial de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (Escnna), calculamos que aproximadamente el 90% de las víctimas no denuncian”, afirma Muñoz.
Además, Muñoz asegura que en el imaginario de muchos sectores de Medellín, la explotación sexual no se percibe como un delito, sino que “se ha naturalizado”. Esto impide que las víctimas denuncien, ya que en muchos casos los perpetradores son familiares o personas allegadas, creando una barrera emocional y psicológica que disuade a las víctimas de buscar ayuda. “En algunos casos, ni siquiera se perciben a sí mismas como víctimas”, agrega.
La explotación sexual y sus complicaciones en el sistema penal colombiano
Otra complicación importante es la confusión en la categorización de los delitos. “En el Código Penal colombiano hay más de nueve delitos asociados a la explotación sexual, como el proxenetismo, el turismo sexual o el tráfico de migrantes, entre otros. A veces los casos se confunden con abuso sexual”, señala Muñoz.
De este modo, lo que inicialmente se reporta como explotación sexual puede terminar clasificado como acceso carnal violento o abuso sexual, lo que distorsiona las cifras y la percepción pública del problema.
Además, el sistema no tiene en cuenta variables como etnia, disidencias sexuales o la condición de migrante, lo que limita el análisis profundo de las poblaciones más vulnerables. “La falta de enfoque diferencial es grave. No hay registro de la población indígena”, afirma Jazmín Santa, integrante de la Mesa Intersectorial en contra de la Escnna. A lo que Iván Muñoz añade: “Sabemos que las poblaciones afrodescendientes, LGBTIQ+ y migrantes, especialmente de origen venezolano, son particularmente afectadas, pero no tenemos estadísticas que reflejen su situación. Incluso desde la Mesa creemos que podría haber un aumento de casos de explotación sexual en la población LGBTIQ+”.
El problema es aún más crítico en los municipios con alta presencia de grupos armados, donde la intimidación y la falta de la fiscalía local agravan la situación. En estas zonas, la explotación sexual de menores ocurre con más frecuencia, pero el subregistro es aún mayor debido al temor de la población de denunciar. Ante esto, Muñoz afirma que “queda el sinsabor de que no se esté registrando lo que ocurre en estas áreas”.
A esta problemática de categorización se le suma el delito de trata de personas, que agrupa otros siete delitos, como la trata para matrimonio servil, trabajo forzado, turismo sexual, mendicidad o pornografía, entre otros. Según Muñoz, la Fiscalía ha discutido con la Mesa las trabas legales que presenta esta categorización.
Un ejemplo de esto son las víctimas captadas en entornos escolares y llevadas a fiestas en los pueblos durante los fines de semana. Según Muñoz, en algunos casos esto se ha categorizado como trata de personas y en otros como explotación sexual, dependiendo del fiscal que lleve el caso.
La preocupación por la explotación sexual de bebés y primera infancia en Antioquia
Otro aspecto preocupante es el aumento de la explotación sexual de bebés y de la primera infancia a través de plataformas digitales. En 2023, Antioquia registró 112 casos de explotación sexual con fines de pornografía infantil con menores de entre 0 y 13 años.
Estos casos, tipificados como pornografía infantil, representan un gran reto para los fiscales, que en muchos casos los subregistran o los clasifican como abuso sexual.
Con la llegada del segundo semestre del año, la preocupación aumenta, ya que, según la Mesa, a medida que se acercan las festividades de fin de año existe una tendencia al aumento de casos de explotación sexual infantil, especialmente durante las vacaciones de diciembre, cuando hay mayor afluencia de turistas. Jazmín Santa también atribuye este incremento al turismo y al contexto de viajes.
